Fiscalía en riesgo con Ley Soberana

La iniciativa de Ley de Seguridad Soberana “desnaturaliza” al Ministerio Público (Fiscalía), afirma el exdiputado y jurista José Pallais Arana, quien realizó un análisis de esta propuesta.

06/11/2015

La iniciativa de Ley de Seguridad Soberana fue introducida el 12 de octubre en la Asamblea Nacional, por el presidente inconstitucional Daniel Ortega. LA PRENSA/ARCHIVO

La iniciativa de Ley de Seguridad Soberana “desnaturaliza” al Ministerio Público (Fiscalía), afirma el exdiputado y jurista José Pallais Arana, quien realizó un análisis de esta propuesta.

Según Pallais, la Fiscalía perdería su independencia al subordinarse al poder militar a través de su inclusión en el Sistema Nacional de Seguridad Soberana, como lo establece la iniciativa de Ley. Dicho sistema estará coordinado por el Gobierno y el Ejército de Nicaragua.

“Incorporar a la Fiscalía significa una ruptura total del Estado de Derecho; pierde su independencia y autonomía, subordinándose al poder militar para convertirlo en un instrumento de represión política”, observó Pallais.

El especialista en temas de Gobernabilidad, teniente coronel en retiro Irving Dávila, también consideró que la Fiscalía no debería ser parte de este Sistema.

“La realidad es que la Fiscalía, al entrar allí (en el Sistema), significa que participa de común acuerdo con los órganos de Inteligencia y se perdería la independencia del proceso judicial”, manifestó Dávila.

Agregó que lo que la iniciativa establece es “un mecanismo de coordinación y participación de la Fiscalía (en el Sistema), pero no están los procedimientos de cómo pasar del presunto delito a la judicialización del proceso, porque se supone que ahí debe entrar la función (de la) Fiscalía”.

“La Fiscalía es un órgano independiente que tiene que hacer la investigación una vez que se hace la denuncia o la acusación del ciudadano”, según Dávila; sin embargo, la iniciativa establece que la Fiscalía será parte de un sistema que va a determinar los “riesgos y amenazas a la Seguridad Soberana”, bajo la coordinación del Ejército a través de la Dirección de Información para la Defensa (DID).

IMPRECISIÓN DE LAS AMENAZAS

Para Dávila, otorgar mayores facultades a la DID es “peligroso” por la imprecisión de esas “amenazas” establecidas en la propuesta de Ley, que se prestan a la discrecionalidad del Gobierno y del Ejército.

“Los riesgos y amenazas son imprecisos en la Ley, porque dice que son riesgos y amenazas quien atente contra la inestabilidad, contra el Estado… eso puede ser cualquier cosa”, expresó Dávila.

OTROS INTEGRANTES

Además de la Fiscalía, el Sistema Nacional de Seguridad Soberana está integrado por la Policía; el Sistema Nacional de Prevención y Mitigación de Desastres; la Procuraduría General de la República; los Ministerios de Estado que tienen competencia en la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional; la Dirección General de Migración y Extranjería; el Sistema Penitenciario Nacional; la Dirección General de Servicios Aduaneros; la Unidad de Análisis Financiero; la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, detalla la propuesta de Ley en el artículo 10.

MILITARIZACIÓN DEL ESTADO

Según la valoración de Pallais, este sistema “asegura un rol permanente del Ejército, teniendo a su cargo la coordinación con la cooperación de todas las instituciones del Estado, todos los poderes, ya no solo las instituciones especializadas necesarias para garantizar la seguridad”.

LA PRENSA trató de conocer la opinión de la fiscal general Ana Julia Guido, solicitando una entrevista con ella a través de la relacionista pública del Ministerio Público, Messelina Rivas, quien se comprometió con llamar, pero no lo hizo. Tampoco contestó dicha solicitud a través del correo electrónico.

EN PROCESO DE CONSULTA

La iniciativa de Ley de Seguridad Soberana fue introducida el 12 de octubre en la Asamblea Nacional, por el presidente inconstitucional Daniel Ortega.

Este miércoles fue enviada a consulta en dos comisiones: la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, presidida por el diputado del Partido Liberal Independiente (PLI), Luis Callejas; y la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, presidida por la diputada sandinista Irma Dávila.

Esta iniciativa ha generado preocupación entre juristas, políticos, organismos de análisis de políticas públicas, periodistas y activistas de la sociedad civil y los derechos humanos, porque la asocian con los órganos de seguridad y represión, como la Oficina de Seguridad Nacional durante la dictadura somocista y la Seguridad del Estado sandinista en la década de los ochenta.

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