Gobierno colombiano y FARC llevarán a la justicia a militares y guerrilleros - La Prensa

Gobierno colombiano y FARC llevarán a la justicia a militares y guerrilleros

El gobierno y las FARC firmaron ayer el acuerdo sobre las víctimas del conflicto —el más complejo de la agenda del proceso de paz—, que abre la puerta a una reconciliación efectiva y garantiza la aplicación de justicia para guerrilleros y militares, enfrentados desde hace más de cincuenta años.

16/12/2015

La delegación del Gobierno de Colombia ayer en La Habana. La canciller María Ángela Holguín se unió a las conversaciones de paz. LA PRENSA/AFP/ARCHIVO

El gobierno y las FARC firmaron este martes 15 de diciembre el acuerdo sobre las víctimas del conflicto —el más complejo de la agenda del proceso de paz—, que abre la puerta a una reconciliación efectiva y garantiza la aplicación de justicia para guerrilleros y militares, enfrentados desde hace más de cincuenta años.

Las partes acordaron lo que llamaron “un sistema integral” de cinco aspectos principales: una comisión para el esclarecimiento de la verdad; una unidad especial para la búsqueda de desaparecidos; un paquete de medidas de reparación y otro para garantías de no repetición del conflicto.

El punto cinco, el más polémico, el de la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz, un tribunal que tendrá carácter jurídico y se encargará de condenar las violaciones a los derechos humanos y aplicar sentencias efectivas.

El tribunal estará conformado por unos cuarenta jueces, ochenta por ciento colombianos y veinte por ciento extranjeros. Tendrá cuatro secciones: reconocimiento y verdad, enjuiciamiento, apelación y revisión de sentencia; tres salas de justicia: verdad y reconocimiento de responsabilidades, amnistía e indulto y definición de la situación jurídica.

“No se pondrá en marcha un esquema de persecución y venganza. No habrá cacería de brujas, pero tampoco habrá espacio para la impunidad”, dijo el jefe de la delegación oficial Humberto de La Calle.

PENAS DE CÁRCEL

El negociador oficial explicó que las penas máximas de cárcel podrían llegar a los veinte años para los implicados en el conflicto, que no reconozcan los hechos ni colaboren para su esclarecimiento, sean rebeldes o militares.

Se aplicarán también medidas de restricción de derechos sin prisión a quienes aporten elementos para los tribunales, a los que podrán ir a parar los guerrilleros, militares, paramilitares y hasta empresarios que hayan financiado el conflicto.

De la Calle dijo que también se prevé una amnistía para casos solo del delito de rebeldía, pero que jamás se aplicará para crímenes de lesa humanidad u otros como toma de rehenes o reclutamiento de menores.

El representante de la delegación rebelde, comandante rebelde Iván Márquez, cuyo nombre legal es Luciano Marín Arango, afirmó que a la guerrilla no le “interesa aplaudir la entrada a la cárcel de nuestros adversarios de la prolongada guerra. No nos vamos a solazar viendo la puesta tras las rejas de un oficial del Ejército o de la Policía o de un alto funcionario o de un financiador de la guerra surgido de la empresa privada, preferimos trabajar con ellos… reconstruyendo sociedad y patria”.

CESE AL FUEGO

De La Calle afirmó que se estudia el cese de fuego bilateral —hasta ahora las FARC mantienen uno unilateral como gesto de buena voluntad— y que para su delegación se mantiene la fecha del 23 de marzo de 2016 como tope para la firma final del acuerdo definitivo, una fecha que fue desestimada por la guerrilla en días pasados.

Las conversaciones comenzaron a finales de 2012 en Oslo, Noruega y luego se trasladaron a Cuba. Durante el primer año y medio las partes llegaron a acuerdos sobre los problemas agrarios, la participación política y el combate al narcotráfico. Concretar el relacionado con las víctimas se demoró otro año y medio.

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