Con la pretensión de la Corte Suprema de Justicia de incrementar las 48 horas de detención hasta 60 días, previo a la audiencia preliminar y sustraer al acusado de su juez competente, no es más que una forma de reconocer que ha violado derechos constitucionales y debe legalizar el actuar arbitrario de sus instituciones, expresó Oscar Castillo, experto en Derecho Constitucional.
LA PRENSA/ARCHIVO
“El Gobierno con esta iniciativa está reconociendo expresamente que lo anteriormente actuado por la Policía y jueces ha sido ilegal e ilícito y violatorio de derechos, por ello lo quiere legitimar”, recalcó Castillo.
El constitucionalista agregó que el Gobierno “se está confesando de haber sido culpable y violador de derechos humanos y de garantías constitucionales de los detenidos de Chichigalpa, de Mina El Limón, de los detenidos y juzgados por los hechos del 19 de julio, entre otros casos”.
NO ESTÁN APROBADOS
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, dijo al respecto que son temas que apenas se están discutiendo con la Fiscalía y otras instituciones judiciales, pero no están aprobadas.
“Son temas que se han estado platicando, apenas son proyectos, hay que verlos con calma. A mí me parece que no tocan la Constitución, porque no podés reformar la Constitución con una Ley ordinaria. Algunos abogados son los que han dicho que la viola, pero ya con criterios políticos y eso no debe discutirse así”, dijo Solís.
El magistrado agregó que a finales de esta semana se espera ya exista un criterio definido al respecto.
LLAMADO LEGISLADORES
Para el abogado litigante Franklin Woo, ambas iniciativas de reforma al CPP violan los derechos constitucionales del investigado o procesado y los legisladores deben revisarlas bien antes de aprobarlas, ya que sería un retroceso en el Derecho Procesal Penal Acusatorio.
Además con la potestad de la Fiscalía de poder acusar en Managua cualquier caso, se centraliza la justicia en una determinada jurisdicción y se estarían formando tribunales de excepción.
También volvería más engorroso el derecho a la defensa, porque familiares incurrirían en más gastos.
FRENO A PRESIÓN SOCIAL
El abogado constitucionalista Oscar Castillo sostuvo que ambas iniciativas de reformas al Código Procesal Penal (CPP) persiguen aplacar la presión social y que en ese intento violan los derechos constitucionales del debido proceso.
“Se están legitimando las acciones anteriores, ocurridas en casos como Mina El Limón, la masacre del 19 de julio y otros casos donde secuestraron a los procesados y los sustrajeron de su juez competente al juzgarlos en Managua”, dijo Castillo.
