El movimiento Ciudadanos Unidos por Nicaragua (CUN) y la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos de Nicaragua (ANPDH) concluyeron, durante un foro, que el Gobierno tiene dos grandes ejes de ataque en contra de los derechos humanos de los nicaragüenses: La construcción de pirámides de leyes y operadores de justicias para legalizar las violaciones que antes se hacían arbitrariamente.
Jaime Chavarría, secretario de la ANPDH, dijo que los administradores de justicia aplican las leyes según la ideología política del ciudadano. “Si los ciudadanos están militando en una organización política diferente a la del partido de Gobierno, les aplican el paquete de leyes que han venido aprobando recientemente”.
Chavarría expuso el ejemplo de la reciente aprobación de la Ley de Seguridad Soberana, la Ley 840 del proyecto canalero y las reformas legislativas que están en perspectivas. Bernardo Pastora, miembro del CUN, aseguró que la Ley de Seguridad Soberana pretende controlar y militarizar todo el país, imponiendo el sistema del “socialismo del siglo XXI” basado en el ejemplo de Cuba y Venezuela, donde el ejército es la columna vertebral de la sociedad.
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“En esta ley indican que el Ejército tiene una alianza con los ministerios y ellos se van a meter en la distribución de alimentos como hacen en Venezuela. Igualito que hicieron en Nicaragua en la revolución en los años 80, donde había retenes para quitarle los productos a la gente que traía a vender a la ciudad”, agregó Pastora.
Según Chavarría, una de las conclusiones del foro es el planteamiento del rediseño de las estrategias de las instituciones democrática, incluyendo los organismo de derechos humanos, cuyas estrategias “han sido equivocadas, no han sido consistentes y han sido reactivas, sin un plan proactivo que busque proteger todo el andamiaje de derechos de la personas”.