La Asamblea Nacional aprobó extender hasta el 30 de junio de 2017 la vigencia del artículo 303 de la Ley de Concertación Tributaria, referido a la regulación conocida como Precios de Transferencia, la que estaba prevista para 2016.
El presidente del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, Geovani Rodríguez Orozco, calificó de positiva la prórroga de 18 meses de la entrada en vigencia de dicha regulación, pero señaló que es necesario que las empresas y profesionales vinculados a este tema continúen el proceso de preparación y no dejarlo hasta en último momento.
Rodríguez precisó que las empresas que ya estaban preparadas para afrontar esta regulación deben ocupar este período para “hacer una autoevaluación sobre cómo les va a impactar todo este artículado fiscal, si van a pagar más impuestos o identificar estrategias fiscales que van a implementar para hacerle frente a esta medida”.
El representante gremial aseguró que hasta la fecha al menos unos ochocientos contadores públicos han sido capacitados. Además precisó que también la parte gubernamental debe apostar por una mejor preparación sobre esta regulación para evitar fallos en el proceso de implementación de la misma.
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El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, explicó que esta medida va a permitir que aquellas empresas vinculadas con sus pares en el exterior, también se vean beneficiadas con esta prórroga.
“Hemos considerado que necesitábamos darnos un mayor tiempo para preparar a las empresas, para preparar el sistema y que en este sentido teníamos que pedir esa solicitud y que el Gobierno atendió dando un espacio de 18 meses adicionales hasta el 30 de junio de 2017”, dijo el presidente del Cosep.
La fiscalización de los precios de transferencia afectará principalmente las operaciones de las multinacionales que están en Nicaragua, porque el Fisco a través de diversos métodos de control comprobará que los precios de las transacciones de estas estén acordes al mercado y no “inflados” en colusión con sus casas matrices para evadir o reducirse el pago de impuestos en Nicaragua.