¿Ha dejado de ser el Ejército de Nicaragua la institución profesional y apolítica soñada y diseñada durante el período de la presidenta Violeta Barrios de Chamorro? ¿Se encamina a convertirse de nuevo en una guardia partidaria al servicio de una familia?
Es preciso plantearse con seriedad estas interrogantes, pues gran parte de la salud política de una nación depende de la ética y profesionalismo de sus cuerpos armados. Idealmente estos se establecen para proteger la soberanía nacional y ser garantes del orden. Esto, más el hecho de que sus miembros tienen en sus manos el monopolio de la fuerza, exige que vivan una ética exigente, un escrupuloso respeto a la Ley y un acendrado patriotismo.
De la vocación de servicio a la patria, que somos todos, deriva su apoliticidad. La única enseña ante la que se cuadra un militar es la de la patria; en nuestro caso la azul y blanco. Una institución castrense se desvirtúa, o degenera, cuando se pliega a un partido —que por definición es una parte— o cuando se deja instrumentalizar por el poderoso de turno —como ocurrió bajo Somoza y otros caudillos de nuestra historia—. Deja entonces de servir a la patria y se convierte en asquerosa guardia pretoriana.
Hay signos inquietantes de que esto esté ocurriendo; de que algunos elementos del Ejército estén tratando de corromper la institución. Una de las primeras señales, visible y flagrante, fue cuando las banderas partidarias del FSLN aparecieron en las celebraciones solemnes del Ejército bajo la jefatura del general Avilés. Este lo justificó diciendo que dicha bandera es oficial, afirmación insólita en alguien que bien sabe que no es cierto; pues no existe Ley ni decreto alguno que haya constituido la bandera roja y negro como oficial del Estado de Nicaragua. ¿Habría tolerado el general el despliegue de la bandera roja del partido liberal en actos del Ejército? ¿Ha visto usted, lector, algún acto oficial del gobierno de Costa Rica, Méjico o Estados Unidos —para nombrar algunas democracias— donde la bandera nacional aparezca a la par de las del partido de turno?
Otro signo aún más inquietante y reciente es lo ocurrido en la universidad UAM. Tras asumir la presidencia de su junta directiva el coronel Félix Palacios, en representación del IPSM (Instituto de Previsión Social Militar), comenzó a prohibir foros de críticos del Gobierno, como uno de Carlos Fernando Chamorro, suprimió un exitoso programa de formación de líderes que contenía enseñanza en Derechos Humanos y valores democráticos y despidió a tres prestigiosos académicos percibidos como opositores. Y todo en el más puro espíritu de guardia: sin consultar al rector o la comunidad y sin explicaciones.
La pregunta entonces es: estas actuaciones represivas de la libertad de cátedra y de expresión, que son vitales en una verdadera universidad, ¿emanaron solamente del coronel Palacios o reflejan el pensamiento de sus superiores jerárquicos? Si es lo primero, los sectores del Ejército que estiman su profesionalismo e independencia deberían denunciarlo o movilizar su influencia. Si es lo segundo, significaría que actores clave de la institución militar no solo se han plegado al orteguismo, sino que han roto también con los valores democráticos, asumiendo una filosofía cavernaria, regresiva, típica de los gorilatos que han manchado la trayectoria de muchos ejércitos latinoamericanos.
Estoy seguro que dentro del Ejército hay hombres y mujeres, clases y oficiales, dignos y patriotas, que no están contentos con que elementos en su seno quieran convertirla de nuevo en el monstruo que combatieron valientemente.
Ojalá prevalezcan.
El autor es sociólogo y fue ministro de Educación.
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