El secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh), Alvaro Leiva, dijo en Miami que Nicaragua se enfrenta a una dictadura impuesta por el presidente inconstitucional Daniel Ortega, ante la pérdida de espacios y las constantes violaciones a los derechos humanos en ese país centroamericano.
En términos similares se pronunció Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) al afirmar que Nicaragua está retrocediendo a la década de los 80, ante la pérdida de derechos constitucionales y la criminalización del derecho a la protesta ciudadana, hechos denunciados recientemente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington.
Carmona y Leiva asistieron a la inauguración de una oficina de la CPDH en la ciudad de Miami, donde atenderán a los connacionales “sin distingo de colores políticos“.
Carmona explicó que la situación de violación a los derechos humanos se agrava en Nicaragua, al extremo que en el caso de Rosita, tres líderes que protestaban por el alto precio del combustible y demandaban la reparación de las calles fueron detenidos y trasladados a “las tenebrosas celdas del Chipote“, en Managua.
Carmona subrayó que el mensaje que el gobierno está enviando a la población es para amedrentar debido a que exhibió a los líderes ante la población “para que vieran a sus líderes esposados acusados y condenados, son mensajes que nos preocupan, son mensajes directos que está mandando el gobierno a todos los nicaragüenses que queremos protestar“.
Al mismo tiempo se refirió al caso de la Mina Limón, alegando que existe una situación difícil para los trabajadores de la mina con la empresa canadiense B2Gold, “pero ese pacto tenebroso que tiene la empresa privada con el gobierno va en detrimento de la clase trabajadora. Le mandaron a la Policía y ahora tienen a un pueblo secuestrado, no les permiten ingresar alimentos, les tienen cortados los servicios básicos y está como en estado de sitio, de manera que son situaciones que no podemos seguir repitiendo”, señalo el activista.
Otro de los temas mencionados en Miami y Washington, es la situación de los trabajadores del ingenio San Antonio, “dieron su vida por muchos años, ahora enfrentan problemas renales y están pidiendo una indemnización pero los están mandando a la cárcel a todo aquel que este protestando, nosotros como CPDH lo hemos expuesto ante la CIDH, pero más grave aún es que hay dos leyes que fueron sometidas a la Asamblea Nacional y ya sabemos cómo funciona el poder legislativo“.
Esas leyes sancionarían el derecho de protesta y retornaría los procedimientos represivos y de persecución que ejecutó la Seguridad del Estado del gobierno sandinista en la década de los 80. Esa época fue escenario de crímenes de lesa humanidad.
“Las cárceles de tortura en el Chipote, son túneles subterráneos que ni la palma de la mano se ve uno, no queremos que esta ley sea aprobada porque cualquier nicaragüense va a ser detenido y va a perder sus derechos, es una situación difícil que se está enfrentando“, aseguró Carmona.
Solicitó el respaldo de la comunidad nicaragüense en Estados Unidos y aseguró que con recursos o sin ellos “vamos a seguir defendiendo los derechos humanos y esto aunque nos amenacen, nos cueste la vida porque los nicaragüenses no merecemos que nos estén reprimiendo por todos los poderes del estado en manos del presidente Ortega“, afirmó.
“Estamos frente a un estado autoritario y significa que estamos en una dictadura en el estado nicaragüense. Si un estado no demuestra una voluntad política de garantizarle efectivamente los derechos constitucionales y fundamentales a los nicaragüenses, aparentando que hay voluntad cuando en la realidad no existe coherencia entre lo que se dice y se practica, verdaderamente es una dictadura” subrayó Leiva de la ANPDH.
Oficina en Miami
La oficina de la CPDH estará a cargo de Roger Castaño, que informó que entre los temas que se propone atender es el de la cedulación, el voto en el exterior y la solicitud de indulto para el matrimonio Dávila, condenado a cadena perpetua en la Florida, hace 16 años, por torturas a su hijo menor de edad.