Más voces se suman, con espanto y preocupación, en contra de la iniciativa de ley sobre “Seguridad Soberana”, promovida por el presidente inconstitucional de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra.
Para el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), la propuesta de darle el poder de justicia al Ejército de Nicaragua y a la Policía Nacional bajo la dirección de la Presidencia de la República transgrede de forma absoluta “el principio democrático establecido en la Constitución y los compromisos internacionales de nuestro país”.
En un inusualmente extenso comunicado de diez puntos y dos consideraciones institucional, emitidos ayer, el Ieepp manifiesta su preocupación por “la ausencia de mecanismos de control civil democráticos y el riesgo que implica en el retroceso hacia un modelo de seguridad incompatible con un régimen democrático moderno”.
SECRETISMO
El capítulo 16 de la citada propuesta de Ley establece que el sistema de Seguridad Nacional de Seguridad Soberana (SNSS) funcionará en total secreto, en tanto que la iniciativa estipula que “las actividades, organización y estructura interna, medios y procedimientos, personal, instalaciones, bases y centros de datos, fuentes de información y los datos e informaciones que puedan conducir al conocimiento de las anteriores materias” constituyen “información pública reservada”.
Para el Ieepp, tal disposición, violenta los derechos humanos internacionales y el derecho legal de la persona “a saber quién, cuándo, con qué fines y en qué circunstancias las instituciones públicas y privadas toman contacto con sus datos personales”.
Del mismo modo, y de acuerdo con el análisis del citado instituto no gubernamental, en la propuesta de Ley “el nivel de discrecionalidad es de tal magnitud que resulta incompatible con el principio de legalidad y supremacía constitucional, abriendo así el camino para el abuso de funciones del SNSS y de las instituciones que lo conforman”.
LEY DRACONIANA Y FASCISTA
De acuerdo con el Ieepp, en este caso el concepto de “Soberanía Nacional”, entendida como el derecho a un “autogobierno democrático e institucional”, es vaciada de contenido en relación con el Estado de Derecho y la Democracia, “los que quedan reducidos a meras referencias en tanto el concepto de ‘Seguridad Soberana’ se superpone a todo lo demás. El resultado no es congruente con los principios básicos del orden constitucional, los derechos humanos y una sociedad libre y democrática”.
El estudio señala, además, lo peligroso que significa para una democracia moderna otorgar poderes de rango civil a un clan militar subordinado a un solo mando, sin mecanismos de fiscalización y control civil.
“La iniciativa de Ley reafirma la relación directa entre un órgano unipersonal, como es la Presidencia de la República, con las jefaturas del Ejército y la Policía, y le otorga preponderancia a la institución militar, al asignarle la coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Soberana (SNSS) y la Secretaría Técnica del mismo a la Dirección de Información para la Defensa (DID)”.
RETORNO DE LA OSN Y DGSE
El militar en retiro Irving Dávila, al analizar las facultades que tendrá la Dirección de Información para la Defensa del Ejército de Nicaragua en la nueva iniciativa de Ley de Seguridad Soberana, dijo que la propuesta de Ortega recoge y combina lo peor de la antigua Oficina de Seguridad Nacional de la dinastía somocista con las funciones de la extinta Dirección General de la Seguridad del Estado que operó en los años ochenta.
“Lo más grave de esto es que este aparato de seguridad ha sido puesto en manos del Ejército. Es decir, será el Ejército el que se encargará de procesar la información, de persecución, de la identificación de todos aquellos ciudadanos que asuman un rol beligerante frente al régimen de Daniel Ortega. Esto deja al ciudadano en la indefensión”, analizó el militar en retiro y también abogado.
Dávila aseguró que en las reformas de 2014 Ortega le dio nuevas facultades al Ejército de Nicaragua, al cual le encargó el rol de la seguridad nacional, que ya había desaparecido con los acuerdos de paz a inicios de los años noventa.
“Lo peligroso ya lo estamos viendo con esta nueva iniciativa, la cual viene a oficializar los actos que eran ilegales, como seguimiento personal a quienes protestaban, lo hemos visto con las capturas o secuestro a los mineros y cañeros, violentando de esa manera las garantías constitucionales, por razones de seguridad, sin que se dé información a la autoridad judicial, sin que se dé el debido proceso”, afirmó Dávila.
A juicio de Dávila, la conceptualización de seguridad y soberanía en la iniciativa “además de ser militarista, tiene una gran discrecionalidad en las funciones” que se le dan a los órganos de seguridad que lo conforman: el Ejército y la Policía.
“Hay una gran discrecionalidad en el uso de esa nuevas funciones que se le dan a este órgano, al no existir límites ni definiciones claras en relación con la seguridad soberana”, observó Dávila.
DE CORTE FASCISTA
Alberto Novoa, exprocurador de la República de Nicaragua, dijo que la nueva iniciativa de Ley de Seguridad Soberana es inconstitucional y ambigua, que le da concentración total del poder al presidente inconstitucional Daniel Ortega por encima de todos los poderes del Estado.
Novoa señaló que el papel de la Corte Suprema de Justicia en la nueva iniciativa queda en manos del control militar que coordina directamente Ortega y su familia.
“Las premisas de esta Ley son que la seguridad es la base y fundamento de las demás actuaciones del Estado, en cualquier tipo de materia y ese es el eje transversal de las actuaciones del Estado. Esta Ley es de corte fascista y el ciudadano queda en la indefensión. La Corte Suprema de Justicia queda bajo un control de hecho, bajo un control sujeto a los órganos de Inteligencia militar”, explicó Alberto Novoa.
