El gobierno destituyó a la procuradora Julia Príncipe, que investigaba por lavado de activos a la primera dama y líder del partido de gobierno, Nadine Heredia, en medio de reclamos de la ahora exfuncionaria de haber sido presionada por ministros.
La resolución firmada por el presidente Ollanta Humala da “por concluida la designación de Julia Príncipe, como Procuradora Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Procesos de Pérdida de Dominio”.
“Estoy indignada por las sucesivas mentiras (…) Sé con quién estaba luchando y lo que podría ocurrir (…) Yo soy la piedra en el zapato para el gobierno”, dijo la exprocuradora a la prensa, tras conocer la decisión.
Príncipe estaba a cargo de investigar unas agendas que llegaron a su despacho y que supuestamente pertenecen a Heredia, actual jefa del Partido Nacionalista, donde se consigna información sobre presuntas operaciones financieras, reuniones y supuestos gastos durante la campaña de su esposo, el hoy presidente Humala.
La exprocuradora había pedido al fiscal a cargo del caso que realice un peritaje grafotécnico para determinar si la letra de las agendas corresponden a la primera dama, quien ha negado ser propietaria de las mismas, pese a que semanas antes su abogado denunció que habían sido robadas.
En declaraciones a una comisión del Congreso, Príncipe había considerado que, dados los indicios que manejaba, las agendas pertenecían a Heredia.
Días después, la exprocuradora aseguró que el ministerio de Justicia le había prohibido declarar sobre el tema.
Tanto el primer ministro, Pedro Cateriano, como el de Justicia, Gustavo Adrianzén, criticaron a Príncipe. Este último dijo que la exprocuradora quebró la confianza del ministerio.
La polémica motivó que la oposición -que tiene mayoría en el Congreso- plantee una moción de censura contra el ministro Adrianzén, que será evaluada el jueves por el pleno del Congreso. De aprobarse, el ministro debe dejar el cargo.
La salida de Príncipe fue ampliamente rechazada en Perú, incluso por parlamentarios oficialistas, que consideraron que no era el momento para retirarla del cargo.
Tanto en 2009 como en 2011, la justicia archivó una investigación de la fiscalía que aseguraba que Heredia no sustentó ingresos por unos 215.000 dólares entre el 2005 y el 2009, lapso en el cual la campaña de Humala recibió aportes de empresas venezolanas.
El propio Humala descartó que hubiese alguna ilegalidad en ello y aseguró que fueron donaciones formales.