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El pasado 22 de octubre el juez Henry Morales reprogramó la audiencia inicial para los casos de protesta en Mina El Limón y Chichigalpa por cuestiones de salud y a la fecha no ha dado nueva fecha de audiencia. LA PRENSA/ARCHIVO

Acusados por protestas dos meses en limbo jurídico

“Estuvieron incomunicados como un mes, ahora ya los dejan ver, pero no informan cuál es la situación legal de ellos. Entonces están secuestrados por la Policía”, dice defensor de los Derechos Humanos

Han pasado 56 días desde la audiencia preliminar realizada el 11 de octubre a los sindicalistas enfermos de insuficiencia renal crónica que protestaron frente a la Alcaldía de Chichigalpa, el pasado 7 de octubre. Desde entonces el juez Henry Morales, titular del Juzgado Sexto Distrito Penal de Audiencia de Managua, sigue sin convocar a audiencia inicial, causando una clara retardación de justicia, denunció Sheyla Moreira, abogada de varios de los acusados.

En la misma situación se encuentran los detenidos por las violentas protestas en Mina El Limón, donde trabajadores sindicalistas protestaron ante la compañía B2Gold por reintegro laboral y el 6 de octubre se enfrentaron con la Policía.

Unos 12 obreros fueron acusados por al menos diez delitos, entre estos crimen organizado y homicidio frustrado.

Los procesados en el caso de Chichigalpa, entre ellos Luis Roberto Nicoya Juárez, Pedro José Bonilla Pérez, Plutarco Munguía, Mariela Molina Peña y 11 personas más, están siendo acusados de crimen organizado, robo agravado, daño agravado y otros, en perjuicio de la Alcaldía de Chichigalpa y la gasolinera Petronic de la localidad.

Ellos están en espera de audiencia inicial desde el pasado 22 de octubre, igual que los de Mina El Limón porque ese mismo día tenían programada audiencia, pero fue reprogramada a petición del judicial Henry Morales bajo la excusa de “encontrarse mal de salud”.

“El miércoles 9 de diciembre voy a volver a ir al juzgado, porque sigo sin recibir notificación para la audiencia”, expresó Sheyla Moreira Contreras, defensa de Mariela Molina y otros acusados.

El juez Morales insistió en decir a LA PRENSA que reprogramará esas audiencias “conforme a agenda”, pero sin dar fechas.

Perjudicados en sus derechos humanos

Los acusados llevan dos meses detenidos (desde el 7 de octubre) y no se les ha realizado la audiencia inicial. “Estamos en plazo vencido y son los acusados quienes están siendo perjudicados junto con sus familiares”, dijo Moreira.

Lea: Denuncian retardación de justicia en caso de Chichigalpa

Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), dijo que en el mismo caso de Chichigalpa están detenidos los ciudadanos Ángel Emilio Hernández y Noe Ocampo Romero, que están encarcelados en la Dirección de Auxilio Judicial Nacional y no han sido llevados ante el juez ni explican por qué los tienen detenidos.

“Estuvieron incomunicados como un mes, ahora ya los dejan ver, pero no informan cuál es la situación legal de ellos. Entonces están secuestrados por la Policía”, dijo Cuevas, quien informó que llevará la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Así ocurrieron los hechos en Chichigalpa

 

El Ministerio Público acusó por los disturbios ocurridos en Chichigalpa, el pasado 7 de octubre, cuando sindicalistas supuestamente incendiaron la Alcaldía de la municipalidad y destrozaron una gasolinera Petronic y hubo saqueo en ambas instalaciones, según la acusación.

El monto de los daños ocasionados supera los 477,000 córdobas en perjuicio de la Alcaldía de Chichigalpa.

En el caso Mina El Limón acusan a los sindicalistas de hacer plantones desde el 21 de septiembre hasta el 6 de octubre, que incendiaron la delegación policial de la localidad, lesionaron a policías que los reprimían, incluyendo un oficial que murió en la protesta.

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