Los medios noticiosos no pasarán muchos días ocupadas en los sorprendentes despidos acaecidos recientemente en la Universidad Americana de Managua. Y sin embargo, el hecho tiene una trascendencia mucho mayor de lo que aparenta pues se trata, no solo de la libertad de los docentes de pensar sino también la de los estudiantes de recibir información, análisis críticos y opiniones de fuentes diversas.
Si viviéramos en una democracia y tuviéramos un sistema judicial no parcializado políticamente, los decanos y profesores despedidos de la UAM, podrían demandar a la Universidad con la casi total certeza de que ganarían la demanda. En ningún país donde existe un sistema de universidades que funcione adecuadamente, se puede despedir a profesores y menos decanos, de un día para otro, sin mediar ningún argumento de peso.
Las sociedades en las democracias han establecido normas y requisitos que precisamente impiden este tipo de arbitrariedades especialmente contra profesores universitarios. La libertad de cátedra, la libertad de expresión han sido fundamentales en el desarrollo intelectual diverso y crítico de las ideas modernas desde las primeras universidades. La protección de esa libertad se ha considerado, por lo mismo, intrínseca a la esencia de lo que significa la misión de desarrollar criterios que es básica en la educación universitaria.
Desde las Reformas Universitarias en América Latina, a principios del siglo XX, los principios de libertad de cátedra, cátedra paralela y cátedra libre se establecieron para garantizar el acceso de los estudiantes a diferentes corrientes de pensamiento. La libertad de los profesores de impartir sus materias sin supervisión académica y en libertad ha sido derecho de docentes y estudiantes dentro del marco de la autonomía universitaria.
Es por esto que llama la atención y preocupa la actitud de la directiva de la UAM de suspender a un grupo de catedráticos y decanos públicamente identificados con posiciones críticas al gobierno de turno. Ya la primera señal de la actitud excluyente y de implícita censura de la universidad se produjo cuando, tras que el rector cediera el auditorio para que Carlos Fernando Chamorro entrevistara a la periodista mexicana Carmen Aristegui, en ocasión del 15 Aniversario del Programa Esta Semana, la directiva negó el uso del auditorio para esta actividad.
Si en el pasado las universidades estatales, especialmente la UNAN de León, hostilizó e impidió a Sergio Ramírez y Dora María Téllez que impartieran conferencias, hoy es la UAM, una de las universidades privadas, más élite de la ciudad, la que restringe, por motivos políticos, el acceso de los estudiantes a profesores calificados y castiga a estos con despidos injustificados. El caso es más alarmante por cuanto resulta que el mayor socio accionista de dicha Universidad es el Instituto de Previsión Social Militar (IPSM) del Ejército de Nicaragua y actualmente el presidente de su Junta Directiva es un militar, el coronel Félix Palacios Bragg. ¿Proviene del Ejército este mandato? Obviamente esta acción pone en cuestión la imparcialidad de esta institución castrense, hasta hace poco modelo de profesionalismo, así como pone en cuestión la mentalidad de los empresarios que también componen el capital y directiva de esta institución educativa.
¿Cómo es posible que nuestro Ejército al que pagamos los nicaragüenses por proteger y defender nuestra libertad, así como los empresarios que tanto afirman luchar por los principios republicanos de Nicaragua, terminen unidos en una acción contra la libertad de cátedra y la libertad de expresión?
Los estudiantes de la UAM y los padres que pagan altas matrículas y mensualidades para que sus hijos se eduquen en una institución amplia de criterios y moderna, tendrían que cuestionar este procedimiento y demandar la restitución laboral de los injusta y sumariamente despedidos. La juventud no debe admitir que la priven de su derecho a escuchar y a formarse sus propias opiniones.
La autora es escritora, presidenta de PEN Nicaragua.