DGI debe unos 500 millones de córdobas a unas 30 empresas nicaragüenses

Pese a que el Gobierno prometió en 2013 mejorar el mecanismo de devolución, unas treinta empresas reclaman millones a la Dirección General de Ingresos (DGI).

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En octubre de este año el Gobierno mandó a incorporar al Presupuesto General de la República 1,982 millones de córdobas obtenidos de la sobrerrecaudación fiscal, según detalle de la reforma presupuestaria que introdujo el Gobierno en la Asamblea Nacional. LAPRENSA/ARCHIVO

Los empresarios nicaragüenses mantienen una vez más una disputa con la Dirección General de Ingresos (DGI) para que esta les devuelva unos quinientos millones de córdobas, un reclamo que en los últimos años se ha convertido en una queja recurrente, pese a que en la Ley de Concertación Tributaria el Gobierno se comprometió a mejorar el mecanismo de devolución de impuestos.

Son unas treinta empresas las que reclaman a la DGI la devolución de sus impuestos, cuyo saldo inclusive arrastra un remanente de años pasados. Los registros indican que la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin) tiene a unas 29 empresas afectadas por esta mora y la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN) a tres más.

El presidente de Cadin, Rodrigo Caldera, dijo que el último estado de cuenta arrojó que son unos 480 millones de córdobas los que el fisco tiene en mora con las empresas. “Hemos estado en conversación con ellos y la promesa es que nos van a hacer las devoluciones antes de que finalice el año”, afirmó.

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El presidente de la CCSN, Rosendo Mayorga, dijo que a las tres empresas de esta Cámara se les adeuda unos 15 millones de córdobas. “Dentro de estas tres compañías hay una que tiene más de dos años con una resolución (de la Corte Suprema de Justicia) determinativa de que le devuelvan la plata, pero la DGI no cumple”, enfatiza.

Lo que lamentan los representantes empresariales es que se incumpla lo que la misma Ley de Concertación Tributaria y el Código Tributario establecen en cuanto al período de devolución de impuestos. Ambas leyes establecen que una vez que las empresas demuestren a la Administración Tributaria el saldo a su favor, la DGI tiene treinta días para emitir un cheque. Mayorga dice que el procedimiento que se ha estado llevando a cabo es el siguiente: “En treinta días te devuelven el cincuenta por ciento (del saldo a favor del contribuyente) y después te hacen una auditoría para el resto, pero ninguna de las dos cosas se cumple (para las empresas afectadas)”.

“No te vuelven el porcentaje (del cincuenta por ciento inicial ni se hacen las auditorías), esa gente a veces pasa con un silencio administrativo esperando, esperando y nosotros seguimos insistiendo (en el reclamo)”, afirma Mayorga.

Esto ocurre a pesar de que la misma Ley 822, Ley de Concertación Tributaria, estable en el artículo 297 que “con el objetivo de incentivar las actividades económicas y el desarrollo económico del país la Administración Tributaria, durante el transcurso del año 2013, mejorará el proceso de devoluciones y acreditaciones, que permita agilizar los trámites hasta su completa normalización”.

“Hay saldos que vienen de años anteriores, hay otros que son de este año, hemos venido saldando ciertas cuentas y vienen surgiendo nuevas cuentas”, precisa por su parte el representante de Cadin.

¿Cómo afecta esta situación a las empresas? Caldera dijo que estos retrasos en las devoluciones “son un golpe durísimo, porque encarecen los costos de operación de las empresas y los costos de financiamiento también se encarecen”.

“Todo retraso de dinero afecta la buena andanza de las empresas, pues no hay ninguna que se mantenga tan boyante como para subsistir, por lo general estas (las afectadas) son empresas medianas y grandes”, explica.

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Zona franca tranquila

Y mientras las empresas locales pelean para que la DGI haga efectivas sus devoluciones, las que operan bajo el régimen de zona franca, construcción y las mineras reciben puntualmente sus devoluciones bajo un mecanismo distinto.

Un problema del que se libraron hace más de dos años, asegura el director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y Confección (Anitec), Dean García.

García dijo que debido a que trabajan con la DGI a través de la Ventanilla Electrónica Tributaria (VET), las exoneraciones salen directas en los saldos. “Nosotros entramos a la VET, escaneamos la proforma, le decimos a la DGI, mire, queremos una exoneración para esta proforma, me manda un certificado y yo lo imprimo este certificado con su código de barra y me voy directamente al establecimiento y vamos a facturar sin IVA”, explica.

El representante de Anitec dijo que ellos lograron entrar a este mecanismo desde hace casi dos años, cuando se comenzó un proyecto piloto de simplificación de devoluciones, el que solo ha cubierto a tres sectores económicos.

“A nosotros nos debían un montón de plata, nos cancelaron toda esa plata y después convergimos en este sistema tributario y no hemos tenido ningún problema hasta este momento”, afirmó.

“Si hay algo pendiente es porque está en trámite o porque falló el sistema o se tuvo que hacer la compra por emergencia o que la empresa era nueva y no está inscrita en la ventanilla electrónica”, enfatiza.

El presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), Michael Healy, dijo que por el momento el sector agropecuario no reporta problemas en este sentido.

La raíz del problema

Pero más allá de aspectos operativos, un tributarista, que prefirió no ser citado, dijo que la resistencia de la DGI responde más a “una política de Gobierno de tratar de devolver lo menos que se pueda, es decir, de devolver lo mínimo”.

El especialista señaló que si bien las empresas tienen la facultad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia para denunciar a la DGI, “el problema es que la Corte tiene esa misma política, es una conspiración contra las empresas”.

“El problema no es el mecanismo, el problemas es que este no se cumple, porque la política es forzar a recaudar lo más que se pueda”, afirma.

El presidente del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, Geovani Rodríguez, dijo que posiblemente el problema radica en la capacidad de la DGI para responder a esa demanda de devolución de impuestos y por eso menciona que uno de los mecanismos que podría facilitar este proceso es el relacionado con la emisión de dictámenes fiscales establecidos en el Código Tributario.

Según Rodríguez, mediante el artículo 72 del Código Tributario las empresas se pueden dictaminar fiscalmente a través de firmas privadas de contadores autorizados y avalados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El representante gremial dijo que para hacer uso de este mecanismo se requiere que con urgencia este se reglamente, lo que permitiría a la DGI ahorrarse enviar sus inspectores fiscales a las empresas para auditar el saldo que reclaman. “Un dictamen fiscal permite que un contador público avale que todo lo que la compañía o el contribuyente hizo está de acuerdo con el marco legal”, explica.

Pérdidas

El presidente del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, Geovani Rodríguez, explicó que a medida que la DGI retrase la devolución del dinero, este se convierte para las empresas “en un activo improductivo, un activo ocioso. Si el Estado me está reteniendo una gran cantidad de plata, yo estoy perdiendo el costo de oportunidades, lo que representa una pérdida para la empresa”.

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