La decisión del Gobierno de prohibir las donaciones directas de alimentos a familias afectadas por alguna situación de emergencia y obligar a canalizarlas a través del Sistema Nacional para la Prevención, Atención y Mitigación de Desastres (Sinapred) no está respaldada por ninguna Ley en el país.
Así lo observaron expertos y analistas que consideraron que esta decisión oficialista afecta de forma inmediata a unas seiscientas mil personas que viven en municipios del Corredor Seco, en zonas donde se han registrado los mayores déficits de lluvia en los últimos dos años.
La única Ley relacionada con situaciones de emergencia es la Ley Creadora del Sistema Nacional para la Prevención, Atención y Mitigación de Desastres (Ley 337) y su reglamento, así como disposiciones y modificaciones.
“Ninguno de los decretos está relacionado con el manejo, uso o distribución de las donaciones, ninguno. De hecho el tema de las donaciones y ayuda humanitaria en general obedece más a normas internacionales que a leyes nacionales”, explicó Abdel García, oficial de Gestión de Riesgo del Centro Humboldt.
También el economista Adolfo Acevedo cuestionó las atribuciones del Sinapred en materia de donaciones de alimentos o ayuda humanitaria.
“Las atribuciones del Sinapred se refieren a todo lo relacionado con la prevención, atención y mitigación de desastres y, hasta donde sé, en el caso de la sequía no se ha decretado ningún estado de desastre, ni alerta verde, amarilla o roja, en conformidad con los procedimientos establecidos. Todo lo contrario, siempre se procuró minimizar el impacto de la sequía”, afirmó Acevedo.
LA ZONA MÁS AFECTADA
Distintas organizaciones advirtieron desde el inicio del ciclo productivo 2014-2015 que por la incidencia del fenómeno de El Niño esa zona debía ser atendida con un plan especial.
La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) en el Primer Informe de Coyuntura Económica 2015 recomendó al Gobierno y a las organizaciones agropecuarias poner en marcha planes para enfrentar los efectos del cambio climático, como sistemas de cosecha de agua, retención de humedad, cambio de cultivos en esas zonas vulnerables.
Según García, la población en algunas zonas de Nueva Segovia experimentó pérdidas hasta del ciento por ciento en la cosecha de primera en 2015. Esto ha dejado una situación “grave” en materia de seguridad alimentaria que ha obligado a las familias a tomar medidas “de ahorro” en consumo alimenticio.
“La gente reduce la cantidad de tiempos de comida, de tres a dos, pero eso no es lo más grave, han pasado de cinco ingredientes en el plato a tener de dos a tres. Cuando se habla de estrategias de sobrevivencia, las mujeres están comiendo menos porque ceden su comida a los niños y hombres”, detalló García.
DONACIÓN NO FUE ENTREGADA
Nemecio Mejía, miembro del Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía Nacional, aseguró que la donación de ochocientos quintales de granos básicos que pretendían entregar en cinco municipios de Nueva Segovia, tras un largo periplo que incluyó retención policial, no pudo ser entregada.
Los cuatro camiones donde iban los granos básicos a donar fueron retenidos este lunes por más de 12 horas por la Policía Nacional y fueron trasladados desde Ocotal, Nueva Segovia, hasta San Benito, Managua.
Mejía aseguró que a eso de las 11:00 p.m. del lunes la Policía simplemente levantó la custodia y ellos lograron regresar con la donación de alimentos a Nueva Guinea.
SOCIEDAD CIVIL DEMANDA QUE ACCIÓN POLICIAL EN OCOTAL SEA INVESTIGADA
El Movimiento de Mujeres Segovianas, representantes del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh) y el alcalde de Ciudad Antigua, entre otros, emitieron este martes pronunciamientos contra la acción policial que impidió repartir alimentos a unas mil familias pobres y hambrientas de cinco municipios de la zona seca de Ocotal.
Los alimentos fueron recolectados las dos últimas semanas en municipios del sur de Nicaragua, zonas húmedas, donde pasará la ruta del Gran Canal Interoceánico.
Uno de los camiones salió de la comunidad de Punta Gorda, en la Región Autónoma del Atlántico Sur para unirse con otros tres camiones procedentes de las comunidades de La Fonseca, San Miguelito, El Tule, Nueva Guinea, entre otros.
Acompañaban a los líderes el Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía, así también miembros del Consejo departamental de Ex Comandantes Contras de Nueva Segovia.
Durante cinco horas fueron retenidos en el parqueo de donde fue la Shell y posteriormente custodiados salieron de Nueva Segovia.
Presuntamente uno de los camiones se averió en el municipio de San Isidro, donde tuvieron que acampar y esperar la mañana para continuar el viaje de retorno.
El comunicado hace un llamado al Gobierno de Nicaragua “para que cese todo tipo de represión en contra de la población y que deje de instrumentalizar a la Policía Nacional, ya que su naturaleza es ser un cuerpo armado de naturaleza civil, profesional, apolítica, apartidista y creada para proteger el libre ejercicio de los derechos humanos, las libertades públicas y garantizar la paz social”.
Asimismo critican la falta de un marco jurídico del Gobierno para monopolizar las donaciones de ciudadanos a ciudadanos sin existir siquiera un estado de emergencia.
En el pronunciamiento, las organizaciones de la sociedad civil de Nueva Segovia señalan que centralizar las donaciones a través del Sinapred violenta la Constitución de la República, pues ninguna Ley limita a comunidades, personas y organizaciones, el ejercicio de la solidaridad.
En la lectura del pronunciamiento, Haydée Castillo Flores, en nombre del Movimiento de Mujeres Segovianas, instó a que “este hecho sea investigado, documentado por los organismos defensores de los derechos humanos y que se tomen las medidas administrativas que competen para acceder a la justicia”.
Recalcó que “somos un pueblo de paz y por tanto exigimos la preservación de la misma”, al tiempo que llamó a las organizaciones comunitarias, locales, nacionales a continuar organizadas y “articulando acciones cívicas, sumando esfuerzos en la denuncia en contra de todas las formas de violación a nuestros derechos humanos”.
Castillo recordó que “en Nueva Segovia en años pasados nos hemos caracterizado por una relación muy cercana y de carácter muy profesional entre la Policía Nacional y la población, por ello con mucha más razón nos conmueve este tipo de actuaciones que laceran profundamente la ética institucional de quien está llamada a protegernos y defenderemos el derecho de seguir contando con una Policía Nacional profesional, ética, no deliberante y apartidaria”.
Represión a solidaridad
Por su parte, Alberto Rosales, coordinador del Cenidh filial Estelí, en compañía de otros promotores de Derechos Humanos, entregó un pronunciamiento al jefe de la Policía Nacional en Nueva Segovia, comisionado mayor Oscar Reyes, el cual, entre otras cosas, lamenta la actuación policial “que restringió el derecho constitucional a la libre movilización, pero sobre todo a la seguridad alimentaria de miles de familias que esperaban la solidaridad de productores campesinos y pobladores de otros municipios”.
Henry Quiñónez, alcalde liberal de Ciudad Antigua, donde esperaban paquetes alimentarios unas 250 familias, recalcó que “esto se está saliendo de nuestras manos, muchos quisieron trasladarse al empalme a hacer un tranque, pero no quisimos echarle leña al fuego, pero considero que la Policía se está prestando a un juego demasiado peligroso”.
Reveló que el jueves en reunión de Concejo Municipal abordarán el tema a solicitud de la población, “que ha insistido en no quedarse de brazos cruzados”.
Pobladores de esa zona se quejan de que la ayuda alimenticia que el Gobierno envía usualmente se reparte entre familias identificadas con el gobierno orteguista y marginan a quienes abiertamente critican al régimen.
CONDENAN DECISIÓN
La Coalición Nacional por la Democracia, a través de un comunicado, expresó “su condena y enérgico rechazo a la arbitraria e inconstitucional confiscación de alimentos efectuada por el gobierno orteguista, a través de la Policía y el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred). Los alimentos serían donados a campesinos afectados por la sequía en el Corredor Seco del norte de Nicaragua”. Según la Coalición, “limitar el libre tráfico de alimentos constituye una grave amenaza a la producción nacional, que revive las prácticas del Ministerio de Comercio Interior de los años ochenta que tanto daño hicieron a la economía del país”.
