La excarcelación de Leopoldo López y la anulación de su sentencia a casi 14 años de cárcel despunta para la oposición, su familia y abogados como consecuencia de la huida y denuncia del fiscal acusador de que actuó por presión gubernamental, señalamiento sobre el cual ninguna autoridad venezolana se ha pronunciado hasta ahora.
“Cualquier tribunal autónomo anularía la sentencia emitida sobre la base de las supuestas pruebas que hoy son denunciadas como falsas por el mismo fiscal que las presentó y pondría de inmediato en libertad plena al acusado”, dijo la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la alianza partidista opositora, al Gobierno venezolano.
La MUD argumentó en un comunicado que el hecho de que el fiscal acusador, Franklin Nieves, quien aparentemente huyó a Estados Unidos, admitiera este viernes en un vídeo el “carácter fraudulento de las pruebas” contra López “vicia de total nulidad el proceso” judicial.
Adicionalmente —añadió la MUD en su texto sabatino— “cualquier sistema independiente de administración de justicia estaría abriendo una investigación exhaustiva a todos los funcionarios implicados en esta presunta concertación para delinquir”.
A falta de que entregue “toda la verdad de cuanto aconteció” en el juicio de primera instancia, lo que dijo que hará “en los próximos días”, el fiscal denunció que para la apelación había recibido la instrucción adicional de continuar defendiendo “las pruebas falsas” contra López.
“Decidí salir con mi familia de Venezuela en virtud de la presión que estaba ejerciendo el Ejecutivo nacional y mis superiores jerárquicos para que continuara defendiendo las pruebas falsas con que se había condenado al ciudadano Leopoldo López”, confesó Nieves.
La “libertad inmediata” de López y de “otros ochenta presos políticos” debe ser consecuencia lógica de “la confesión pública de la manipulación partidista de la administración de justicia”, subrayó la MUD en su texto, en el que repite la palabra “podredumbre” para calificar a la justicia venezolana.
López fue condenado el mes pasado a casi 14 años de cárcel por instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio por la violencia registrada tras la marcha a la que llamó el 12 de febrero de 2014, en una jornada que dejó tres muertos.
