Bajo el concepto de Ley de Seguridad “Soberana”, que no es otra cosa que un disfraz de Ley de Seguridad del Estado, el Ejecutivo ha enviado a la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que deroga una buena ley, la Ley de Seguridad Democrática de Nicaragua, aprobada en su momento por consenso en el 2010 y publicada en La Gaceta el 23 de diciembre del mismo año.
Digo “dictar” porque ya sabemos lo que ocurre en esta Asamblea Nacional (AN) donde el FSLN tiene 62 votos disciplinados y controla todas las comisiones. Cuando llega un anteproyecto de ley firmado por el Ejecutivo: la ley pasa con muy pocos cambios y pocas o ninguna consulta, a la sociedad civil y voces independientes.
No puede ser que el transcurso de apenas cinco años, la Ley de Seguridad Democrática que fue consensuada con el Ejército de Nicaragua, la Policía Nacional y otras instituciones, cuando la Comisión de Justicia era presidida por el opositor liberal y notable jurista, doctor José Pallais Arana, haya caído tan rápidamente en obsolescencia.
Lo que sí ha cambiado desde entonces, es que antes Ortega no controlaba la mayoría en la AN y tanto él como el Ejército como la Policía querían entonces una ley que fuese aprobada por consenso. Fue así que la propuesta inicial del ejecutivo fue modificada profundamente en la Comisión de Justicia, hasta lograr una ley que privilegia la vigencia de los derechos ciudadanos ante la arrogancia del poder absoluto, que siempre tiende a confundir sus intereses con los intereses o seguridad del Estado.
La diferencia fundamental es que antes tenía que transar y ahora puede dictar bajo un paraguas institucional que le dan sus 62 votos incondicionales en la AN.
Otro factor que ha cambiado, es que con el desgaste lógico del gobierno por efectos del tiempo, el entorno internacional y sus propios errores. Ortega enfrenta ahora mayores retos de protesta ciudadana, como las más de cuarenta protestas contra el Canal, las casi treintas protestas por elecciones libres y transparentes con observación internacional en los llamados miércoles de protesta, que se han extendido a las cabeceras departamentales, y más recientemente, una protesta insurreccional en Mina El Limón, territorio que siempre ha votado por el FSLN.
Todas las “amenazas al estado soberano”, mencionadas en la fundamentación el anteproyecto de Ley de Seguridad del Estado (hay que llamar a las cosas por su nombre), por las que supuestamente se justifica una nueva ley, son las mismas en el 2010, que en el 2015, a saber: el narcotráfico, el crimen organizado transnacional, el terrorismo internacional, la depredación ambiental y el cambio climático. Por tanto, no se justifica una nueva legislación nacional en materia de seguridad y defensa.
Es bastante obvio que lo que se pretende con el nuevo anteproyecto de ley es reforzar el estado policial, dando supra poderes a la Policía, al Ejército, a la Dirección de Investigación para la Defensa (DID). Del sistema de seguridad ciudadana pasamos a la Seguridad del Estado, como bien lo ha señalado Roberto Orozco, experto en temas de seguridad.
Cualquier protesta cívica que sea interpretada que “genere peligro a la seguridad de las personas, de la vida, de la familia y la comunidad, así como los intereses supremos de la nación nicaragüense”, puede ser reprimido con esta nueva legislación que hace retroceder a Nicaragua a la época de los ochenta en materia de seguridad del estado y derechos humanos.
Como bien señaló el doctor José Pallais en una reciente entrevista a LA PRENSA, “Ortega quiere volver a los viejos sistemas de seguridad de los años cuarenta y setenta, abandonando conceptos de avanzada seguridad ciudadana y seguridad democrática. Esto significa un riesgo para las libertades y los derechos de los nicaragüenses Podría ser una puerta para todo, porque le deja al presidente una gran discrecionalidad: interpretar por ejemplo cuales son intereses soberanos e interponer su interpretación, por encima de los derechos ciudadanos”.
Todos los ciudadanos que deseamos conservar nuestros derechos y libertades, o lo que queda de ellos, debemos oponernos a la promulgación de esta nueva ley, que abre las puertas para que sean cercenados. El autor es diputado de la Bancada Alianza PLI y Presidente de la Comisión de Turismo.
