La decisión del Gobierno de declarar inviable el proyecto minero en Rancho Grande no dejó de sorprender.
Son varias las razones que se han dado explicando esa decisión. Que prestó atención a las demandas de la población. Que esas demandas habían sido respaldadas por la Iglesia católica. Que fracasó la contramarcha que intentó el Gobierno el mismo sábado 3 de octubre en que se manifestaron contra el proyecto minero miles de campesinos y productores de la zona. Que reprimir las demandas de la población, en uno de los municipios más beligerantes del conocido como “corredor de la contra”, hubiese sido muy arriesgado. Que al gobierno le entró un ataque de sensibilidad medioambientalista.
El caso mencionado contrasta agudamente con lo ocurrido en el poblado de la Mina El Limón, en que pese a hechos de violencia con el lamentable saldo de un oficial de la Policía muerto, heridos y dirigentes sindicales presos, que reclama diálogo y atemperamiento de las partes involucradas, lo que hemos visto es una escalada de intransigencia, violaciones gubernamentales de la ley y rechazo de todo intento de mediación y facilitación, incluso de la propia Iglesia católica.
¿Bipolaridad gubernamental? Esta sería una explicación fácil, pero inexacta.
Me parece que estamos empezando a ver las consecuencias de un proyecto del poder por el poder, articulado a partir de intereses personales de naturaleza cada vez más económica y, en todo caso, de poder político con fines económicos.
En el caso de El Limón, y como lo han declarado los familiares de los presos, se trata, además de un conflicto laboral entre empresa y trabajadores, de un deslinde de cuentas, o choque de intereses de poder político, entre bandos orteguistas que se disputan el poder sindical.
Es obvio que ambos conflictos, entre empresa y trabajadores, y entre bandos de poder dentro del orteguismo, están entrelazados, por lo que la solución al conflicto planteado no hay que ir a buscarla donde no está, en la oposición y los medios de comunicación, sino donde Ortega que es el único que puede resolver entre los intereses en pugna.
Así como Ortega, y solamente Ortega, decidió por su conveniencia política evitar el conflicto en Rancho Grande, solamente Ortega puede terminar el conflicto en Mina El Limón.
Mientras tanto, otro cadáver, de naturaleza institucional y legal ha quedado en el camino: los derechos humanos de los dirigentes sindicales presos, a quienes se ha negado el más elemental derecho a la defensa, así como el establecimiento, sin forma legal alguna, de un Estado de Sitio en El Limón.
Curiosamente, la supuesta bipolaridad gubernamental tiene un mismo mensaje político: por un parte, si se reprime a sindicalistas sandinistas, ¿por qué no reprimir a los que no lo son? Por otra parte, si el proyecto minero de Rancho Grande se decidió inviable, y el Gobierno adujo razones ambientales y socioeconómicas, antes que hubiese concluido el estudio de impacto ambiental y social que fundamentara la decisión, y el conflicto de El Limón se pudo evitar si Ortega hubiese querido, es porque Ortega está por encima de la ley, y él ha querido transmitir nítidamente ese mensaje.
Buscar en la oposición y los medios de comunicación la causa de la creciente conflictividad social puede llevar a la conclusión equivocada, que es la que Ortega quiere, que sin oposición y sin medios de comunicación independientes, habría más estabilidad social.
El autor es excandidato a la Vicepresidencia de Nicaragua.
