De forma repentina y después de haber realizado varias audiencias por la mañana, el juez Henry Morales, titular del Juzgado Sexto Distrito Penal de Audiencia de Managua, se declaró enfermo ayer y reprogramó las audiencias iniciales de los casos conocidos como Mina El Limón y Chichigalpa.
El judicial no determinó la fecha de realización de la audiencia, pero las defensas de los procesados esperan no pase de este fin de semana, ya que ayer era fecha tope para su realización.
“El artículo 264 del Código Procesal Penal manda a programar la audiencia inicial, antes de los diez días siguientes a la audiencia preliminar, que se realizó el pasado 11 de octubre y hoy (ayer) es la fecha límite”, explicó Sheyla Moreira, abogada del procesado Luis Roberto Nicoya Juárez, sindicalista del grupo Nueva Esperanza, conformado por enfermos de insuficiencia renal crónica.
Extraoficialmente se conoce que la Fiscalía aún no tenía listos los escritos de intercambios de prueba, en los que se presentan los elementos con que pretende sustentar su acusación en ambos casos y se reprogramó para darle tiempo a que los terminara.
VIOLACIÓN DE PROCESO
Según las defensas, esta reprogramación solo afecta a los acusados, ya que son ellos quienes permanecen presos sin avanzar su causa.
Antes de este cambio de fecha los procesados en ambos casos permanecieron varios días en detención ilegal y aislados de sus familiares. Además fueron sustraídos de sus jueces naturales o competentes, según la territorialidad, ya que los hechos ocurrieron en Mina El Limón y Chichigalpa, respectivamente, y no en Managua, según sus abogados.
ADOLESCENTES PRESOS
Antes de que el juez Morales reprogramara la audiencia inicial de Mina El Limón y Chichigalpa, el juez suplente Víctor Molina realizó una audiencia de conciliación en el Juzgado Segundo Distrito Penal de Adolescente de Managua, en el caso de los dos adolescentes acusados de participar en la trifulca de Chichigalpa.
Aquí, tanto la Fiscalía como la mamá de uno de los acusados, se opusieron a firmar acuerdo de mediación por los delitos menos graves, como daño agravado, porque no había capacidad de pago por daños, que ascienden a 477,000 córdobas y porque los familiares sostienen que sus hijos no cometieron esos delitos en perjuicio de la Alcaldía de Chichigalpa. La Fiscalía acusó también por crimen organizado, por lo cual no permitió la mediación y solicitó seguir con el proceso.
Según la acusación de la Fiscalía, los chavalos eran quienes encabezaban las revueltas en Chichigalpa e incendiaron la Alcaldía de la localidad, luego de una llamada del procesado Luis Nicoya, quien negó cualquier relación con los adolescentes y dijo que la Policía sabe que en ningún momento había llamado, porque él les entregó su celular para que lo revisaran.
Los adolescentes permanecerán en prisión hasta el 6 de noviembre, día de la próxima audiencia.
Nicoya aseguró que sus protestas siempre han sido respaldadas por el Frente Sandinista y por ello le extraña que ahora los hayan acusado por reclamar “causa justa”.
ARGUCIAS DE FISCALÍA
César Pulido y Henry Gómez fueron acusados junto con otros por la supuesta comisión de 12 delitos, entre estos homicidio, incendio, crimen organizado, por la protesta de reintegro que mantenían contra la empresa minera B2Gold. El enfrentamiento de los trabajadores contra la Policía se dio en Malpaisillo, comarca Mina El Limón, y no en Managua, pero el juez Henry Morales dijo que es de su competencia porque los hechos delictivos se planearon en las bancas frente al Estadio Nacional de Beisbol Denis Martínez, en julio pasado y hay una conexidad de delitos.
En el caso de Chichigalpa, dice, se planearon en el Mercado Israel Lewites de Managua, por eso “es competente”.