La Asamblea Nacional sometió a consulta el controversial proyecto de Ley de Seguridad Soberana, el cual ha sido rechazado por diversos sectores por la sospecha de que su objetivo sea legalizar y militarizar el sistema de seguridad, espionaje y represión del régimen orteguista.
La nueva ley sustituirá la Ley de Seguridad Democrática que fue aprobada en diciembre de 2010, cuando en la Asamblea Nacional aún había equilibrio político y la oposición participaba realmente en la aprobación de las leyes, incluyendo las más importantes.
Pero la consulta que hicieron los diputados orteguistas sobre el proyecto de Ley de Seguridad Soberana ha sido muy singular, pues con excepción del Cosep solo llamaron a los organismos que la van a ejecutar, como decir el Ejército, la Policía, la Fiscalía y otros entes estatales y gubernamentales sumisos al dictador Daniel Ortega y por lo tanto incapaces de hacer objeciones o de proponer modificaciones sustantivas.
En cambio, organismos de la sociedad civil y personalidades independientes expertas en el tema de seguridad que tienen objeciones y cuestionamientos de fondo al mencionado proyecto de ley, como el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) y los organismos de derechos humanos, fueron excluidos de la consulta a pesar de que el PLI propuso e insistió en que se les tomara en cuenta para ser consultados.
De esta manera, el orteguismo dominante en la Asamblea Nacional ha irrespetado una vez más el principio democrático de que los proyectos de interés público deben ser consultados de manera abierta. Y además ha violado la misma Ley Orgánica del Poder Legislativo, que en su artículo 99 establece que las iniciativas legislativas se deben consultar no solo “al órgano u órganos que van a ejecutar la ley”, sino también “a los representantes y destinatarios de la ley o usuarios”. Inclusive, según la ley mencionada la consulta es obligatoria y “su falta podrá ser considerada como causal para declarar el dictamen como insuficiente”.
Más todavía, la Ley Orgánica del Poder Legislativo señala en su artículo 98 que “la Dirección General de Asuntos Legislativos enviará copia del soporte electrónico de las iniciativas que pasen a proceso de consulta y dictamen, para su inclusión en la red electrónica de la Asamblea Nacional, para que sea de conocimiento público y se puedan recibir aportes de los ciudadanos y las asociaciones civiles”. Pero nada de eso se cumple.
A la Asamblea Nacional se le suele llamar primer poder del Estado, no porque sea superior a los otros poderes sino porque es el que mejor representa a la nación, tanto por su composición plural como por su funcionamiento horizontal y democrático. Pero ya no es así.
Eso fue hasta que el Consejo Supremo Electoral hizo fraude para asignarle al FSLN más de dos tercios de los diputados. Desde entonces la subordinación de la Asamblea Nacional a Ortega ha sido peor que el sometimiento del antiguo Congreso Nacional a los Somoza, por lo cual los sandinistas de aquella época lo llamaron “la chanchera”.
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