La Internacional Liberal (IL) aprobó en su 60 Congreso realizado en México del 28 al 31 de octubre, una resolución sobre Nicaragua en la que señaló “en particular la necesidad de implementar las reformas necesarias al sistema electoral para asegurar elecciones libres y transparentes, y la irrestricta observación nacional e internacional para el 2016”.
La Internacional Liberal aglutina unos 80 partidos políticos en todo el mundo, entre ellos el PLI de Nicaragua, son miembros observadores otros 25 partidos de diversos países y tiene una amplia red de 14 organizaciones internacionales de cooperación.
En su resolución sobre Nicaragua, la Internacional Liberal llamó a la Internacional Socialista “a que ponga fin a la práctica del pasado de amparar regímenes autoritarios y que expulse al FSLN como miembro de esta organización”. Y además invitó a la OEA “a asumir su rol en garantizar que termine la manipulación electoral y la continua supresión de libertades en Nicaragua”.
El socavamiento de la democracia en Nicaragua y la instalación de un nuevo régimen autoritario, que niega las libertades democráticas, atropella los derechos humanos, concentra todos los poderes en manos del titular del ejecutivo, restringe la libertad de información y expresión y sustituye con fraudes electorales las elecciones justas y transparentes, es un conflicto que trasciende lo nacional y tiene que ser tratado como un problema internacional. De manera que el mismo pronunciamiento que ha hecho la Internacional Liberal en su congreso de México, deberían de hacerlo las demás internacionales políticas: la Unión Internacional Democrática (UID) que agrupa a los partidos conservadores; la Internacional Demócrata de Centro, que aglutina a los partidos socialcristianos del mundo; y la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA).
Incluso la Internacional Socialista, de la cual es miembro el FSLN a pesar de que es un partido violador de los principios y valores de la social democracia y el socialismo democrático, debería demandar que las elecciones del próximo año en Nicaragua sean libres y limpias, con la presencia de observadores nacionales e internacionales independientes y confiables.
Todas esas federaciones políticas internacionales ayudaron a poner fin a la guerra de los años ochenta en Nicaragua y respaldaron el proceso de reconciliación nacional por medio de la democratización, que arrancó con la celebración de las elecciones libres de 1990. Esos procesos fueron avalados internacionalmente por los Acuerdos de Esquipulas de agosto de 1987, los cuales siguen vigentes, pero están siendo violados por Daniel Ortega para imponer un nuevo régimen autoritario y permanecer indefinidamente en el poder, al costo que sea.
Está claro que son los mismos nicaragüenses quienes deben resolver este conflicto político y restaurar la democracia. Pero Nicaragua necesita otra vez aquella solidaridad internacional que fue determinante para que hubiera elecciones libres y limpias el 25 de febrero de 1990.
