El “quita y pon” de alcaldes - La Prensa



El “quita y pon” de alcaldes

Desde que Daniel Ortega llegó al poder se desató una ola de destituciones de alcaldes. Un día están y al otro ya no. Según las cuentas de Domingo, unas treinta cabezas de alcaldes y vicealcaldes han rodado en los últimos seis años, sin que para ello se siga el procedimiento que establecen las leyes y reglamentos y en muchas ocasiones sin que se sepa el motivo.

08/11/2015

El 26 de junio de 2010 pobladores marcharon en defensa de Hugo Barquero, alcalde destituido de Boaco.

Desde que Daniel Ortega llegó al poder se desató una ola de destituciones de alcaldes. Un día están y al otro ya no. Según las cuentas de Domingo, unas treinta cabezas de alcaldes y vicealcaldes han rodado en los últimos seis años, sin que para ello se siga el procedimiento que establecen las leyes y reglamentos y en muchas ocasiones sin que se sepa el motivo.

Para el municipalista y exdiputado Agustín Jarquín Anaya, el “pecado” de la mayoría de autoridades de las alcaldías que fueron quitadas de su cargo fue “pensar distinto a las líneas del partido o bien no acatar una orden que derivaba de la Presidencia”. Y para hacerlo el partido de gobierno utilizó a sus concejales primero y luego al Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom), que sin tener competencia llegaba a las municipalidades y les informaba a los alcaldes o que estaban destituidos o que debían renunciar.

El 26 de junio de 2010 pobladores  marcharon en defensa de Hugo Barquero, alcalde destituido de Boaco.

El 26 de junio de 2010 pobladores marcharon en defensa de Hugo Barquero, alcalde destituido de Boaco.

Esto, según Roberto Stuart Almendárez, consultor asociado al Centro de Estudios y Análisis Político (CEAP), “ha puesto la fidelidad partidaria por encima de las necesidades del municipio, (los alcaldes) se han acomodado a ser administradores de los bienes municipales bajo las órdenes del presidente Ortega y su esposa. Con esto el FSLN no solo ha debilitado la autonomía municipal, también debilita e impide el crecimiento profesional del liderazgo sandinista municipal, al obligarlos a trabajar de espaldas a la transparencia, la autonomía y la descentralización”.

SIN PROCEDIMIENTO LEGAL

A juicio de Agustín Jarquín Anaya esta es “una clara violación a la institucionalidad y la autonomía de las alcaldías que maneja Ortega, que vulnera la seguridad jurídica e incluso tiene una implicación en la economía del país. Y además viola el derecho de la persona electa y viola el derecho del ciudadano que votó por ellos”.

La destitución del alcalde de Boaco, Hugo Barquero, en 2010, fue una de las más polémicas. La población se enfrentó a antimotines, pero algunos pobladores sandinistas hicieron una contramarcha para apoyar la destitución y el nombramiento del nuevo alcalde, Juan Obando.

La destitución del alcalde de Boaco, Hugo Barquero, en 2010, fue una de las más polémicas. La población se enfrentó a antimotines, pero algunos pobladores sandinistas hicieron una contramarcha para apoyar la destitución y el nombramiento del nuevo alcalde, Juan Obando.

El mayor problema, dice Jarquín Anaya, es que para este caso específico de las municipalidades, no se ha establecido ningún modelo a seguir en un solo documento, sino que se retoman artículos de la Constitución Política, de la Ley de Municipios y el Código Civil. “Nosotros nos dimos a la tarea de construir un flujo de proceso correcto para las destituciones de las autoridades edilicias, cuando empezamos a ver, allá por el 2010, que los procesos no se estaban haciendo como se debía. Pero luego la anormalidad en las destituciones y renuncias se volvió una práctica común. Lo que fue una violación de las leyes y las normas se convirtió en el proceso que ahora todos ven como normal. Y nadie toma en cuenta el proceso como se debe hacer”.

 

Una autoridad municipal se puede destituir por muerte, enfermedad, renuncia, cometer un delito y ser condenado, abandonar funciones por sesenta días continuos, no rendir cuentas de sus funciones, actuar como apoderados o gestores de empresas, no declarar sus bienes ante la Contraloría General de la República o bien que se compruebe mal manejo de los recursos pú blicos, de acuerdo con lo recopilado por Jarquín Anaya.

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Si algún alcalde incurre en alguna de esas razones, se debe seguir una serie de pasos, como la certificación de esa causa ante el Concejo Municipal, una sesión especial para aprobar o no la responsabilidad del funcionario y nominar al sustituto (que debe ser el vicealcalde si se destituye al alcalde o alguno de los concejales si se destituye al vicealcalde). Luego en un período comprendido de 15 días el Consejo Supremo Electoral debe emitir una resolución y tomar promesa del nuevo funcionario. Algo que en la práctica no sucede.

 

A juicio de Stuart Almendárez, todas las destituciones se han realizado de manera que no se sepan los verdaderos motivos por las que ocurren, para proteger la imagen del Frente Sandinista de Liberación Nacional como partido. “Hay destituciones que han ocurrido inmediatamente después de investigaciones de la Contraloría en las que se han detectado casos de corrupción, pero no se acusa ni se enjuicia a los culpables en los tribunales y en algunos casos se les traslada a otros puestos. Otras destituciones ocurren de manera injusta, porque estas autoridades no quisieron someterse a una orientación que les pareció incorrecta. Muchas de estas personas no dicen públicamente la verdad, no denuncian la arbitrariedad, no defienden sus derechos ni buscan que se haga justicia”.

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Lo que el partido de gobierno le dice a la sociedad actuando de esta forma es que están por encima de cualquier Ley y que quienes trabajan con ellos deben someterse a eso, “que el FSLN tiene derecho a usar sus conveniencias partidarias para decidir si alguien es o no es culpable y para definir los mecanismos para juzgarlo y castigarlo”, analiza Stuart Almendárez, pues en todos los casos de destituciones el FSLN ha tenido mayoría de miembros en los Concejos “y lo hacen como una decisión interna, sin embargo, cuando uno se acerca a esos municipios donde ocurren las destituciones, los argumentos oficiales no se corresponden con la opinión de los sandinistas y de la ciudadanía. Mientras en la formalidad se habla de ‘renuncias’ por diversas razones, la gente habla de destituciones o pasadas de cuenta por corrupción y abusos, por pleitos con los secretarios políticos, por desobediencia de una orden de la primera dama, etc.”, dice.

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FEUDOS

Los gobiernos municipales nicaragüenses fueron creados para administrar los recursos públicos y tomar decisiones sobre asuntos políticos en los 153 municipios del país. Y cuando hay destituciones “debe haber transparencia sobre las razones que la motivan, se debe informar a la ciudadanía lo que ha pasado y se debe seguir el debido proceso cuando las personas destituidas estuvieran involucradas en actividades reñidas con la Ley”, considera Stuart Almendárez.
Sin embargo, el principal problema que él nota con este modelo de gobierno es que no hay ninguna seguridad de que las destituciones ocurren para mejorar el desempeño de las alcaldías y conseguir un mayor desarrollo en el municipio “más bien pareciera que el FSLN destituye para mejorar su situación interna, para fortalecer el mando único al interior del partido, para que eso sirva de lección a quienes pretenden tener autonomía o criterio propio. Esta práctica demuestra lo dañino que resulta para la sociedad un partido que concentra tanto poder. Pero el FSLN no puede seguir manejando las alcaldías como si fueran las propiedades de un señor feudal”, reitera.

 

 

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