Como era de esperarse, la reunión especial del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) sobre los migrantes cubanos atascados en la frontera de Costa Rica con Nicaragua, no produjo ningún resultado práctico ni positivo.
La verdad es que no se podía esperar que saliera una solución adecuada de esa reunión, que tuvo lugar en San Salvador el martes de esta semana, si quienes participaron en ella fueron burócratas para quienes las leyes de los estados y las políticas de sus gobiernos están por encima del interés de las personas y del sufrimiento humano. Y en el caso de Nicaragua, a la insensibilidad burocrática hay que sumarle el desprecio del régimen orteguista a los migrantes cubanos por sus compromisos políticos con la dictadura comunista de Cuba.
El principio de soberanía nacional es válido y los gobiernos deben hacerla respetar. Pero una cosa es que un Estado invada el territorio de otro país y algo muy diferente el movimiento migratorio de seres humanos, que huyen de conflictos bélicos o regímenes opresores o buscan en otras tierras condiciones de vida digna que los gobiernos de sus países no les garantizan. En este caso se trata de un problema esencialmente humano, no obstante sus connotaciones políticas, y por lo tanto se debe manejar como una cuestión humanitaria.
Por otra parte, está bien que los gobiernos de Centroamérica discutan con el de EE. UU. las políticas migratorias y pidan para los migrantes centroamericanos, condiciones iguales que las concedidas a los cubanos que pisan tierra estadounidense. Pero mientras llegan a acuerdos, si acaso tuvieran la voluntad de lograrlos, el dramático caso de los cubanos varados en la frontera norte de Costa Rica urge una solución humanitaria.
“Debemos tener en mente que los migrantes son, ante todo, seres humanos con derechos humanos y no se les puede considerar o presentar únicamente como agentes de desarrollo económico”, han expresado de manera conjunta los relatores de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y añaden que “todos los migrantes, en virtud de su dignidad humana, están protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos, sin discriminación, en condiciones de igualdad con los ciudadanos, independientemente de su situación administrativa o de su condición”.
Esas consideraciones de principios no son tomadas en cuenta por quienes enfocan y manejan el problema de los migrantes cubanos con criterio burocrático. La Iglesia católica, en cambio, ha pedido mediante una declaración de los obispos centroamericanos reunidos en Costa Rica, “la creación de un corredor humanitario que permita el libre tránsito por sus países de las personas migrantes de nacionalidad cubana que pretenden llegar a Estados Unidos, con el fin de acogerse a los beneficios migratorios de la Ley de Ajuste Cubano, así como de otras medidas que garanticen la seguridad de estas personas”.
Por su parte los organismos de derechos humanos han planteado la misma solución sugerida por los obispos, porque es la única manera de resolver la crítica situación de esos seres humanos que son los migrantes cubanos.
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