El régimen orteguista encarceló la semana pasada a varios activistas políticos opositores, incluyendo a un concejal del municipio de Managua, y ha iniciado un juicio penal contra ellos.
También ha acusado a los diputados por el Partido Liberal Independiente (PLI), Raúl Herrera y Eddy Gómez, a quienes se les tramita un antejuicio político para suspenderles la inmunidad parlamentaria y poder procesarlos junto al concejal Omar Lola y al activista del mismo partido opositor, Pedro Ortiz, quienes se encuentran presos en la cárcel de El Chipote.
A los políticos mencionados se les acusa por los actos de violencia ocurridos el 4 y 11 de noviembre en las inmediaciones del Consejo Supremo Electoral, durante los miércoles de protesta que convoca la oposición en demanda de elecciones libres y transparentes.
También han sido encarcelados y acusados criminalmente, dos cabecillas de los grupos de choque que supuestamente son opositores pero atacan violentamente a los participantes en los miércoles de protesta, e incluso agredieron a periodistas de LA PRENSA y otros medios de información el pasado miércoles 11 de noviembre.
Como ocurre con todos los juicios políticos en los países donde hay dictaduras, este juicio penal es una farsa judicial con burdas acusaciones contra los opositores indiciados. Aquí no hay una justicia independiente, mucho menos para los casos políticos, y el poder judicial es utilizado más bien como
instrumento represivo.
En realidad, no hay dictadura sin presos políticos. Pero no hablamos de la dictadura clásica de la antigua República Romana, idealizada a menudo por historiadores y politólogos. Nos referimos a la grotesca dictadura contemporánea, la que ejercen dictadores sin escrúpulos como los Somoza antes y Daniel Ortega ahora en Nicaragua; o Fulgencio Batista y los hermanos Fidel y Raúl Castro en Cuba, y otros de la misma ralea.
La dictadura no puede existir sin presos políticos, sencillamente porque ante la falta de libertad y democracia siempre hay personas que protestan y luchan contra el régimen dictatorial, el cual reacciona invariablemente cuando menos encarcelando a los organizadores de las protestas.
En la historia política de Nicaragua ha habido muchos presos políticos, algunos de ellos ilustres como el doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, Mártir de las Libertades Públicas y Director Mártir de LA PRENSA, en la época de la dictadura somocista. Y también ha habido innumerables prisioneros y perseguidos políticos mucho menos conocidos, pero en todo caso admirables luchadores por sus ideales y objetivos democráticos.
El mismo Daniel Ortega fue un preso político cuando luchaba contra la dictadura somocista, promovía la lucha armada para derrocarla y asaltaba bancos para financiarla.
Pero ahora ya no es víctima de un régimen dictatorial, sino cabecilla de una nueva dictadura que, como todas, no puede existir sin tener políticos presos en sus mazmorras y procesados en sus tribunales.
