La Corte Penal Internacional (CPI) anunció ayer que no abrirá una investigación sobre las acusaciones de crímenes que siguieron al golpe de Estado de 2009 en Honduras, por falta de elementos que permitan consignar la causa dentro de sus competencias.
La CPI admite que tras el golpe se cometieron “violaciones a los derechos humanos (…) y que estas fueron directamente imputables a las autoridades del régimen que tomó el poder”, pero indica carecer de “fundamento razonable” para catalogarlas como “crímenes de lesa humanidad” sobre los cuales el tribunal puede investigar.
La CPI había abierto en octubre de 2011 una “investigación preliminar” para determinar si hubo crímenes que quepan en su competencia en el golpe de Estado contra Manuel Zelaya, encabezado por Roberto Micheletti.
“De ninguna manera esta decisión minimiza los crímenes cometidos en Honduras o el impacto que tuvieron para las víctimas”, dijo la fiscal Fatu Bensuda en un comunicado emitido por el tribunal de La Haya.
DIFERENCIA DE DELITOS
“Es preciso recalcar que la definición de crímenes de lesa humanidad impone estrictos requisitos legales que distinguen esta categoría de crímenes de aquellos originados en un contexto de violencia general, crónica y estructural”, agregó.
Las manifestaciones contra el golpe fueron “severamente y, en algunos casos, violentamente reprimidas” y se produjeron “violaciones a los derechos humanos en gran escala”, afirma el comunicado de la CPI.
“En los años posteriores al golpe la violencia en Honduras continuó en aumento, debido en parte a la inestabilidad política generada por el golpe, pero también como resultado de la expansión de las organizaciones criminales y de narcotráfico, la proliferación de armas y la participación de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad ciudadana”, prosigue.
28 de junio de 2009 fue el día del golpe de Estado que sacó del poder a Manuel Zelaya, quien fue aprehendido por miembros de las fuerzas armadas y trasladado a Costa Rica por la fuerza.
