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El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, habla en un acto conmemorativo por el trigésimo aniversario de la toma del Palacio de Justicia de Colombia el 6 y 7 de noviembre de 1985, que dejó 94 muertos, decenas de heridos y once desaparecidos, en Bogotá (Colombia).EFE

Santos pide perdón por masacre de Palacio de Justicia en 1985

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pidió perdón en nombre del Estado por la desaparición, ejecución extrajudicial y tortura de ciudadanos en la sangrienta recuperación militar hace 30 años del Palacio de Justicia

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pidió perdón en nombre del Estado por la desaparición, ejecución extrajudicial y tortura de ciudadanos en la sangrienta recuperación militar hace 30 años del Palacio de Justicia, que había sido tomado por guerrilleros.

“Hoy(viernes 6 de noviembre) reconozco la responsabilidad del Estado colombiano y pido perdón”, dijo Santos en un acto este viernes en el reconstruido edificio en el centro de Bogotá, dando cumplimiento a una medida de reparación ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Entre el 6 y 7 de noviembre de 1985 la guerrilla nacionalista Movimiento 19 de Abril (M-19) ocupó el Palacio de Justicia y tomó decenas de rehenes para presionar al entonces presidente Belisario Betancur, con quien sostenía negociaciones de paz.

La acción rebelde motivó el ingreso del Ejército con tanques de guerra, en una operación de retoma devenida en masacre. En esos hechos murió un centenar de personas y 10 siguen desaparecidas.

“Aquí se presentó una acción lamentable, absolutamente condenable, del M-19, pero si hubo fallas en la conducta y procedimientos de los agentes del Estado, así debe reconocerse”, agregó Santos ante familiares de las víctimas y exguerrilleros del M-19, como el actual senador Antonio Navarro, entre otros invitados. La Corte IDH consideró el año pasado que en el accionar de la fuerza pública “existió un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas” sospechosas de colaborar con el M-19, que dejó las armas en 1990.

Ese tribunal responsabilizó al Estado colombiano por la desaparición de empleados de la cafetería del edificio, la desaparición y ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, la detención ilegal y tortura de cuatro sospechosos y la falta de esclarecimiento judicial de los hechos.

“Es un momento muy útil para pedir perdón”, dijo a la AFP el ministro de Justicia, Yesid Reyes, hijo de un magistrado fallecido durante la retoma, en alusión al “proceso de reconciliación” que atraviesa el país.
El gobierno de Santos sostiene diálogos de paz desde hace tres años en Cuba con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas), principal y más antiguo grupo insurgente del país, para acabar con un conflicto armado de más de 50 años en el que han participado guerrillas, paramilitares, fuerzas militares y bandas narcotraficantes y muerto al menos 220.000 personas.

“QUE  NOS DIGAN LA VERDAD”

Santos hizo un llamado a saldar la “deuda moral” que persiste con los familiares de las víctimas con relación a la verdad de lo ocurrido en el Palacio de Justicia, una matanza que llevó la conflagración interna al corazón de la capital.

“Es mi deber reconocer la responsabilidad del Estado por la falta de esclarecimiento judicial de los hechos, por el retardo injustificado en la administración de justicia, por las alteraciones a la escena del crimen, por las irregularidades en el levantamiento de los cadáveres, y por los múltiples errores en la identificación y entrega de los cuerpos”, enfatizó.

“Necesitamos sanar las heridas, y la cicatriz sólo se irá borrando en la medida en que haya respuestas, verdad, y compromiso por encontrar a los desaparecidos”, agregó.
Entre 20 mil y 100 mil personas han desaparecido en el conflicto armado colombiano, según estimaciones oficiales y de organismos internacionales.

Como otros parientes de víctimas, María del Socorro Franco, hermana de Irma Franco, una guerrillera del M-19 desaparecida, clamó por respuestas.
“Solo estamos pidiendo que nos digan la verdad: ¿Qué pasó con mi hermana? ¿Quién ordenó que a mi hermana se la llevaran, la torturaran, la ejecutaran y la desaparecieran? ¿Por qué?”, dijo a periodistas.

Para esclarecer lo que pasó, la Fiscalía aún realiza exhumaciones y sostiene un proceso sobre el caso, durante el cual se ha llamado a declarar en calidad de testigos a ministros de Betancur.

Los convocados son Jaime Castro, Enrique Parejo, y Noemí Sanín, extitulares de las carteras de Gobierno, Justicia y Comunicaciones, respectivamente.

Familiares de víctimas piden además la comparecencia del entonces presidente.

“Ojalá que la próxima semana (la Fiscalía) ya esté fijando una fecha para indagatoria de Belisario Betancur”, declaró Jorge Molano, abogado de familiares de desaparecidos.

Algunos de quienes lideraron esa operación, como el coronel retirado Alfonso Plazas Vega, y el general retirado Jesús Armando Arias Cabrales, están detenidos y otros aún están siendo investigados.

Con el aniversario en ciernes, Betancur también se disculpó.

“Si errores cometí, pido perdón a mis compatriotas”, dijo en un acto público esta semana.

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