En la profundidad del Caribe Sur de Nicaragua, entre cuestas y honduras, ríos con aguas cristalinas y quietud, a las hermanas María Ercilia e Hilda Martínez les tocó levantarse de un salto a la aurora del 25 de agosto de 2015, cuando tropas combinadas del Ejército y la Policía llegaron a sacar de sus casas a sus esposos, Juan Rodríguez y el carpintero Sotero Reyes.
Los vecinos de la comarca Santa Elena, acostumbrados al trabajo rudo y a verse con frecuencia después de caminar largas distancias, se sorprendieron al enterarse que acusaban a aquellos hombres del asesinato de cinco policías ocurrido el 16 de agosto en la comunidad de Santa Rosa, a cuatro horas de camino incómodo, a ratos buenos, a ratos suampos.
El domingo del crimen Rodríguez y Reyes, este último en su calidad de delegado de la palabra, participaron del oficioso religioso semanal. Era imposible que estuviera a las 8:40 a.m. cuando fue la emboscada. “Solo que hubiese viajado en helicóptero”, dijo Francisco Reyes, uno de los vecinos a quien Sotero construía su casa un día antes.
Los delegados de la palabra se encuentran distribuidos en todo el país y son apoyo de los sacerdotes católicos en los sitios donde el párroco no suele llegar con frecuencia. Sirven de enlace entre la comunidad y el religioso y celebran la palabra cada domingo con música y la lectura de la Biblia.
La mañana de su detención Juan Rodríguez dormía con su mujer María Ercilia cuando la desgracia se les vino encima. “Rodearon la casita en que vivimos y se metieron rompiendo la puerta y nos apuntaban con sus fusiles AK y nos gritaron que nos tiráramos al suelo y así lo hicimos. Entre dos policías agarraron de la mano a mi marido Juan de Dios Rodríguez y lo arrastraron hasta llevarlo afuera de la casa. Lo pusieron de rodillas y comenzaron a golpearlo, pues yo solo escuchaba los golpes y los quejidos de mi marido”.
Hasta ahora la Policía ha negado oficialmente cualquier agresión. El 6 de septiembre pasado la primera comisionada Aminta Granera lo negó. “Ellos no han sido torturados. Van a ver (cuando sean presentados ante el juez) que no tienen ninguna señal de tortura”, remarcó. La Constitución establece un plazo de dos días para que un detenido sea acusado ante el judicial; sin embargo lo hicieron 12 días después de la captura.
Durante el interrogatorio en la montaña, los militares preguntaron por armas, pidieron documentos, mientras otro anotó en un cuaderno. María Ercilia escuchó decenas de insultos, sus hijos también. Uno de sus chavalos pidió permiso para orinar y, al regreso, le dijo a ella que había visto cómo golpeaban al padre.
Dirigido por el inspector Manuel Calderón, el jefe de la delegación policial Daniel Guido, más de una vez escuchó de voz de este la advertencia de que lo mejor que podía pasar es que no se le ocurriera denunciarlos. Como si no fuese dramático lo que vivía, un grito la sacudió.
—¡No creás que no te puedo arrastrar del pelo! —le dijo Calderón, exigiéndole “la verdad”.
—¡Tu marido es un asesino, no lo vas a volver a ver!
“¿APOYA MARCHAS CONTRA EL CANAL?”
La denuncia interpuesta ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) reveló que, un día después de la detención en la delegación Daniel Guido, Calderón le preguntó a la mujer si su marido era de los opositores al Canal de Nicaragua, la obra concesionada por el gobierno de Daniel Ortega al empresario chino Wang Jing, cuyo costo es de cincuenta mil millones de dólares.
“¿Verdad que tu marido anda en contra del Canal? Le dije que no, que solo una vez fue y me dijo: ‘Pero si es un beneficio para el pueblo’ y que mi marido no comprendía y después me dijo: ‘¡Andá cria a esos tus mocosos, ¡no es una madre la que los cría sin papa!’”, le recuerda a Calderón.
OBLIGADOS A DARLES DE COMER
“Los mocosos” eran una niña de 14, a quien obligaron a hacerles café, y al otro niño lo pusieron a ordeñar para que la tropa se alimentara mientras realizaba el interrogatorio. De la casa se llevaron naranjas y cocos para el camino. Al abogado defensor de los campesinos, Marlon Aburto, la historia le recordó a las mujeres de El Cuá, perseguidas en la dictadura de Somoza.
María Ercilia prefirió callarse. Calderón respondió con brutalidad. El jefe policial ordenó que la separaran de sus hijos y se la llevaran. Se arrepintieron y permitieron que se regresara adonde sus hijos después de caminar un trecho de quinientas varas. Otro oficial medió para que ella pudiese volver. Si vio a Calderón al día siguiente fue porque al regresar a su casa, en medio del desorden dejado por las autoridades, encontró un extraño radio que prefirió devolver.
Viajó a Managua. En la capital pudo ver a su marido. María Ercilia le preguntó si le habían hecho algo y le mostró el estómago morado producto de las golpizas días después de que se confirmó que estaba allá, según la CPDH. “Al principio no podía hablar”, confirma ella, “le dolía aquí (se señala la espalda). Dice que no aguantaba. El abogado habló para que lo llevaran al centro de salud (…)”, explica.
“Le metieron una cosa en la uña y se la despegaron aquí arriba”, relata ahora. Ha pasado más de dos meses desde la detención. A su hermana Hilda, la esposa del carpintero, le fue también terrible. Amenazaron a su familia y mandaron a uno de sus hijos menores de edad para que fuera a buscar al mayor, Javier Reyes Martínez, quien vive en una colina cercana con su esposa embarazada.
GUIADOS POR VENGANZA
“Me decían que entregara las armas, las AK, unas pistolas que tenía y yo les dije que no tenía eso. Ellos vinieron violentamente, me rompieron la Biblia, yo le dije a ellos que no le hicieran daño porque él era un ministro de la palabra, le dije que éramos unas personas humildes, que desconocíamos esos hechos. Me decían: ‘¿Verdad que estás alegre porque mataron a los policías? Pero ahora sí se van a dar cuenta quiénes somos nosotros’”, recuerda Hilda Martínez afuera de su casa.
Estalló cuando a Javier, su primogénito, lo insultaron. Calderón increpó al muchacho. “Ajá, hijo de la gran por cual, ¿verdad que vos sos uno de los que jodieron a los miembros? ¡Hincate ahí inmediatamente! Me hinqué en el lodo. Estaba brisando, yo no he hecho nada. Callate me respondió. Eso me lo vas a decir enseguida. Vino otro del Ejército y dijo ‘amarralo’”, sostiene el muchacho.
Marcharon con Javier, su padre Sotero, un tío, Juan Rodríguez… Al hijo lo amenazaban diciéndole que se lo llevarían en helicóptero y no volvería a ver a su esposa. Los oficiales le advirtieron que los llevara por caminos más rápidos, “si no querés quedar como puente”.
Un pastor de la vecina Santa Rosa medió para que soltaran al tío y al muchacho. Cuando finalmente le acercaron un plato de comida, las manos las tenía dormidas por el mecate con que lo ataron y no pudo sostener el traste. Después querían que libre se fuera en aquellos caminos oscuros y él no quiso.
A Francisco Pérez, a quien el padre de Javier construía su casa, le parece que capturaron al equivocado. “Nosotros llevábamos siete días de estar trabajando. Sotero es delegado en la capilla. Él trabaja en la iglesia. Es carpintero. Para mí es honesto, trabajador, servicial”, dice Pérez.
El caso ha causado revuelo en los organismos de derechos humanos nacionales, donde se cuestiona la actuación policial. “No están actuando como dice la Ley”, lamenta Pablo Cuevas, de la CPDH.
VIOLACIONES AL DEBIDO PROCESO
Según la CPDH, las autoridades cometieron una serie de violaciones al debido proceso en el caso de los campesinos que fueron declarados culpables el viernes 23 de octubre de 2015.
Pablo Cuevas, de la CPDH, aseguró que los campesinos fueron sustraídos de su arraigo natural al ser procesados en Managua, pese a que el crimen ocurrió en la Región Autónoma del Atlántico Sur.
“Por otro lado fueron llevados al juez 12 días después que fueron capturados. Inicialmente no se quería aceptar que estaban detenidos y hasta que LA PRENSA sacó una foto señalando claramente que eran traídos a Managua por Fuerzas Especiales de la Policía”, explicó Cuevas.
El otro problema es el impedimento que se hace a organismos de derechos humanos y a medios de comunicación de poder dar cobertura en el proceso.
Cuevas lamentó que en el caso el inspector Calderón, señalado de cometer tortura por los familiares, permanezca en la impunidad y no sea procesado.
“El Código Penal tipifica como delito la tortura y eso conlleva otro delito que se llama abuso de autoridad y funciones”, dijo el asesor legal de la CPDH.
Cuevas dijo que miró mucha tristeza en los familiares de los campesinos, pues son familias “descabezadas, hay un desgaste económico tremendo”.
EN MANOS DE DIOS
La familia y los amigos de Sotero Reyes y Juan Rodríguez se declararon en las manos de Dios. Es domingo y los mayores de la comarca de Santa Elena se reunieron en la capilla para pedirle a Dios por los campesinos detenidos. A un lado se sentaron las mujeres, del otro los hombres cuando el muchacho empezó a hablar.
Vestido de camisa blanca. No hizo un discurso. Javier Reyes Martínez agradeció a todos que llegasen a la celebración de la palabra.
Debajo de la mesa, sobre la que está la Biblia, permaneció su hermano juguetón de 2 años. Un chelito. “Ahí se mete el niño para jalarle los pantalones a Sotero”, dice Hilda Martínez, la madre. Sotero Reyes celebra la palabra en esta comunidad rural, en su lugar ahora lo hace el hijo.
Campesinos con este tipo de responsabilidades en la Iglesia católica, pero de sitios vecinos, expresaron su apoyo a Reyes, el carpintero que ha ayudado a hacer sus casas en la profundidad de la montaña a varios de los quinientos habitantes que se calcula hay en el sitio, según un censo de 2010.
Joaquín Diomesto González, uno de los fundadores de la comunidad, recuerda que al principio llamaban al lugar “El Pijibay” en honor al río. Era un territorio que habitaba solo un señor, Ramón Campos, quien se terminó yendo después de cambiar su finca por una vaquita.
El padre de Joaquín fue quien compró las tierras para repartirlas entre sus cuatro hijos y carriló (aró) cuatrocientas manzanas. “A mí me costó hacer bastante mi casita. Era de paja. Don Sotero se apareció aquí con una máquina, vine aquí, busqué cómo hacer amistad con él. Le pregunté si quería hacerme unas tablitas porque no tengo ni en qué dormir. Yo se lo voy a hacer, pero deme un chancecito para hacer la mía. Y así fue. Cuando terminó, llegó adonde yo. Busqué los centavitos. Tengo mi casa por él. Lo que dicen de él es mentira”, declaró.
“SI PASAN CON ARMAS SE LES PUEDE DAR DE COMER”
Según la declaración de María Ercilia Martínez ante el juez, los armados que mataron a los policías pasaron por su casa pidiendo comida el día del crimen y enfatizó en que el alimento no se le niega a nadie, “cualquier persona que pase con armas, se les puede dar de comer”.
“Ese día pasaron unos armados por mi casa, me decían que abriera las puertas y les diera de comer, que iban al lado de San Carlos, mi marido estaba acostado conmigo, eso fue el domingo, iban buscando el camino del río Casimiro. ¿Esa gente que le dijo a usted? Pedían comida, que les diera de comer, les dije que había cocido pocos frijoles, me dijeron que cociera yuca con sal. Yo al que conocí fue a Jerónimo Aguilar, eso porque lo he visto en la capilla, andaba botas blancas, al resto no los conocí, miré a cuatro pero había otros afuera (…) no dilataron mucho”, dijo ella ante el judicial.
Los campesinos fueron declarados culpables el viernes 23 de octubre. Carlos García, quien dijo solo conocer de cara a Sotero Reyes y Juan de Dios Rodríguez, aseguró que sí anduvo con los armados el día del asesinato, pero obligado por ellos.
