El exdirector de Cedulación del Consejo Supremo Electoral (CSE), Dionisio Palacios, considera que con la acreditación de casi un millón de fiscales bien se podría asignar un fiscal por ciudadano.
Sin embargo, en los comicios presidenciales de 2011, la cantidad de fiscales fue menor (100,110), por lo cual Palacios considera que estos “son números inflados” que no serán usados para el propósito que detalla la iniciativa de Ley de Presupuesto General de 2016.
“El Consejo Supremo Electoral ha sido bien beneficiado para estas elecciones (2016), pero el problema es que en el país no existen los controles suficientes, sobre todo en las transferencias de partidas presupuestarias, porque normalmente lo que pasa es que cuando no son utilizadas unas partidas para lo que las pidieron, entonces las trasladan a otra cosa que tal vez los legisladores ni la imaginaron. Yo creo que eso da cabida a volver más caras las elecciones en el país”, opinó Palacios.
NO CONOCE EL PRESUPUESTO DE 2016
El magistrado del CSE, José Luis Villavicencio, consultado por LA PRENSA vía telefónica, evitó hablar del presupuesto asignado para casi un millón de credenciales a igual número de fiscales.
Villavicencio se excusó diciendo que no tiene conocimiento del presupuesto asignado al CSE para 2016 y también dijo que no está a cargo del tema administrativo cuando se le preguntó cuánto representan los ingresos por los trescientos córdobas que se cobran por reposición de cédulas de identidad.
“Me estás hablando de algo que no he leído todavía, porque todavía no me lo han presentado (el presupuesto)”, dijo Villavicencio vía telefónica.
PRESUPUESTO HECHO POR ROBERTO RIVAS
“El presupuesto del Consejo Supremo Electoral lo hace el presidente (Roberto Rivas) y hasta que es aprobado (en la Asamblea Nacional) nosotros lo conocemos”, manifestó Villavicencio.
Cuando se le insistió al magistrado Villavicencio, en su calidad de especialista en procesos electorales, de cómo se puede justificar casi un millón credenciales cuando en las pasadas elecciones solo se necesitaron 100,110 fiscales electorales, el magistrado reiteró: “Me estás agarrando fuera de onda, porque estoy en una reunión en un departamento, de la que me tuve que salir para contestarte”.
Sin embargo, el magistrado aceptó que la representación de los fiscales en las Juntas Receptoras de Votos (JRV) es uno por partido político.
NI QUE VAYA UN FISCAL POR PARTIDO
Son 17 partidos con personalidad jurídica, pero en las últimas elecciones solo han participado planchas electorales: el partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) encabezando la alianza de siete partidos; el Partido Liberal Independiente (PLI) y el Partido Acción Ciudadana (PAC) han participado aliados y los otros siete han participado solos.
Kitty Monterrey, especialista en presupuesto y directora ejecutiva del PLI, ha valorado que ni asumiendo que participen más de 10 partidos solos se puede justificar esa “exagerada” cantidad de fiscales.
Monterrey explicó que si de 10 a 15 partidos participaran solos o en alianzas, les correspondería un fiscal, que multiplicado por el número de JRV, que podrían ser 14,000 (debido a que suman dos mil más que en las últimas elecciones) “eso da una exageración de 217,000 fiscales”, pero no llegan a casi el millón.
COMICIOS CARÍSIMOS
Al Consejo Supremo Electoral (CSE) se le está destinando un presupuesto por 1,334.8 millones de córdobas para el 2016, de los cuales 931.4 millones de córdobas serán para cubrir los gastos de las elecciones nacionales.
Según el presupuesto del CSE —incorporado en la iniciativa de Presupuesto General de la República 2016— se acreditarán 957,576 fiscales, una cifra que supera por mucho las 100,110 acreditaciones que en efecto entregó en los comicios de 2011, según el reporte que en su momento se brindó.
En comparación con el resto de la región centroamericana, Nicaragua es el tercer país con el voto electoral más caro, solo superado por El Salvador y Honduras. El costo por voto ciudadano en Nicaragua es 9.85 dólares, según cálculos a partir del Presupuesto General de la República de 2016.
957,576 fiscales son los que están presupuestados acreditar para las elecciones presidenciales de 2016, según la iniciativa de Ley de Presupuesto General de la República 2016.
