La verdad que Granera no dijo

Un mes antes del múltiple crimen, ocurrido el 16 de agosto, la Policía realizó seis allanamientos sin orden judicial a las viviendas de los sospechosos de integrar la banda “El Chofer”, que luego convalidó ante el juez de Distrito Penal de Audiencia de Nueva Guinea,

Los campesinos detenidos por la masacre de los policías cuando los trasladaban en una patrulla en Nueva Guinea. Según sus familiares se encontraban desaparecidos. LA PRENSA/J.DUARTE

Después de dos meses de ocurrido el crimen contra los cinco policías en la comunidad de Santa Rosa, en la Región Autónoma del Caribe Sur, el tema es considerado “clasificado” dentro de esa institución. Solo un reducido grupo de altos oficiales sabe lo que realmente pasó, confió una fuente del área de Inteligencia de la Policía Nacional, mientras los especialistas civiles en seguridad cuestionan que la investigación tiene muchos vacíos.

La sangre de los policías Santos Andrés Sevilla Castro y Roberto Granados aún estaba fresca el 18 de agosto de 2015, así como la de los policías voluntarios Wilber González, Jorge González y Wilbert López, cuando la primera comisionada Aminta Granera atribuyó el múltiple crimen a la banda “El Chofer”, desconocida en el Pacífico, pero que aseguró le daban seguimiento desde enero de 2014. En julio de este año capturaron a cinco de sus miembros.

De acuerdo con la versión oficial, la agrupación ha actuado de forma ilícita en los límites de Nueva Guinea con la RAAS y Río San Juan. “En este bolsón limítrofe de estos tres municipios es donde cometen sus actividades delictivas, fundamentalmente robo con intimidación, asaltos, asesinatos, abigeatos y extorsiones”, refirió Granera en esa ocasión.

Lo que Granera no dijo fue que al grupo “El Chofer” lo vinculan a una agrupación de rearmados denominados “Las Milpas”.

Un mes antes del múltiple crimen, ocurrido el 16 de agosto, la Policía realizó seis allanamientos sin orden judicial a las viviendas de los sospechosos de integrar la banda “El Chofer”, que luego convalidó ante el juez de Distrito Penal de Audiencia de Nueva Guinea, según la documentación a la que tuvo acceso LA PRENSA.

SEÑALAN A UN LIDER

En la relación de hechos de la acusación ante ese Juzgado señalan que ese grupo está liderado supuestamente por Lucio Sequeira Angulo, conocido como Luciano, alias “Fatal”, quien no está detenido. Reside en Costa Rica, desde donde, asegura la Fiscalía, “se mantiene en comunicación con el grupo delincuencial impartiendo orientaciones al segundo jefe de la agrupación, Víctor Leonel Ruiz Henríquez, alias ‘El Chofer’”, de quien la agrupación delictiva adquiere el nombre.

Son sospechosos de integrar esta agrupación: Dalia María Pérez Meneses, Rolando José Gutiérrez Valverde, Francisco Ojeda Borge, Pablo Geovany Navarrete Gutiérrez y Adán Francisco Sequeira Ampié. A todos ellos los acusan como coautores de los delitos de crimen organizado, asesinato en grado de frustración y tentativa de robo con intimidación.

Según la Fiscalía, Ruiz es quien está a cargo del grupo en Nicaragua “específicamente operando en la zona de Nueva Guinea y se encarga del resguardo del armamento y vestimenta utilizada en la ejecución de los hechos delictivos”.

LOS PLANTEAMIENTOS OFICIALES

El expediente del Ministerio Público establece que el 23 de abril de 2014, a través del trabajo de Inteligencia policial, conocieron que “Fatal”, señalado como el cabecilla, “también está vinculado a una agrupación delincuencial que opera en el municipio de Nueva Guinea, denominado ‘Las Milpas’, liderada por el sujeto Freddy Oporta Molina, alias ‘La Moga’ y/o ‘Salvadoreño’”.

“Dentro de esta agrupación delictiva ‘Fatal’ se encarga de caracterizar a sus posibles víctimas y también se encarga de proporcionar armas de fuego, como escopeta calibre 12, fusil AK, para la realización de robos y asesinatos, obteniendo beneficio económico de un porcentaje de lo robado”, según la acusación.

La Fiscalía, que basa su libelo en informaciones en fuentes de Inteligencia, menciona que también integra el grupo “Las Milpas” un sujeto presuntamente de la costa Caribe, de quien no conocen el nombre y es el “que se encarga de hacerle propuestas a otras personas para que se integren a dicho grupo delincuencial, diciéndoles que no son ladrones y que son un grupo armado en contra de las políticas del Gobierno que dirige el presidente de la República, Daniel Ortega”.

EL TRASLADO DE SOSPECHOSOS

Para el director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, esto explicaría los motivos por los cuales la Policía trasladó a las cárceles de El Chipote a tres campesinos sospechosos de integrar esa agrupación, quienes fueron declarados culpables por el crimen el viernes 23 de octubre de 2015.

Esta prisión es la sede de la Dirección de Auxilio Judicial y adonde decenas de personas han llegado en los últimos años preguntando por sus detenidos, después de que el poder judicial decidió procesarlos en Managua, aunque los delitos hayan sido cometidos en otros departamentos del país.

Pero “el cuento de crimen organizado por los que traen a Managua a esos campesinos, cómo están eslabonados, cómo vinieron a parar a Managua y toda esa historia: allí está turbio, incluso el Estado y, diríamos la jefatura de la Policía, no están siendo consecuentes ni con sus propios policías ni con la gente”, cuestiona Carrión.

A excepción de que en ambas acusaciones han sido reprogramadas las audiencias de juicio respectivas y de que el grupo de “El Chofer” operaba aparentemente entre el Polo de Desarrollo Daniel Guido y Nueva Guinea, a simple vista no se aprecia la relación directa entre el grupo procesado en Nueva Guinea con los acusados por el múltiple crimen en Managua, donde están detenidos los campesinos Carlos Antonio García, Sotero Reyes Alvarado y Juan de Dios Rodríguez, el primero señalado de participar directamente en la matanza, el segundo de proporcionar “logística y alimentación” y el último de “prestar su casa y participar en la extorsión de productores”.

En la acusación en Managua aparece el nombre de otras diez personas, todas prófugas, pero no aparecen mencionadas en el juicio, que se realiza en Nueva Guinea, cuya audiencia fue reprogramada para el 10 de noviembre.

Mientras el expediente de los policías es más público, en el caso de Nueva Guinea hay poco interés del poder judicial en divulgar lo que ahí está ocurriendo.

Carrión apunta que esto deja entrever que no se ha contado toda la historia, al igual que pasó con el caso de la masacre de Las Jagüitas y la del 19 de julio de 2014, la primera el asesinato de varios miembros de una familia a mano de oficiales durante un supuesto operativo antidrogas y el segundo la eliminación de cinco simpatizantes del partido de gobierno en un ataque, en el que resultaron heridas 24 personas.

“Este es un asunto de derecho a la verdad, porque sin verdad no hay justicia; lo que hay es judicialización de casos”, sostiene el defensor de derechos humanos, para quien esto es como hacer uso de la ruta de la justicia o de los operadores, pero “no redunda en justicia”, por tanto “es contar una verdad a medias o judicializar mentiras para calmar a no sé quién”.

“Cuando se judicializan crímenes y las historias se cuentan a medias, por supuesto la justicia redunda (en) ser una farsa y lo que prevalece es la impunidad y eso se va a traducir en hechos delictivos posteriores… porque no hay un descubrimiento tal cual de los hechos”, apunta Carrión.

El funcionario del Cenidh pone de ejemplo que en la masacre del 19 de julio “el eslabón fundamental”, puesto por las autoridades de justicia, fueron los procesados de Las Pilas, más conocidos como “los tirapiedras”, que le permitió al sistema de justicia traer el juicio a Managua y después los condenaron a dos años. “Ahí está un ejemplo de una mentira o una historia contada no completamente”, señala Carrión, quien insiste en que a la fecha “no nos han contado cómo es esa historia que matan a cinco policías, tres de ellos voluntarios”.

De ser cierto que fue la misma banda “El Chofer”, procesada en Nueva Guinea, que como afirma la Fiscalía está vinculada a un grupo que dice estar en contra de las políticas del gobierno de Ortega, refiere Carrión, “por eso encontraríamos explicaciones del porqué traerlos hasta El Chipote, allí coincide por qué traen presos de Chichigalpa, Mina El Limón, como es mano dura con todas las señales que de cualquier vertiente se dé; grupos armados o no, hay una coincidencia de oposición al régimen”, agrega Carrión en referencia a las detenciones de casos con importancia política para el Gobierno y que terminan en las celdas de la DAJ.

LOS VACÍOS DE LA INVESTIGACIÓN

El especialista en temas de seguridad ciudadana, Roberto Orozco, considera que la investigación policial no es clara ni completa, al tiempo que señala que las dudas surgen cuando te presentan una versión oficial parcial.

Orozco refiere que en el juicio que se ventila en Managua las autoridades han presentado elementos inconclusos, incompletos, investigaciones a medias y la falta de transparencia en una investigación policial genera “dudas”.

“Lo que probablemente nosotros tengamos es ocultamiento de que fuerzas irregulares estén operando en la zona y es por eso que se presenta una historia de una banda que hasta hace poco solo era del conocimiento policial, nadie conocía de la banda ‘El Chofer’ en la zona, nadie conocía quién es ‘El Chofer’”, dice Orozco. Para él, la falta de convicción “pone en tela de juicio todo lo actuado por la Policía”.

LOS DELITOS EN NUEVA GUINEA

En los cargos formulados por la Fiscalía al resto de detenidos en Nueva Guinea se menciona que Rolando José Gutiérrez Valverde, alias “Diriamba”, es quien supuestamente planifica los hechos delictivos y prepara las rutas de escape, en tanto a Francisco Ojeda Borge, también conocido como Francisco Luis Sánchez, alias “El Indio”, le corresponde la ejecución del ilícito y Dalia María Pérez tiene asignada la labor de asesora legal de la agrupación.

El 22 de agosto de 2014 Lucio Sequeira Angulo habría llegado junto con dos personas no identificadas a la comarca San Isidro, de Colonia La Fonseca, en Nueva Guinea, para aparentemente levantar “la situación operativa en ese sector”, para luego ejecutar un robo con intimidación a los comerciantes que acuden los jueves a ese sector, pero el mismo fue frustrado por la presencia policial en la zona, explica la Fiscalía.

El 15 de marzo de 2015 las autoridades aseguran que volvieron a conocer las intenciones de un nuevo golpe. Pero fue hasta el 5 de mayo de 2015 al mediodía cuando Bayardo de Concepción Artola Briones, junto con Junior Antonio Medina, fue interceptado por dos de los acusados mientras se desplazaban en una motocicleta desde la “Colonia Puerto Príncipe al Polo de Desarrollo Daniel Guido”, según el expediente, aunque este trayecto generalmente la población lo recorre desplazándose en bote.

Allí Rolando José Gutiérrez y Pablo Geovany Navarrete Gutiérrez, vestidos de “verde olivo camufle”, les dispararon. Las autoridades dicen que la intención fue robarle el dinero que llevaba para la compra de ganado. Sin embargo, la víctima aceleró la motocicleta y evitó el robo.

El Ministerio Público indica que al fallar en esa ocasión el grupo volvió a planificar el crimen, esta vez para el 7 de julio del presente año, el cual pretendían ejecutarlo sobre la ribera del Caño Chiquito, de la Colonia de Puerto Príncipe, donde intentaban detener la embarcación del señor conocido como Masi, en la que se movilizaría nuevamente Artola Briones, quien llevaría en su poder 600,000 córdobas (equivalentes a 21,818 dólares), que usaría para la compra de ganado, al igual que otros comerciantes, que en total portaban unos 3 millones de córdobas (109,090 dólares).

LAS IMPUTACIONES CONTRA GARCÍA

En el juicio de los supuestos asesinos de los policías, las autoridades señalan como líder del operativo a Eliborio Osmar Suazo, conocido como “Osmar” y los acusan directamente de la comisión del delito de abigeato durante mayo pasado en contra del señor Juan Valle. La Policía dice que este hombre y su banda planificaron sus fechorías en Managua.

Una de las principales pruebas, que aseguró la Policía tiene contra los detenidos, es que les encontró los fusiles AK con los que los policías asesinados iban armados. Pero los familiares de Sotero Reyes y Juan de Dios Rodríguez lo rechazan y denuncian violaciones a los derechos humanos.

La investigación policial señala que en la casa de García se encontró el fusil AK serie 8816, que portaba el día de su muerte el policía voluntario Jorge González, dos fusiles más, una escopeta, una hamaca color verde, dos pantalones camufles, tres camisas camufles del Ejército de Nicaragua, una camisa azul celeste de la Policía Nacional, un pantalón negro de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), entre otros.

El jefe de la delegación en el Polo de Desarrollo Daniel Guido, el inspector José Manuel Calderón, a quien familiares de los detenidos señalan de cometer abusos, identificó los pertrechos encontrados como “propiedad de los policías compañeros asesinados”.

El 12 de octubre pasado, ya frente al juez, García aceptó las imputaciones de la Fiscalía, pero aseguró: “Yo no fui quien los mató”. El viernes 23 de octubre de 2015 aclaró que él andaba con los armados el día del crimen, pero porque fue obligado por ellos a acompañarlos. “Les dije que no quería meterme en problemas, me dijeron ‘vas a ir conmigo y punto’”.

investigacion@laprensa.com.ni

¿Quién pide castigo para los que asesinaron a esos cinco hermanos Policías? ¿Quién pide castigo? Yo lo que veo es que están pidiendo por los asesinos. Total que los asesinos ahora son las víctimas”.
Presidente Daniel Ortega,
10 de septiembre de 2015.
LA PRENSA/Tomado de El 19 digital.

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