Este martes 1 de diciembre llegó a la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional la solicitud de desafuero para los diputados Eddy Gómez y Raúl Herrera, acusados de participar en supuestos hechos de violencia ocurridos el miércoles 4 de noviembre en los alrededores de la rotonda Rubén Darío, de Managua.
Ese día se desarrolló la jornada 30 de protesta frente al Consejo Supremo Electoral, institución a la que la oposición de Nicaragua le reclama transparencia en el manejo de las elecciones generales previstas a realizarse en noviembre del año 2016.
En esas fechas Nicaragua elegirá presidente, vicepresidente, 90 diputados nacionales y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano. Las protestas fueron bautizadas por los manifestantes como “miércoles de protestas” y en ellas se desarrolló la trama que llevó al desafuero de los dos diputados.
1 de diciembre
Se aprueba el desafuero de los diputados.
27 de noviembre
La citada Comisión Especial decidió someter a desafuero a los dos diputados, para que enfrenten la justicia sin la inmunidad parlamentario que les permite ausentarse de juicios ordinarios.
19 de noviembre
Se creó una Comisión Especial que estudió el retiro de la inmunidad, presidida por el diputado Wilfredo Navarro del Partido Liberal Constitucionalista, e integrada por los diputados Edwin Castro, jefe de la bancada sandinista; las diputadas sandinistas Irma Dávila y María Auxiliadora Martínez y el diputado del PLI, Javier Vallejos.
18 de noviembre
La Juez Noveno de Distrito Penal de Audiencias de Managua, ordenó auto de segura y formal prisión contra el concejal de Managua por el PLI, Omar Lola, Pedro Ortiz, David Campos de Forfunic y Jairo Contreras de Rejudin, a quienes la Fiscalía acusó como autores de los delitos de Homicidio en Grado de Frustración y Amenazas a los primeros; a Campos y Contreras los acusan de coautores de robo agravado y lesiones contra periodistas de diferentes medios de comunicación que daban cobertura a las protestas de los miércoles frente al CSE en Metrocentro.
La judicial encontró razones para procesar a los diputados del PLI, Raúl Herrera y Eddy Gómez, por estar involucrados en los hechos de violencia y pidió se informe a la Primera Secretaria de la Asamblea Nacional, diputada Alba Palacios, para que gestione el desafuero de los diputados de oposición.
En cuanto a los diputados Eddy Gómez y Raúl Herrera, la Fiscalía estableció que cuando el 4 de Noviembre vieron que Campos y otros portaban una manta contra Eduardo Montealegre, procedieron a arrebatarla por la fuerza y junto con otros miembros del PLI agredieron a Campos, le lanzaron pintura, huevos y aceite negro y luego Omar Lola, conjuntamente con otras personas, con hebillas de fajas (cinturones) agredieron a Campos hasta hacerlo caer en el suelo.
Juez Indiana Gallardo pide a la Asamblea Nacional levantar la inmunidad a los dos legisladores imputados.
12 de noviembre
Los afectados interpusieron formal denuncia por los daños ante las autoridadades policiales y organismos de derechos humanos.
11 de noviembre
Llegaron unos 70 jóvenes con garrotes, tubos, piedras, lanza morteros artesanales y pasamontañas en sus rostros. Ese día provocaron el caos y la violencia en la zona, agrediendo y robando a periosistas, civiles y manifestantes por igual. Los periodistas de LA PRENSA, Emiliano Chamorro y Xochilt Gutiérrez, fueron agredidos y robados cuando cubrían las protestas.
4 de noviembre
Activistas del PLI se enfrentaron a los grupos de jóvenes de Rejudin y Forfunic y los apalearon delante de la policía. En la violenta respuesta, el concejal liberal Omar Lola fue filmado dando fajazos y golpes al líder de Forfunic, David Campos, quien se refugió impotente a orillas de las botas de los policías mientras recibía golpes. En sus redes sociales, los miembros de las dos organizaciones anunciaron una “jornada de miércoles de venganza”.
2 de septiembre
Un hombre identificado como Samir Matamoros, de 27 años, realizó varios disparos al aire durante una riña colectiva en la manifestación semanal, sin dejar heridos. Matamoros, con un extenso expediente por delincuencia, fue detenido el día después de la protesta y en medio de acusaciones a organizaciones de la sociedad civil, fue enjuiciado y condenado a cuatro años de prisión por exposición de personas al peligro y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
15 de julio
Los miércoles de protestas se volvieron tensas manifestaciones que bloqueaban la circulación por Managua. Bajo la presencia intimidante de cientos de policías, grupos de protestas afines al presidente Ortega empezaron a llegar al sitio, tales como las fuerzas pro-gobierno de José Luis Ruiz González, ex miembro de la antigua guerrilla Contra, quien se identifica con el aias de “comandante Lucas” y quien asistió al sitio con decenas de hombres con pasamontañas para apoyar al Consejo Supremo Electoral.
8 de julio
Chocan manifestantes contra cordón de policías. Resultan varios heridos y detenidos temporales, entre ellos diputados, periodistas, reporteros gráficos y agentes del orden. Los miembros de la Fundación Forjando el Futuro de Nicaragua y Resistencia Juvenil Patriótica se distancia del bloque opositor e inician hostilidades contra el PLI y demás organizaciones, a quienes lanzan huevos, gas pimienta y piedras.
1 de julio
Los manifestantes se encontraron con un despliegue policial, en donde las principales calles de la capital fueron cerradas, provocando embotellamientos. Desde entonces, cada miércoles, contigentes de hasta 300 policías de línea y tropas antimotines se apostan frente al CSE y sus periferias para impedir que las protestas provoquen daños al edificio, al cual ya han lanzado huevos y cabezas de cerdos, además de piedras y morteros artesanales.
24 de junio
En la edición 11 del plantón, apareció la dirigencia del Partido Liberal Independiente (PLI) con el excandidato presidencial Eduardo Montealegre a la cabeza.
29 de abril
Se suman Fundación Forjando el Futuro de Nicaragua, Resistencia Juvenil Patriótica, Movimiento Renovador Sandinista y Coalición Nacional por la Democracia.
15 de abril
Grupos juveniles piden la destitución del magistrado electoral y presidente de ese Poder del Estado, Roberto Rivas Reyes, acusado de corrupción en las elecciones municipales del año 2008 y en las generales del 2012. Participan miembros juveniles del Movimiento Democrático de Nicaragua y estudiantes universitarios, que hacían burlas contra los funcionarios del Poder Electoral, a la vez que pedían cambios en el sistema de conteo de votos y transparencia en el resultado de los comicios.