Laura Dogu, la nueva embajadora de Estados Unidos (EE. UU.), con amigable rostro, vestuario de colores pasteles, recorridos por el país, promoción en redes sociales y apertura a medios de comunicación, se proyecta maravillada por nuestra gente, las bellezas naturales y el potencial de Nicaragua. Aún está por verse si resulta parecida a Jimmy Carter en su etapa más ingenua, o a Bill Clinton, que sabe bailar entre cocodrilos.
En comparecencia ante el Senado en julio del 2015, Dogu abordó el monitoreo del proyectado Canal Interoceánico, la presencia militar rusa, solución de confiscaciones, intercambio comercial, prevención de terrorismo y tráfico de drogas.
La Estrategia Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, plataforma del Departamento de Estado, incluye prioridades como emigración ilegal, trata de personas, blanqueo de capitales, democracia y Derechos Humanos, destacando sobre lo último: “Vemos fundamental para nuestros intereses apoyar una paz justa alrededor del mundo, una en la que los individuos, y no solamente las naciones, tengan los derechos fundamentales que merecen”.
El reporte de 2014 sobre Nicaragua publicado por el Departamento de Estado, abarca denuncias por concentración del poder y autoritarismo del FSLN en las ramas del Estado, irregularidades electorales, corrupción, detenciones arbitrarias, abusos contra periodistas, restricción a información pública, impunidad, discriminación hacia minorías, violaciones a derechos sindicales, tortura y maltrato policial, supuestos asesinatos con motivaciones políticas, politización de la Policía Nacional que además no ha investigado denuncias de lavado de dinero y tráfico de narcóticos que podrían involucrar a oficiales, represalias a empleados públicos, opositores víctimas de robos, acaparamiento de medios de comunicación, restricciones a la libertad académica, educación con fines partidarios, control de fondos para sociedad civil, no transparencia en asuntos del proyectado Canal Interoceánico, etc., etc.
La embajadora Dogu enviará el informe de 2015. Al menos supone actualizar los atropellos del oficialismo para instaurar una dictadura, la llamada Ley de Seguridad Soberana, el caso Las Jagüitas, otros abusos policiales y de fuerzas de choque, desaforación y juicios contra opositores, así como el éxito de las marchas campesinas contra el Canal y las protestas en demanda de cambios en la ley electoral y elecciones honestas.
En la Estrategia de Seguridad Nacional, la Democracia y Derechos Humanos en el exterior son fundamentales “porque los gobiernos que respetan estos valores son más justos, pacíficos y legítimos”. Si bien aboga por el diálogo, señala que “cuando nuestras propuestas son rechazadas, debemos liderar la comunidad internacional utilizando la diplomacia pública y privada, delineando incentivos y desincentivos, en un esfuerzo por cambiar el comportamiento represivo”.
Para los nicaragüenses demócratas en suelo patrio y los que residen en EE. UU. (según la Oficina del Censo, en el 2013 sumaban más de 381 mil, 56 por ciento de ellos nacionalizados, y la cifra general en 2015 superaría holgadamente los cuatrocientos mil), a once meses de elecciones presidenciales en ambos países sería de mucho interés que la administración Obama pase de reportes elocuentes y poco conocidos, a una más efectiva promoción de la democracia en Nicaragua.
Si bien a los nacionales corresponde escoger su destino, esto se logra con el libre ejercicio de los derechos ciudadanos y un proceso electoral honesto, por lo que sería deseable que la embajadora exprese la “diplomacia pública” con mayor énfasis, pues tras nueve años de “diplomacia privada” no se ven resultados. Dogu debe saber que el gran capital no representa a la población, que el factor güegüense marca las encuestas y que los Ortega-Murillo no han sido ni serán amigos de su país.
En un mundo interconectado e interdependiente, para construir un Estado de Derecho, Nicaragua requiere de la ayuda de la comunidad internacional y sus instrumentos democráticos.
El autor es periodista.
