Cinco días después de asumir la Presidencia argentina, Mauricio Macri, se enfrenta este martes a su primer escándalo político tras nombrar por decreto a dos jueces de la Corte Suprema, una fórmula que no se utilizaba en democracia en Argentina desde el siglo XIX, rechazada incluso por sus socios de Gobierno.
El presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, aseguró que los nuevos magistrados, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, “son juristas de mucho prestigio” y “son bienvenidos” a la Corte, pero evitó pronunciarse sobre la decisión de Macri de cubrir las dos vacantes sin contar con la aprobación del Senado.
“Somos totalmente ajenos y no podemos opinar”, dijo Lorenzetti al ser consultado por los medios tras el homenaje realizado a Carlos Fayt, quien renunció a su puesto en el Supremo el pasado 11 de diciembre, tras 32 años en el cargo.
El Gobierno oficializó los nombramientos con un decreto publicado en el Boletín Oficial y el ministro de Justicia, Germán Garavano, defendió que se trata de “un mecanismo que prevé la Constitución Nacional”.
Se trata de un artículo de la Carta Magna que prevé “llenar las vacantes de los empleos que requieran acuerdo del Senado” y que se produzcan durante una pausa de las sesiones parlamentarias, que se reanudarán en marzo.
Todo el arco opositor mostró su rechazo unánime y pidió al presidente que convoque a sesiones extraordinarias si quiere cubrir las vacantes con rapidez.
“Espero que (Macri) recapacite y los envíe a la comisión de acuerdos del Senado, que es donde debe ser tratado”, dijo en declaraciones radiales el titular del bloque del kirchnerista Frente para la Victoria en la Cámara alta, Miguel ngel Pichetto.
A través de su cuenta de Twitter, la excandidata presidencial de Progresistas, Margarita Stolbizer, se lamentó por el “primer y grave traspié del presidente Macri” y aseguró que ni su predecesora “se animó a tanto”.
“Los nombres me parecen impecables. La forma me parece horrible”, sentenció el diputado del peronismo disidente y también excandidato presidencial, Sergio Massa.
Incluso desde la Unión Cívica Radical, socios de Gobierno del frente conservador Cambiemos, criticaron que Macri optase por un decreto en vez de “convocar a sesiones extraordinarias si es que hay celeridad”, en palabras del senador Julio Cobos.
La designación de jueces del máximo tribunal argentino requiere la aprobación de dos tercios de la Cámara alta, un total de 48, un número muy lejano de los 15 legisladores que posee Cambiemos en el Senado, donde es segunda fuerza tras el Frente para la Victoria, con 41 senadores.
Tras la renuncia de Fayt, el Supremo quedó con tres de los cinco miembros previstos, ya que Cristina Fernández no logró consenso en la recta final de su mandato para designar la vacante dejada por Eugenio Zaffaroni el pasado enero. A las críticas de la oposición se sumaron las de numerosos juristas.
“Es inconstitucional”, dijo a Efe el abogado constitucionalista Daniel Sabsay.
A su juicio, el artículo de la Constitución en el que se amparó el Gobierno se refiere al nombramiento de embajadores o a altos cargos militares y nunca a la cabeza del Poder Judicial. Además, sostuvo que el mecanismo “está derogado por la costumbre contraria” (la lex consuetudo).
“Esta atribución para designar jueces solo fue usada una vez en la historia argentina, en 1862, cuando el presidente Bartolomé Mitre decide integrar la Corte Suprema”, agregó Sabsay, uno de los juristas más críticos con las leyes del kirchnerismo, quien señaló que “ni siquiera a Cristina (Fernández) se le ocurrió algo tan disparatado”.
Otros expertos avalaron la constitucionalidad de la fórmula, pero cuestionaron la independencia de dos magistrados nombrados directamente por el Ejecutivo y el “precedente funesto” que sienta, en palabras del abogado constitucionalista y exdiputado radical Ricardo Gil Lavedra.
Por el contrario, la experta Marcela Basterra justificó la utilización del decreto y dijo que están dadas las condiciones de “excepcionalidad” porque “hay que completar la Corte”.
La validez de los mandatos de Rosenkrantz y Rosatti se extenderá solamente hasta el 30 de noviembre de 2016, cuando concluyan las sesiones del Congreso.
Rosenkrantz es doctor en Derecho, fue asesor del Banco Mundial, de la convención que reformó la Constitución argentina en 1994 y, actualmente, ocupa el cargo de rector de la universidad de San Andrés, de Buenos Aires.
En tanto, Rosatti, abogado constitucionalista, fue ministro de Justicia durante el mandato de Néstor Kirchner, entre 2004 y 2005 y fue conjuez de la Corte Suprema.
