El megaproyecto con concesión a intereses chinos para construir un canal interoceánico en Nicaragua fue defendido en París como una iniciativa verde por el gobierno de Managua en la COP21 e impugnado en cambio como un “escándalo ambiental” por varios organismos no gubernamentales.
De una envergadura sin precedentes, el canal de 280 km de largo, 230 metros de ancho y 30 metros de profundidad, atravesará el sur de Nicaragua para permitir el paso de barcos de carga de enorme calado.
Su impacto ambiental es objeto de una pugna entre quienes lo denuncian como una catástrofe y el gobierno sandinista, representado en la COP21 por el ministro de Políticas Nacionales, Paul Oquist. “El gran canal interoceánico va a reducir anualmente 32,5 millones de toneladas equivalentes de CO2 a la cuenta del comercio marítimo mundial al llegar a atender 5% del comercio mundial”, aseguró el responsable.
Varias organizaciones de la sociedad civil convocaron a la prensa para denunciar el proyecto, resultante según ellos de una ley aprobada en 2013 en apenas una semana sin consenso de la población.
La concesión del canal –que tendría 2 a 3 veces las dimensiones del de Panamá–, fue otorgada al grupo HNDK, con sede en Hong Kong, vinculado al multimillonario chino Wang Jing. “No es el mecanismo de desarrollo que necesita el país”, dijo a la AFP Amaru Ruiz Alemán, presidente de la Fundación del Río. “Creemos en el desarrollo local, de las potencialidades del territorio y en alternativas como el turismo y el aprovechamiento natural de los recursos naturales y no de estos megaproyectos que llegan a establecerse como enclaves dentro de los países”.
Doble discurso
Los activistas denuncian que este tipo de proyectos, al igual que los de megaminería promovidos en otros países de América Latina para responder a las voraces necesidades de China o India son contrarios a los intereses de la región. “Sólo van a generar riquezas para los países que tengan el dominio sobre los proyectos”, advirtió Ruiz Alemán.
En particular el canal proyectado en Nicaragua representaría un peligro para el lago Cocibolca vecino, la reserva de agua dulce más grande de Centroamérica y segundo en América Latina.
También atentaría –según los ambientalistas– contra grandes áreas protegidas como la reserva de biósfera de río San Juan, que incluye una reserva indígena y un bosque tropical húmedo bien conservado.
“Los estudios demuestran que más de 100,000 personas van a ser afectadas en el trayecto del canal”, dijo Ruiz Alemán.
Los activistas denuncian que Nicaragua por un lado reclame “justicia climática” en las negociaciones sobre un acuerdo global en París y, por otro, defienda un proyecto que representaría emisiones masivas de CO2.
Proyectos como el del canal, sostiene Ruiz Alemán, por su envergadura deberían ser muy vigilados, transparentes y cumplir con todas las condiciones socioambientales. La oenegé francesa Envol Vert, que trabaja con programas forestales en zonas que se verán afectadas por el canal, se sumó al reclamo y pidió a Francia, país anfitrión de la COP21, “no ser cómplice del proyecto destructor” favoreciendo la participación de empresas francesas.
