El régimen orteguista puso en evidencia ayer a la primera secretaria de la Asamblea Nacional, Alba Palacios, quien el martes 27 de octubre informó —y sus declaraciones fueron grabadas por los periodistas— que la iniciativa de Ley de Seguridad Soberana que la presidencia de la República envió para su trámite legislativo, había sido retirada por el mismo Poder Ejecutivo, según ella “para revisarla y decidir si la deja como está, le hace ajustes o lo que fuere”.
Pero, más allá de las contradicciones internas y los enredos políticos de los mandamases orteguistas, lo que nos interesa destacar es el hecho de que la iniciativa de nueva ley de seguridad ha sido rechazada de plano por la oposición, sociedad civil, juristas independientes y organismos de defensa de los derechos humanos, por considerarla una grave amenaza contra los residuos de libertad y democracia que quedan en Nicaragua; y porque abrigan el temor de que, con esa ley, el régimen orteguista pretende revivir los tenebrosos sistemas de seguridad que existieron en el pasado: la Oficina de Seguridad Nacional (OSN) de la dictadura somocista y la Dirección General de Seguridad del Estado (DGSE) de la dictadura militar sandinista de los años ochenta.
Pero en el debate público también se han oído voces que justifican la iniciativa orteguista y acusan a los críticos de basar su rechazo en prejuicios y desconocimiento de la materia de seguridad. Además, los defensores de la iniciativa de Ortega sostienen que su objetivo es proteger mejor al país y al pueblo.
Y alegan que ya existe y está vigente la Ley de Seguridad Democrática, aprobada en diciembre de 2010, de manera que la Ley de Seguridad Soberana solo viene a mejorarla.
En realidad, Daniel Ortega no necesita de una nueva ley de seguridad para ejercer su dictadura como lo ha venido haciendo hasta ahora.
De hecho, es cierto que la iniciativa orteguista de Ley de Seguridad Soberana contiene todos los elementos que integran la Ley de Seguridad Democrática, incluyendo la cláusula de que la responsabilidad fundamental del sistema de seguridad nacional recae en el Ejército por medio de la Dirección de Información para la Defensa (DID).
Cabe mencionar que en su iniciativa de nueva ley de seguridad, Daniel Ortega mantiene la prohibición contenida en la vigente Ley de Seguridad Democrática, de “Realizar actividades que impliquen el uso de la fuerza o la intimidación, durante el proceso de recolección, análisis y producción de información”.
Sin embargo, eso no ha impedido que según las denuncias documentadas de los organismos defensores de los derechos humanos, en las cárceles preventivas del régimen orteguista se practique la intimidación, la fuerza y la tortura para sacar información a los reos y obligarlos a declararse culpables.
La verdad es que lo único que se puede considerar como nuevo en la iniciativa orteguista es el concepto de que la Ley de Seguridad Soberana se fundamenta en las “conquistas” de la revolución sandinista, la mención de la alianza del régimen con los empresarios y los sindicalistas oficialistas, y la infaltable cháchara sobre el “modelo de fe, familia y comunidad”, y los “valores cristianos, familiares y socialistas”.
Solo ha faltado precisar que realmente la Ley de Seguridad Soberana es para proteger al “soberano”, al monarca absoluto de Nicaragua, como evidentemente se considera a sí mismo el dictador Daniel Ortega.
