Leí en estos días una esquela pequeña en el periódico anunciando la muerte de Samuel Genie, el antiguo jefe de la OSN, la Oficina de Seguridad Somocista. Recordé el miedo que inspiraba su nombre en los años de la dictadura de Somoza. Recordé la tarde en que mis jefes, en la agencia de publicidad donde yo trabajaba en 1973, me comunicaron la advertencia que él les había hecho: Debían despedirme porque yo estaba trabajando con el Frente Sandinista. Mis jefes eran buenas personas. No me despidieron pero me advirtieron de la situación. Desde ese día, mi vida cambió. Durante dos meses un carro con dos tipos de la OSN, me siguió mañana, tarde y noche. Ya nunca más estuve segura y en 1975 tuve que marcharme al exilio.
Traigo esto a colación, no solo por la esquela funeraria anunciando la muerte de Genie, sino porque siento que estamos en los albores de que vuelva a existir y a instalarse en nuestro país una OSN, una Oficina de Seguridad Nacional, destinada a vigilar nuestra vida ciudadana y a garantizar que actuemos en consonancia con lo que el régimen imperante considera aceptable. La perspectiva es preocupante porque este gobierno está demostrando cada día una mayor intolerancia a un pensamiento diverso al suyo. Ya hemos visto cómo son de implacables con quienes, dentro de sus propias filas, no obedecen a pies juntillas los lineamientos del partido. Los echan sin explicación incluso de cargos de elección popular. Ha sucedido en la Asamblea Nacional y en las Alcaldías y Concejos Municipales. Por otro lado, es un gobierno que pretende controlar férreamente el acceso político de otras ideas a la población. El cargamento de ayuda para las zonas afectadas por la sequía que fue detenido en estos días antes de llegar a sus destinatarios, fue detenido para impedir no lo humanitario de la acción, sino el beneficio político que, según el gobierno (el que las hace se las imagina) podría recibir el Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía. O sea que el legítimo margen de acción que tendría que tener, no solo una ONG, sino una opción diferente, crítica, al gobierno, está desapareciendo. Para hacer desaparecer ese espacio, nuestros actuales gobernantes no han escatimado esfuerzo: se cercan manifestaciones, se reprimen protestas, se suspenden personerías jurídicas con argumentos absurdos, y bueno, se han utilizado medios sospechosos para lograr el control absoluto sobre los poderes del Estado y la mayoría casi total de los medios de comunicación.
Aparentemente, sin embargo, todo lo anterior no es suficiente. A pesar de la dispersión y debilidad de la oposición, el ejecutivo se saca de la manga de repente una Ley de Seguridad Soberana que intenta sustituir la Ley de Seguridad Democrática aprobada en 2010, cuando la Asamblea aún era pluripartidista. Y dentro de esta nueva propuesta se involucra como vigilante de las acciones de la población, a la Policía y el Ejército que ahora ya dejaron de ser apolíticos e imparciales, y que han empezado a cumplir funciones para-partidarias. Esta nueva ley deja tal margen y potestad a las autoridades que estas podrán decidir a su arbitrio qué cosa es rebelarse, qué cosa atenta contra la “seguridad” de la población, qué cosa es traición a la patria. La gravedad de esta intención no puede pasarse por alto. Esta ley sienta las bases para recrear la OSN, para que exista un nuevo general Genie o una reedición de la Seguridad del Estado de los ochenta. Esta última, creada dentro de una situación de guerra, fue igualmente oscura porque funcionó al margen de la ley, guiada únicamente por los intereses políticos de una revolución cuyos autores carecíamos de experiencia, ni práctica democrática. Lo que demostró la realidad es que al final esos intereses no se defendieron con la sagacidad de la que se ufanaban los segurosos. En los noventa, las prácticas duras y cuestionables en “defensa” de la revolución le costaron miles de votos al FSLN.
No sé quiénes deciden ahora dentro del FSLN de Ortega y Murillo. No parece haber ningún organismo partidario colectivo que discuta u opine o vote, no hay Asamblea Sandinista ni cuerpo deliberante de cuadros. Da la impresión de que lo que hay es un grupo de Maquiavelos de visión corta que más que velar por el buen suceso de los esfuerzos valiosos que sí existen en el ejercicio de este gobierno, tienen tal paranoia o tal sed de absoluto control, que no cesan de producir anticuerpos y de socavar el mismo poder que quieren proteger. Y es que está claro que ningún gobierno puede ser ni socialista, ni solidario, ni siquiera cristiano, cuando para serlo requiere reprimir, acallar e impedir la crítica consustancial a toda vida democrática. Los nicaragüenses tenemos derecho a disentir, a protestar, a organizarnos, a cambiar gobernantes, seamos o no mayoría. Y lo hemos hecho con asombrosa terquedad a lo largo de nuestra existencia. De modo que si este gobierno no quiere acabar en el basurero de la historia junto con los dictadores que algún día repudió, debe cuidarse de estas maniobras y salirse de la cárcel mental que, contrario a lo que predican, demuestra que sufren de un profundo miedo a la libertad de sus propios ciudadanos.
La autora es escritora.
