La represión, cárcel y procesos judiciales abiertos contra ciudadanos, diputados, concejales y activistas opositores del Partido Liberal Independiente (PLI) hacen creer a políticos y miembros de la sociedad civil que 2016 será “un año muy difícil”, en que avizoran que crecerá la protesta social y en consecuencia la represión del gobierno inconstitucional de Daniel Ortega.
La presidenta del Centro Nicaragüenses de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, explicó que lo más difícil de las luchas sociales el “control del orteguismo en todas las instituciones del Estado, el uso de la Policía para reprimir y el Ejército para intimidar” a los ciudadanos que demandan cambios en el sistema electoral, exigen la derogación de la Ley de Canal Interoceánico (Ley 840) aprobada por la bancada de Ortega en el Parlamento y otras demandas de sectores específicos como los mineros y los indígenas.
“HAY QUE PREPARARSE PARA PROTESTAR”
Aún así, Núñez señala que las elecciones legislativas de Venezuela, en que triunfó la oposición, deben ser tomadas como ejemplo para participar en las presidenciales de 2016, porque demostraron que la votación masiva no permite fraudes. Núñez advirtió, sin embargo, que es muy difícil que Ortega rectifique o reconozca una derrota.
“El año que viene puede ser muy, muy difícil. Un año en que hay que prepararse para protestar, para reclamar, no se debe dar un paso atrás, la gente no se debe dejar amedrentar, porque precisamente eso es lo que quiere ese hombre: meter en miedo a la gente para que no vayan a votar”, expresó la presidenta del Cenidh.
El teniente coronel en retiro Irving Dávila, especialista en temas de gobernabilidad, opinó que la represión del gobierno orteguista obedece a la resistencia al cambio que demandan los ciudadanos cada vez más y considera que el próximo año se podrían intensificar las protestas y con ello la represión.
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“Me temo que ellos van a tratar de profundizar precisamente la represión, profundizar los abusos y legitimar la represión con leyes como la de Seguridad Soberana”, dijo Dávila en alusión a la ley aprobada el dos de diciembre en la Asamblea Nacional, la cual deja a discreción del Gobierno y del Ejército lo que puede ser considerado como “amenaza” a la seguridad soberana.
LA PROPUESTA DE LA CSJ
Dávila señaló que el próximo año está latente la aprobación del anteproyecto de Ley de reforma al Código Procesal Penal para ampliar el período de las detenciones que la Constitución fija en 48 horas para presentar una acusación ante el juez. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) propone extenderlo hasta 60 días.
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Dávila opina que esa reforma es un complemento a la Ley de Seguridad Soberana, que vendría a legitimar la mayor represión ante las protestas que se esperan el próximo año.
“Esto nos lleva a pensar que tienen temor de que la gente pueda alzarse en las calles y que ellos pierdan el control total de las calles que han tenido siempre”, consideró el militar retirado.
LOS FACTORES QUE INFLUIRÁN EN LAS ELECCIONES
Todos los malestares de la ciudadanía nicaragüense, más la crisis económica y los cambios que proyecte Venezuela –con una nueva Asamblea controlada por la oposición–, serán parte del contexto del año electoral, advierte el general en retiro y diputado ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen), Hugo Torres.
“El descontento de la población se va a evidenciar en el número de protestas, no solamente en las calles, sino en la masividad del voto en las elecciones de noviembre del próximo año”, dijo Torres, del Movimiento Renovador Sandinista (MRS).
Torres señaló que la masividad del voto debe complementarse con la unidad de la oposición para hacerle frente a Ortega.
“El ejemplo de Venezuela es muy llamativo en ese sentido y ha prendido en la conciencia del voto en la mayoría de los nicaragüenses”, sostuvo el general en retiro, esperando que la gente vote masivamente en noviembre de 2016.
CARTA A UNIÓN EUROPEA
La Coalición Nacional por la Democracia, encabezada por el Partido Liberal Independiente (PLI), dirigió una carta a la Delegación de la Unión Europea (UE) para Centroamérica y Panamá para llamar su atención sobre lo que advierten como “grave deterioro de los derechos humanos, en la víspera de las próximas elecciones generales que deberán realizarse en noviembre (2016)”.
En el mensaje denuncian persecución política contra el PLI de parte del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), mencionando el caso del concejal del PLI, Omar Lola, y el activista del mismo partido, Pedro Ortiz, y también mencionan el proceso judicial de los diputados Raúl Herrera y Eddy Gómez.
La misiva dirigida a la delegada de negocios de la UE, Maider Makua, solicita “sus buenos oficios, a fin de dar a conocer estos graves hechos a la Unión Europea”.
COMICIOS GENERALES
El primer domingo de noviembre de 2016 está previsto que se realicen las elecciones nacionales para elegir presidente, vicepresidente, diputados nacionales, departamentales y diputados ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen).Estos comicios se darán en el contexto de que el Consejo Supremo Electoral (CSE) ha sido denunciado de cometer cuatro fraudes electorales desde 2008 a favor del partido de gobierno.