Contraloría: Albanisa tiene las manos limpias

En el informe final de auditoría publicado por la Contraloría General de la República en su sitio electrónico, se explica que la auditoría a los estados financieros de Albanisa abarcó desde la constitución de la misma en julio de 2007 hasta el 31 de mayo de 2011.

Agustín Jarquín Anaya, excontralor General de la República.

Pese a las denuncias hechas por diversos sectores de la oposición sobre el manejo discrecional de las finanzas de la empresa Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), administrada por allegados a la familia presidencial, la Contraloría General de la República (CGR) determinó en una auditoría aplicada a los estados financieros de la misma que no existe mérito para determinar ningún tipo de responsabilidad a los servidores o exservidores de esta empresa.

En el informe final de auditoría publicado por la Contraloría General de la República en su sitio electrónico, se explica que la auditoría a los estados financieros de Albanisa abarcó desde la constitución de la misma en julio de 2007 hasta el 31 de mayo de 2011.

El documento, con fecha del 4 de noviembre de 2014 y cuyo código de referencia es ARP-13-136-14, revela que los auditores solo encontraron “dos situaciones que involucran el control interno”, siendo estas pagos a Disnorte y Dissur fuera del tiempo establecido en el contrato y compras con fondos de caja chica no ajustadas a las normas de finanzas.

Albanisa, conformada por Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la Empresa Nicaragüense de Petróleos (Petronic), es la encargada de manejar una parte de los fondos provenientes de la cooperación petrolera con Venezuela, principalmente la que entra en concepto de inversión privada y préstamos. Igualmente esta empresa administra los negocios que se financian con los petrodólares.

En el informe de cooperación oficial externa del Banco Central de Nicaragua, entre 2008 y el primer semestre de este año, la cooperación petrolera acumula un saldo por 3.426.7 millones de dólares, sin incluir lo que entra en concepto de inversión extranjera directa que abarca la construcción de la refinería El Supremo Sueño de Bolívar y la generación de energía. En esta ecuación, la estatal Petronic tiene el cuarenta por ciento de las acciones de Albanisa y PDVSA controla el restante sesenta por ciento.

“Esas páginas no dicen nada, es como la parte protocolaria sin ninguna sustancia… Lo importante es sobre lo que se basa esa resolución, es lo que tienen que mostrar, que es donde tienen las cifras y tiene el destino hacia dónde van esas utilidades”. Agustín Jarquín Anaya, excontralor General de la República.

MUCHOS ATRASOS EN AUDITORÍA, DICE EXCONTRALOR

El excontralor Lino Hernández Trigueros, quien salió de dicha institución antes de que se firmara la resolución final de los resultados de la auditoría, que según la misma fue firmada por unanimidad por los contralores, explicó ayer que dicha auditoría estuvo plagada de “atrasos”.

Según Hernández, durante la realización de dicha auditoría, las autoridades de esa empresa mixta no entregaban a tiempo los documentos requeridos por los auditores, pues no se sabía si los mismos estaban en Venezuela o en Nicaragua.

LA PRENSA llamó al celular y al teléfono fijo de la casa del presidente de la Contraloría General de la República (CGR), Luis Ángel Montenegro, para conocer más detalles sobre esta resolución, pero dijeron que no se encontraba en su vivienda.

ENTONCES SÍ LA ESTABAN AUDITANDO

Y aunque en mayo de 2013 el fallecido contralor Guillermo Argüello Poessy informó que estaban auditando a Albanisa, Montenegro durante la presentación del informe anual de trabajo de la Contraloría en la Asamblea Nacional el pasado 10 de junio, al ser consultado sobre la auditoría a esta empresa respondió: “No tengo yo por qué meterme en la vida administrativa ni de Petronic ni de lo que hace Albanisa, yo fiscalizo las finanzas, si están correctas las entradas y si están correctas las salidas y si están bien administrados los fondos, (pero) los proyectos que ellos hagan no es un quehacer de la Contraloría”.

Además señaló que no tenía facultad para investigar si Albanisa o Petronic estaban siendo denunciadas por desvío de fondos, corrupción o lavado de dinero sin que le presenten pruebas.

"La Contraloría no  tiene autoridad moral para decir quién está libre y quién está sujeto a sanciones porque  es una Contraloría (General de la  República)  desprestigiada". Carlos Langrand,  diputado de la Bancada del Bapli.
«La Contraloría no
tiene autoridad moral para decir quién está libre y quién está sujeto a sanciones porque
es una Contraloría (General de la
República)
desprestigiada».
Carlos Langrand, diputado de la Bancada del Bapli.
LO QUE NO PUBLICA LA CONTRALORÍA

Al excontralor Agustín Jarquín Anaya le sorprende que los resultados de la auditoría a Albanisa se limiten a tres páginas, al recordar que esta empresa está compuesta por varias empresas, que van desde Alba Alimentación, Alba Construcciones, Alba Casa, Alba Forestal y hasta Petronic.

Según Jarquín Anaya la Contraloría debe por ley publicar todos los por menores de la auditoría donde se dejaría al descubierto las utilidades de la misma, el destino final de las mismas, entre otros. “Albanisa es la empresa mixta nicaragüense más grande del país, más grande que cualquier privada”, recuerda Jarquín Anaya, quien señala que al menos los resultados de esta auditoría deberían comprender unas cincuenta páginas.

Jarquín Anaya dice que la Contraloría sí tiene facultad para auditar todas las operaciones de esta empresa mixta, porque la ley orgánica de la misma dice que dicha institución tiene la facultad de conocer las transacciones de entidades que manejen recursos públicos, “y en este caso estamos hablando que el patrimonio está comprendido en un cuarenta por ciento por el Estado de Nicaragua” representado por Petronic.

“Es necesario conocer el informe completo de auditoría, que es donde se presentan los estados financieros, donde hay notas que ellos escribieron una serie de observaciones, deben conocerse los balances, los resultados de los períodos, la utilidad o pérdidas en el ejercicio y si hay utilidad qué destino le están dando”, afirma Jarquín, quien recuerda que esto es obligación de la Contraloría “hacerlo del conocimiento público” por la Ley 621, referida a la Ley de Acceso a la Información Pública.