Los diputados opositores Raúl Herrera y Eddy Gómez están siendo despojados de su inmunidad parlamentaria, mediante el procedimiento de juicio sumario. Los juristas explican que con el juicio sumario se procede a la mayor brevedad, omitiendo los trámites y formalidades del proceso ordinario, que son indispensables para garantizar el derecho al debido proceso.
De acuerdo con el Capítulo VII, del Título IV, artículos 150 al 157 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el procedimiento para suspender la inmunidad de un diputado y otros funcionarios que gozan de ese privilegio constitucional tarda hasta 36 días y todavía 10 días más si el afectado los pide como prórroga. Sin embargo, los diputados Herrera y Gómez están siendo desaforados en menos de una semana, por el procedimiento de juicio sumario que se les ha aplicado a fin de que rápidamente un juez orteguista los juzgue —y condene— posiblemente mediante el mismo procedimiento de excepción.
Los dos diputados mencionados, así como el concejal opositor de Managua, Omar Lola, y el activista del PLI, Pedro Ortiz, son acusados por los actos de violencia ocurridos en los “miércoles de protesta” del 4 y 11 de noviembre recién pasado, en los cuales lo que hicieron fue defenderse de la agresión de turbas de provocadores. Pero, además, los diputados de la oposición ya habían sido amenazados por el régimen orteguista con desaforarlos, por su participación en las jornadas semanales de lucha en demanda de justicia y transparencia electoral.
El 4 de agosto pasado, la diputada del PLI, María Eugenia Sequeira, quien ocupa el cargo de segunda vicepresidenta del órgano legislativo del Estado, y el jefe de bancada del mismo partido opositor, diputado Wilber López, denunciaron públicamente que en la sesión de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de ese mismo día la presidenta en funciones, diputada orteguista Iris Montenegro, “amenazó con desaforar a todos los diputados de la Bapli (bancada del PLI) por su participación en las protestas que se realizan cada miércoles frente a la sede nacional del Consejo Supremo Electoral (CSE)”.
De manera que es fácil deducir que la violencia ocurrida durante las jornadas de protesta de los miércoles 4 y 11 de noviembre en Managua fue provocada deliberadamente por el régimen orteguista, con el fin de tener el pretexto necesario para desaforar a algunos de los diputados opositores. A algunos, porque aunque la dictadura está criminalizando las protestas democráticas no puede desaforar y procesar a todos los diputados de la oposición, ni siquiera a los que participan regularmente en las jornadas de los miércoles, y en esta ocasión el palo ha caído sobre los legisladores Herrera y Gómez.
Es evidente que el orteguismo quiere sentar un precedente con el castigo a estos dos diputados, así como al concejal Lola y al activista político Ortiz, para intimidar a los demás y advertirles que eso mismo les puede ocurrir si continúan promoviendo “los miércoles de protesta”. Pero difícilmente el orteguismo podrá conseguir ese objetivo, porque la lucha por la justicia electoral solo puede terminar cuando haya elecciones libres y transparentes.
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