De las reformas constitucionales en Ecuador que fueron aprobadas el jueves 3 de diciembre, casi solo se ha hablado (a nivel internacional) de la que permite la reelección presidencial indefinida. Y de esto lo más comentado ha sido la sorpresiva decisión del presidente Rafael Correa, de que la reforma que permite la reelección indefinida entrará en vigencia a partir del 24 de mayo de 2017. Esto se interpreta como que Correa, quien ya se ha reelegido dos veces (en 2009 y 2013), no podrá presentarse en las elecciones de febrero de ese mismo año para aspirar a otra reelección.
Pero entre las reformas constitucionales del 3 de diciembre hay otras que son letales para la democracia ecuatoriana, o lo que va quedando de ella. Tal es el caso de la reforma que autoriza a las Fuerzas Armadas intervenir en la defensa de la seguridad interna del Estado, así como la que califica la información como un “servicio público” y por lo tanto permite al Gobierno controlar e impedir el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa. Esta aberración ya se encuentra establecida en la Ley Orgánica de Comunicación, pero a partir de ahora el control de medios y la censura de prensa tendrán rango constitucional.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), por medio de su presidente, el periodista estadounidense Pierre Manmigault, ha denunciado que el Gobierno de Rafael Correa “se arroga la potestad y el poder de conceder o no el derecho del público a la información, un derecho humano que no le pertenece a la autoridad, sino al pueblo, como rezan los principios internacionales tal como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también la Declaración de Chapultepec”.
Según informa la SIP, hasta marzo de este año el Gobierno de Rafael Correa tenía a su servicio 28 medios de comunicación social. Además, una cadena de trescientas radioemisoras están alineadas a la política gubernamental; y hace una semana el diario oficial El Telégrafo compró el 49 por ciento de las acciones del diario El Tiempo, de manera que sigue aumentando la cantidad de medios acumulados por el Estado y puestos al servicio del Gobierno.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, el periodista uruguayo Claudio Paolillo, explicó por su parte que “darle al Estado el poder de determinar que se trata de un servicio público, como un equivalente a otros servicios estratégicos como pueden ser el del agua, la electricidad, la salud o la seguridad pública, demuestra claramente que el Gobierno se arroga para sí la posibilidad, por razones de su entera conveniencia, de controlar la información”.
En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega también ha comprometido legalmente al Ejército en la defensa de la seguridad interna, por medio de la denominada Ley de Seguridad Soberana que sustituyó a la Ley de Seguridad Democrática. Esperamos que el orteguismo no quiera copiar también al régimen autoritario de Ecuador, declarando la información como un servicio público para tener la potestad de regularla y censurarla.
