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La iniciativa de Ley de Seguridad Soberana

Asegurada la reelección, a través de la infame sentencia de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el artículo 147, y fortalecido el control de los poderes del Estado a través de la resurrección de la vigencia del segundo párrafo del artículo 201 transitorio de la Constitución, Ortega buscó una mayor subordinación del poder militar a través de la aprobación, en diciembre de 2010, de las leyes Número 750, de Seguridad Democrática; Número 748, de Defensa Nacional; y 749, de Régimen jurídico de fronteras.

Por la primera de estas se creó el Sistema Nacional de Seguridad Democrática, con la Dirección de Información para la Defensa del Ejército (DID) como Secretaría Ejecutiva. Con ello se abrían las puertas no solamente para revivir el espionaje político sino también posibilitar el desempeño de cargos públicos por parte de militares activos e iniciar un proceso de militarización del Estado y sus instituciones.

No obstante hablar de “seguridad democrática”, un concepto desarrollado por el Tratado Marco de Seguridad Democrática firmado por los presidentes centroamericanos en San Pedro Sula, Honduras, en 1995, estas leyes introdujeron una serie de conceptos vagos y ambiguos, como los de “intereses supremos nacionales” y “objetivos estratégicos nacionales”, dirigidos a resucitar la vieja Doctrina de Seguridad Nacional, impulsada por los EE. UU. durante la Guerra Fría y practicada por los gorilas militares latinoamericanos. Estas leyes fueron el preámbulo de las reformas al Código militar y la Ley de la Policía Nacional, que habría de acometer Ortega en 2014, con la finalidad de fortalecer su control personal sobre los institutos armados.

Pero se ve que todo este esfuerzo legislativo no ha sido suficiente y ahora, con el lenguaje pseudo religioso y cansino de las letanías propias de la Primera Dama, Ortega ha introducido en la Asamblea Nacional una nueva iniciativa de Ley de Seguridad Soberana, que deroga y sustituye a la Ley de 2010. Prima facie dos son los principales cambios que esta iniciativa introduce respecto de la Ley de 2010: uno, eliminar el concepto de “seguridad democrática”, desarrollado por el Tratado Marco centroamericano, sustituyéndolo por el de “seguridad soberana”, más acorde con la doctrina de seguridad nacional de la Guerra fría y con una concepción de soberanía a contrapelo de los avances en el Derecho Internacional y las realidades impuestas por el acelerado proceso de interdependencia y globalización; dos, diseñar un sistema de seguridad en función de la defensa del modelo “tripartito”, que se menciona en la contrarreforma constitucional de 2013.

Respecto de esto último, en la Exposición de Motivos se dice que la Seguridad Soberana se da gracias al “vínculo estrecho que existe entre familia, empresarios, trabajadores y productores nicaragüenses con el Gobierno, Ejército y Policía”, y el Artículo 5 del texto propuesto define qué debe entenderse por “seguridad soberana”, al decir que esta “se materializa a través de responsabilidades compartidas entre la familia, comunidad, trabajadores, productores y empresarios con el Estado, Ejército de Nicaragua y Policía Nacional”. Es decir, el modelo fascista corporativista que se ha venido impulsando desde que Ortega retomó el poder, al que ahora se le añaden los cuerpos armados y se convierte en “cuatripartito”.

El texto de la iniciativa de Ley, ciertamente, prohíbe las actividades de espionaje político, las que impliquen el uso de la fuerza o la intimidación y obtener información o almacenar datos sensibles sobre las personas. Pero, conociendo el desprecio por la Ley que caracteriza a este Gobierno, ¿quién define el espionaje político, lo que es o no sensible, lo que es o no intimidación? ¿Quién controla al controlador?

Donde hay un tirano hay una conspiración y si no la hay se inventa. El sistema que ha venido funcionando bajo la Ley de 2010 y que ahora se propone ampliar es un instrumento para fortalecer la sorpresa y el secreto, “recursos —como decía Bentham— de la deshonestidad y del miedo, de la ambición injustificable asociada con la debilidad”.

El autor es jurista y catedrático.

Opinión globalización Ley Seguridad Soberana archivo
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