Costa Rica desmantela banda que traficaba cubanos y nicaragüenses indocumentados - La Prensa

Costa Rica desmantela banda que traficaba cubanos y nicaragüenses indocumentados

A los detenidos se les atribuye formar parte de una red transnacional dedicada a traficar migrantes, principalmente provenientes de Cuba, Asia y África, según el Ministerio Público.

10/11/2015

Autoridades costarricenses desarticularon parte de una banda internacional de traficantes de cubanos, asiáticos y africanos indocumentados que los trasladaban mientras pasaban por territorio nacional en su ruta hacia Estados Unidos.

También traficaban, al margen de la ley, a nicaragüenses en condición migratoria irregular a Costa Rica.

Doce personas fueron detenidas la mañana del martes 10 de noviembre mediante ocho allanamientos dirigidos por la Fiscalía Adjunta contra la Trata y el Tráfico Ilícito de Migrantes, en Guanacaste, norte de Costa Rica; San José y Cartago; centro del país.

A los detenidos se les atribuye formar parte de una red transnacional dedicada a traficar migrantes, principalmente provenientes de Cuba, Asia y África, según el Ministerio Público.

Los 12 detenidos (4 mujeres y 8 hombres) serán llevados hasta Liberia, ciudad del norte de Costa Rica, donde serán indagados y posteriormente se les solicitará medidas cautelares.

“Se decomisaron 3 microbuses con placa de taxi en San José y dos vehículos particulares que es con los que ellos movilizan a las personas”, dijo la directora de Migración y Extranjería, Kathya Rodríguez.

“Al momento del allanamiento en Guanacaste se identificaron 26 personas, entre nicaragüenses y cubanos que iban a ser traficados. Los cubanos de salida hacia Nicaragua y los nicaragüenses más bien de ingreso a Costa Rica”, añadió Rodríguez a la televisión local.

Quien sería la líder de esta banda, una mujer de apellido Rodríguez Torres, fue detenida cerca de la frontera con Nicaragua.

Ella era la responsables de hacer las coordinaciones internacionales, establecer los precios y maneja la “bodega de migrantes ilegales”, coordinar su traslado, ocultamiento y encubrimiento de los migrantes ilegales, según el Ministerio Público.

De acuerdo con la investigación, esas personas inician la travesía por tierra desde Sudamérica hasta Costa Rica, con el objetivo de seguir su camino hasta Estados Unidos, evadiendo los controles migratorios.

En Costa Rica, las personas migrantes ingresaban por Panamá y eran recibidas por miembros de la organización en la frontera de Paso Canoas, quienes se encargan de ocultarlas y encubrirlas, tanto en hoteles de la zona como mediante la utilización de vehículos particulares o de servicio público, como buses o taxi.

Así los trasladan hacia San José, donde los alojaban en hoteles capitalinos durante horas o por una noche, para luego ser trasladados hasta la zona de La Cruz, frontera con Nicaragua.

En ocasiones, el viaje va directo hasta esta zona limítrofe con Nicaragua, donde se encuentra la base de operaciones de esta organización criminal.

En el caso de los cubanos, ellos llegaban por avión a Ecuador, país que no les exige visa de ingreso, luego viajaban por tierra por el resto de Sudamérica hasta llegar a Panamá, recorrer el resto de Centroamérica, México y si las autoridades no los capturaban, cruzaban a Estados Unidos.

Según la Fiscalía, en una propiedad habitada por la líder del grupo que funciona como “bodega de migrantes irregulares”, cerca de Peñas Blancas, a los extranjeros los cruzan por la parte trasera del terreno hacia el monte con rumbo hacia Nicaragua y de allí, continúan su viaje ilegal hacia el norte del continente, guiados por miembros de la organización.

Precisamente este martes 10 de noviembre, en esa propiedad la Fiscalía y miembros de la Policía Profesional de Migración ubicaron aproximadamente a los 14 cubanos, quienes se disponían a cruzar a Nicaragua en las próximas horas, y cerca de 12 nicaragüenses que pretendían viajar a San José.

De acuerdo con la Fiscalía, esta organización criminal tenía la capacidad para movilizar hasta 17 migrantes ilegales al mismo tiempo por viaje, lo que significa que podían movilizar hasta 40 personas por día.

Según la investigación, una vez que los migrantes cubanos, asiáticos y africanos estaban en Costa Rica, se apersonaban a las oficinas de la Dirección General de Migración y Extranjería con sede regional en Paso Canoas, frontera con Panamá; donde se presentaban con instrucciones de los traficantes para pedir un “salvoconducto”, cuyo trámite no procede en esas circunstancias.

En su lugar, los extranjeros recibían una cédula de citación de la Dirección en la cual les daban 24 horas para presentarse a las oficinas centrales de la Policía Profesional de Migración para someterse al trámite del procedimiento administrativo de deportación, como corresponde.

Sin embargo, los traficantes hacían creer a los migrantes que esa cita es la que les permitiría movilizarse libremente durante 24 horas en suelo costarricense, cuando en realidad la citación referida es exclusivamente una medida cautelar administrativa que utilizan las autoridades de migración, en lugar de enviarlos al Centro de Aprehensiones de Migrantes a San José.

De esta manera, las personas eran engañadas por los traficantes, con el fin de apoderarse del dinero que cobran por su ocultamiento y encubrimiento, explicó la Fiscalía.

A los cubanos la organización cobra entre 7,000 dólares y 15,000 dólares por el traslado completo hasta Estados Unidos, y hasta 30,000 en el caso de los migrantes ilegales que vienen de otros continentes.

Por las acciones dentro del territorio nacional, el grupo criminal solicita el pago de aproximadamente 400 dólares por cada migrante traficado.

Además, les proveen tarjetas telefónicas, les dan instrucciones precisas para evadir la acción de las autoridades migratorias, los comunican con miembros de la organización que están fuera del país sobre quienes reciben instrucciones de qué, cómo, cuándo y dónde hacerlo para continuar su proceso de tráfico ilícito de migrantes.

Durante la investigación se lograron documentar 10 casos de tráfico ilícito de migrantes.

Según la Fiscalía, esta investigación se ha trabajado en coordinación con autoridades de la Fiscalía de la Nación de Colombia y con la Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica.

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