El gobierno regional de Cataluña seguirá adelante con su plan de independizarse de España, a pesar de que el Tribunal Constitucional (TC) español suspendiera ayer “con carácter provisional e inmediato” una resolución secesionista aprobada el lunes por el Parlamento autónomo catalán.
La resolución catalana ya eximía al gobierno regional de ser obligado a acatar a las instituciones españolas, incluido el TC.
“La voluntad política del gobierno de Cataluña es seguir adelante con el contenido de la resolución”, afirmó la vicepresidenta regional Neus Munté, en una rueda de prensa después de conocerse la suspensión decretada por el alto tribunal.
El diario español El País publica en su sitio web que Munté evitó usar el término desobediencia, pero sí subrayó que el gobierno de Cataluña debe su obediencia a un Parlamento catalán que tiene “la soberanía”.
La resolución catalana plantea que, en el plazo de un mes comience la tramitación de las “leyes de proceso constituyente, de seguridad social y de hacienda pública”, que serían las bases de la hipotética República de Cataluña.
Cinco meses
Formalmente el TC admitió a trámite un recurso presentado por el Gobierno español contra la moción independentista, aunque el efecto es su suspensión durante un plazo máximo de cinco meses, tiempo en el que los magistrados debatirán y decidirán acerca de la constitucionalidad o no del texto.
Munté consideró que el recurso del gobierno de Mariano Rajoy (Partido Popular) evidencia “una utilización de la justicia para poner una mordaza a los deseos de democracia y libertad de los ciudadanos de Cataluña”, según publica El País.
Rajoy afirmó que “cuando se prescinde de la ley, se renuncia a la democracia” y recalcó que defenderá “con firmeza” el respeto a la soberanía popular y la unidad de la nación.
El presidente español reconoció que desearía una “rectificación” por parte de los líderes políticos catalanes que han protagonizado el proceso soberanista y que están “quebrando todo”.
Suspensiones
El gobierno central español también ha solicitado al Constitucional que advierta a una veintena de altos cargos del Ejecutivo catalán que pueden ser suspendidos si no cumplen sus autos y sentencias.
Entre los cargos electos susceptibles de ser suspendidos están el presidente en funciones del Ejecutivo catalán, Artur Mas, y la presidenta del Parlamento regional, Carme Forcadell, así como los miembros de Mesa de la Cámara y los del gobierno autonómico.
Los funcionarios públicos que se rehúsen a cumplir con el fallo de la corte podrían enfrentar cargos de desobediencia, que conllevan a una sanción de suspensión del cargo hasta por dos años y fuertes multas, comentó Elena Iñigo, profesora de ley penal en la facultad de leyes de la Universidad de Navarra.
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