Durante el XVII Foro para la Defensa de los Derechos Humanos, realizado en Bruselas, Bélgica, del 2 al 5 de diciembre, la doctora Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh), expuso las repercusiones de la Ley de Seguridad Soberana, aprobada hace una semana por la aplanadora sandinista, que domina la Asamblea Nacional.
“Expuse la Ley de Seguridad porque la creación de leyes de ese tipo forman parte de todos los esfuerzos de criminalización que impulsan los gobiernos violadores de los derechos humanos en contra de la sociedad que reclama y específicamente contra los defensores de los derechos humanos”, reseñó Núñez.
La titular del Cenidh también denunció ante el foro internacional las reformas constitucionales que Ortega viene haciendo para acumular poderes y someter a la población.
“Yo denuncié las persecuciones y el hostigamiento descarado que hay en el país y expresé que Ortega con esa Ley (Ley SS) lo que hace es tratar de encubrir con carácter de legalidad todas las violaciones de derechos humanos que viene cometiendo”, afirmó Vilma Núñez.
UTILIZA LAS INSTITUCIONES
La defensora de los derechos humanos aseguró que en su ponencia dejó claro que el presidente inconstitucional Daniel Ortega utiliza la Policía Nacional, Ejército de Nicaragua y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para reprimir a sus opositores.
“Dije que en todos los atropellos Daniel Ortega está utilizando a la Policía, al Ejército y la Corte Suprema para reprimir a lo que él considere opositor”, aseguró la doctora Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.
El sábado pasado, el movimiento Ciudadanos Unidos por Nicaragua (CUN) y la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos de Nicaragua (ANPDH) concluyeron, durante un foro, que el Gobierno tiene dos grandes ejes de ataque en contra de los derechos humanos de los nicaragüenses: La construcción de pirámides de leyes y operadores de justicias para legalizar las violaciones que antes se hacían arbitrariamente.
Jaime Chavarría, secretario de la ANPDH, dijo en dicho foro que los administradores de justicia aplican las leyes según la ideología política del ciudadano. “Si los ciudadanos están militando en una organización política diferente a la del partido de Gobierno, les aplican el paquete de leyes que han venido aprobando recientemente”.