La justicia al estilo Ortega - La Prensa

La justicia al estilo Ortega

Operadores políticos influyendo en la justicia, jueces dependientes de un partido, leyes vulneradas y otros “ingredientes” se combinan para crear una justicia “secuestrada”

08/11/2015

La juez Cuarto Local Penal de Managua, Alia Dominga Ampié, el pasado 23 de julio, mientras procesaba a los policías involucrados en el caso de la masacre de Las Jagüitas. LA PRENSA/ARCHIVO

El poeta Ernesto Cardenal se convenció de que Daniel Ortega es el dueño de la justicia en Nicaragua cuando, en agosto del 2008, fue condenado a pagar una multa de veinte mil córdobas por el entonces juez Primero Distrito del Crimen, David Rojas, y luego el suplente de este, Ronaldo Morán, le congeló tres cuentas bancarias porque el poeta se negó a pagarla.

Cardenal, quien en los años ochenta mantuvo una pugna por el manejo de la cultura en el país con la primera dama, Rosario Murillo, fue sentenciado por un caso de injurias, del cual ya había sido absuelto, luego de que estuvo en Paraguay, donde criticó las actuaciones del gobierno de Ortega. Al recordar ese momento, el poeta Cardenal dice: “Tuve la convicción de que estábamos en una dictadura familiar, me di cuenta de que él (Ortega) domina a todos los jueces y domina toda la justicia en Nicaragua. Estamos en manos de él y de su mujer”.

Así como Cardenal otras personas han sufrido la mano de Ortega tras los jueces. Como el exconcejal opositor en la Alcaldía de Managua, Luciano García, quien, tras pedir una ampliación en la investigación por malversación de recursos municipales a través de la emisión anómala de cheques, fue querellado por injurias y calumnias por el secretario general de la comuna, Fidel Moreno.

Durante el juicio García vio cómo Fidel Moreno entraba por el mismo lugar donde entró el juez y supo que la suerte estaba echada. “Sentí una impotencia ante un juez que descaradamente defendió al sistema, ofendió mi persona como ciudadano, me sentí frustrado, ultrajado, impotente de saber que mis pruebas estaban ahí, de que lo que había dicho no estaba perjudicando a una persona, ni un testigo mío quiso llamar. Sentí la mano del orteguismo detrás del juicio”, expresó García, tras recordar la condena que le impuso el juez Ernesto Rodríguez.

Contrario a la sesioin anterior en la discusion de la Ley de Carrera Judicial, esta se realizo en completa armonia, con la asistencia de los jueces que llegaron a aplaudir a los diputados en cada una de sus votaciones en la Asamblea Nacional. Foto. LA PRENSA / O Miranda

Contrario a la sesioin anterior en la discusion de la Ley de Carrera Judicial, esta se realizo en completa armonia, con la asistencia de los jueces que llegaron a aplaudir a los diputados en cada una de sus votaciones en la Asamblea Nacional. Foto. LA PRENSA / O Miranda

 

EL ORIGEN DEL PROBLEMA

El poder judicial nicaragüense no ha sido ajeno a las circunstancias políticas e históricas del país, explica la jurista española Elena Martínez Barahona en una tesis doctoral, y por tanto “ha tenido como principal consecuencia el mantenimiento de los tradicionales niveles de politización dentro de sus estructuras”.

La situación actual del poder judicial nicaragüense, según Martínez Barahona, está relacionada con el pacto entre el expresidente Arnoldo Alemán y el actual mandatario Daniel Ortega, en el año 2000, cuando decidieron aumentar el número de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de 12 a 16, y se repartieron por partes iguales ocho magistrados cada uno. Esa igualdad de fuerzas hoy ha desaparecido, ya que de los 16 magistrados al menos 11 provienen del FSLN y solo dos del partido de Alemán, el Liberal Constitucionalista (PLC). Los otros tres provienen de otras fuerzas.

La desigualdad en el número de magistrados a favor del sandinismo también se ha trasladado a la cantidad de jueces. En el año 2006, el entonces presidente de la CSJ, el liberal Manuel Martínez, aseguró que si había 100 jueces 80 eran sandinistas y 20 del PLC. Sin embargo, un exmagistrado liberal asegura que desde que el PLC disminuyó su cuota de magistrados en la CSJ esa proporción de jueces también ha cambiado, debido a que los jueces liberales se han “carnetizado”, es decir, según él, se han convertido en sandinistas para no perder el empleo, ya que los magistrados sandinistas están mandando a retiro a los jueces liberales a los que se les vence el período o simplemente no les renuevan contrato para reemplazarlos con judiciales provenientes del FSLN.

Estas circunstancias no son nuevas en la justicia nicaragüense y Martínez Barahona relata que algunos escritores extranjeros llamaron a los magistrados de la Corte Suprema, dominada por los Somoza desde 1936 hasta 1979, “las marionetas o muñecos de la familia Somoza”.

En su tesis, la jurista española señala que el FSLN comenzó una estrategia desde 1990 para incrementar su influencia sobre el sistema judicial, “formando desde las filas partidistas a un grupo de abogados que más tarde pudieran ser nombrados jueces”.

 

Una fuente judicial muy cercana a los magistrados de la CSJ, que solicitó el anonimato, señala que entre los jueces sandinistas muchos de ellos provienen de las filas del extinto Ejército Popular Sandinista (EPS), como la juez Segundo Distrito de lo Penal de Juicio de Managua, Adela Cardoza Bravo, y otros de la ex Dirección General de la Seguridad del Estado (DGSE) de la década de los ochenta, como el magistrado de Apelaciones de Masaya, David Rojas, y la magistrada de la CSJ, Juana Méndez.

“Lenín Cerna (exjefe de la DGSE) tenía influencia en el poder judicial y la sigue teniendo. Por eso usted va a ver que la (magistrada) Juana Méndez lo trata con mucho respeto. Antes, la mitad de los magistrados de la Corte actuaban bajo órdenes de Lenín Cerna”, dijo la fuente judicial.

A la juez Cardoza, según la misma fuente judicial, casi siempre le caen los juicios más importantes por crimen organizado, en los cuales debe repartir grandes cantidades de recursos, especialmente tierras, viviendas, vehículos y ganado. Para este reportaje la juez Cardoza declinó hacer comentarios.

Jueces ascendidos-01

LOS MANDOS MEDIOS

Si Ortega es el que manda sobre los jueces, también existen los mandos medios. Además de Lenín Cerna, fuentes judiciales aseguran que el asesor económico de la Presidencia, Bayardo Arce, es otro operador de la justicia, ante quien los jueces y magistrados rinden cuentas.

Sin embargo, desde hace un tiempo tanto Arce como Cerna van perdiendo protagonismo y todo va quedando bajo el control de los magistrados Alba Luz Ramos y Rafael Solís Cerda. Ramos es la encargada de la parte institucional de la CSJ, mientras que Solís es el operador político. De hecho, Solís actúa como el secretario político del FSLN dentro del poder judicial en todo el país.

Casi a la par o un poco debajo de ellos vienen los demás magistrados, como Francisco Rosales y Marvin Aguilar, quien actúa como el secretario político del poder judicial en Managua.

SOLO DAN LEGALIDAD A LOS CASOS

Decir que la justicia está parcializada a favor de un partido no es algo nuevo en el país, pero ahora es peor, explica el asesor legal del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, quien considera que en Nicaragua “no gobierna el derecho, sino el poder”.

Carrión menciona que en todas las instituciones del Estado, inclusive en la Policía, en las delegaciones hay afiches del partido de gobierno y cuando un ciudadano llega a poner una denuncia, tal vez en contra de un simpatizante sandinista, llega con “las patas hinchadas”. El abogado explica que lo mismo ocurre con el sistema judicial, donde si un juez se atreve a “tocar” a alguien ligado al poder “hasta ahí llega ese juez”.

Inclusive, Carrión afirma que los abogados que son honestos y que tienen mucho conocimiento de Derecho saben que van a perder un caso cuando tienen enfrente a un abogado mediocre pero conectado con el partido en el poder.

Una fuente de los Juzgados de Managua asegura que hay algunos jueces que, cuando es necesario, visitan ya sea la Corte Suprema o la Secretaría del FSLN antes de fallar sobre un caso que es de mucho interés para el partido rojinegro. Por ejemplo, cuando se resolvió el caso de la masacre de Las Jagüitas, en el cual policías acribillaron a una familia creyendo que se trataba de narcotraficantes, según la explicación oficial. Según la fuente, en ese caso hasta los defensores públicos acudieron a la Secretaría del FSLN para coordinar cómo se iba a resolver el caso para “afectar lo menos posible” la imagen del Gobierno y de la Policía. “La juez lo único que hizo fue darle legalidad al caso”, dijo la fuente.

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RETROCESO EN CARRERA JUDICIAL

Hay una Ley que regula el quehacer de los judiciales: la Ley de Carrera Judicial o Ley 501. En el artículo 9 de esa Ley se establece que los funcionarios judiciales serán escogidos mediante un concurso, además de cumplir con otros requisitos de la Constitución Política y de la misma Ley 501.

Un exfuncionario de la CSJ explica que hasta cuando había ocho magistrados liberales y ocho sandinistas la Ley 501 se venía respetando, ya que los ingresos y los ascensos se hacían por medio de concursos, pero desde que los sandinistas tienen el control absoluto de la CSJ se volvieron “absolutistas” y volvieron a los nombramientos “de dedo”, realizando siempre concursos, pero solo para guardar las apariencias.

El dominio del FSLN sobre el poder judicial hace que algunos jueces, tratando de mantener la confianza que les tiene el partido, realicen “acciones absurdas desde el punto de vista de la lógica jurídica o del procedimiento, pero tienen que demostrar obediencia a toda la estructura y a las directrices que da el partido y esto opera a todos los niveles, desde los jueces pequeños, locales, hasta la Corte Suprema”, indica el jurista Alberto Novoa.

Novoa criticó el papel que desempeñan los magistrados no sandinistas en la CSJ, ya que “tienen muy poca influencia en las decisiones de carácter estratégico de la Corte Suprema”.

ASCENSOS METEÓRICOS

El 20 de noviembre de 2014 el presidente inconstitucional Daniel Ortega recomendó, de manera “urgente”, ante la Asamblea Nacional a Ileana del Rosario Pérez López como candidata a magistrada de la CSJ, tras el fallecimiento de la magistrada Ligia Molina. Cinco días después Ileana Pérez estaba siendo juramentada en el cargo.

De esa manera, la ahora magistrada Pérez ascendía al máximo cargo dentro del poder judicial, luego de haber sido juez Primero del Crimen en Managua y luego magistrada de Apelaciones, siempre en la capital. Como juez, Pérez rechazó un recurso de Zoilamérica Ortega, en contra de la juez Juana Méndez, quien tramitaba la acusación por violación en contra de Daniel Ortega. Como magistrada, Pérez ayudó a que el entonces reo Arnoldo Alemán se mantuviera en la cárcel o fuera de esta, según le conviniera a Ortega.

Al igual que Pérez, Juana Méndez es magistrada de la CSJ desde el año 2007. Apenas en el 2001 sobreseyó, como juez Primero de Distrito del Crimen de Managua, a Daniel Ortega, cuando estaba acusado por violación. Luego, también condenó a Arnoldo Alemán.

De la misma forma que Pérez y Méndez, los jueces sandinistas van subiendo en el escalafón del poder judicial, como David Rojas, quien en 2003 era juez suplente y hoy es magistrado de Apelaciones en Masaya. A otros les cuesta un poco más, como a Julio César Arias, quien era juez suplente, luego juez Quinto Distrito de lo Penal de Audiencias de Managua, pero no ha pasado de ahí, aunque se mantiene en ese cargo, al igual que Edgard Altamirano, quien era juez Noveno del Crimen de Managua y ahora es juez Noveno de Distrito Penal de Juicio de la capital, prácticamente el mismo cargo, solo que uno era con el Código de Instrucción Criminal (In) y el otro es con el nuevo Código Procesal Penal (CPP).

LA PRENSA llamó a los jueces y magistrados mencionados en este reportaje para conocer su versión sobre el mismo, pero algunos no contestaron y otros prefirieron no hablar.

El juez Celso Urbina indicó que él “no recibe casos políticos” en su despacho judicial, sino únicamente causas judiciales. La magistrada Ileana Pérez remitió vía telefónica a una asistente de ella en la oficina de Relaciones Públicas, pero la joven cortó la llamada sin dar respuesta alguna.

TODO EL SISTEMA VICIADO

Decir que el problema de la justicia en Nicaragua radica en los jueces es un error, indica el jurista Alberto Novoa, quien considera que todo el sistema de justicia tiene “un eje transversal, que son los intereses políticos partidarios, desde la Policía, pasando por el Ministerio Público (Fiscalía) y pasando por todas las estructuras del poder judicial”.

El proceso judicial penal empieza por la Policía, institución que ha sido duramente criticada por parcializarse a favor de los simpatizantes del FSLN, como se ha observado en las demandas por un mejor sistema electoral o por las protestas en contra de la concesión y construcción del Canal Interoceánico.

Luego pasa por la Fiscalía, a la cual también se le han hecho críticas de ser utilizada por el orteguismo, como cuando se produjo una especie de persecución en contra de las ONG, como Cinco y los movimientos de mujeres.

En el país existe una Comisión Nacional de Coordinación Interinstitucional del Sistema de Justicia Penal, que está integrada también por el Sistema Penitenciario Nacional (SPN), la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional y el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos.

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