En la Revolución Francesa el derecho de la rebelión fue incluido en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, así como en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1793 que dice así: Cuando un gobierno viola los derechos de la gente la insurrección es para el pueblo en general y para cada sector en particular, el más sagrado de sus derechos y el más importante de sus deberes. Así lo establece el artículo 35 de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1793.
El manifiesto del derecho de rebelión se interpreta básicamente como una iniciativa para generar un movimiento de desobediencia civil masiva, de acuerdo con el principio de que si el pueblo se organiza puede ser capaz de crear y defender espacios libres de control y opresión del poder; y cuando lo consigue, el Estado no quedará bloqueado inmediatamente sino que se esforzará en reprimir y tumbar el contrapoder popular para mantener su hegemonía.
Así se puede abrir un espacio en el que las estrategias de acción tendrán que ser bien definidas para convertirse en opciones sólidas que incluyan una parte significativa de la sociedad, en nuestro caso el pueblo nicaragüense, y en este contexto se plantea la desobediencia civil como paso inicial y en la autogestión de todas las facetas de nuestra vida. Se trata de dos herramientas fundamentales de acción política, como pueblo organizado de forma masiva, y tenemos la responsabilidad de hacer que el entorno en el que vivimos y en el que actuamos llegue a ser como queremos que sea.
Yo entiendo por desobediencia civil un acción legítima, aunque al margen de la ley (porque la ley es dictada por el régimen opresor) realizada de manera consciente y comunicada públicamente para poder conseguir una transformación parcial o global de la sociedad sojuzgada por un gobierno totalitario y excluyente, como el de Nicaragua actualmente. Es una apuesta para generar una vía constructiva para comunicar el ejemplo y compromiso personal y colectivo y el marco final es ejercer el derecho de rebelión ante la falta de legitimidad del poder ejecutivo y demás poderes del Estado. Pienso que tal es el caso de nuestro país.
En Nicaragua el derecho de rebelión fue ejercido por el pueblo nicaragüense y desembocó en el derrocamiento de la dictadura somocista, en 1979. Fue el pueblo quien puso los muertos, pero después la victoria popular fue traicionada por los “comandantes” que asumieron el poder, con una que otra honrosa excepción.
No todos los comandantes dispararon siquiera un tiro para liberar al pueblo de la dictadura somocista, y ahora el mismo que asumió el papel hegemónico de lo que se llamó Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN), ejerce una tiranía a la que se subordinan de hecho los poderes del Estado, el Ejército y la Policía y existe un sistema de espionaje similar a lo que fue los CDS ahora llamado Consejo del Poder Ciudadano creado por la consorte de Ortega. Y para cerrar con broche de oro ese círculo de poder, se añade una estructura de fuerzas irregulares paramilitares y de choque contra las personas que salen a las calles para protestar por los abusos e injusticias de este gobierno electo ilegalmente.
Hay que luchar por una Nicaragua libre de dictaduras y tiranías y que la voluntad popular sea respetada en comicios transparentes y justos.
El autor es ingeniero agrónomo/ambientalista.
