El mandatario Luis Guillermo Solís y el canciller Manuel González fueron claros al declarar que se debe continuar la construcción de la trocha en el margen derecho del río San Juan por la importancia que significa para la zona norte y caribe de Costa Rica.
Sin embargo, el mandatario insistió en que se deben elaborar los respectivos estudios ambientales, luego de que la Corte Internacional de Justicia señalara la falta de estudios previo al inicio de la obra, durante el mandato de Laura Chinchilla.
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El canciller González fue más allá e incluso dejó claro que si era necesario enderezar el curso de la carretera en los puntos donde se aproxima mucho al río San Juan, el país lo hará en cumplimiento de lo que ordena la CIJ.
“Queremos convertirla en una vía que el país necesita. Es una obra muy importante y necesaria para desarrollo de la zona. Es una obligación hacerla una vez que se aclaren procesos judiciales”, agregó Solís. “La voluntad del país es garantizar que esa carretera esté funcionando con eficiencia como una ruta de tránsito muy importante para el comercio y la movilidad humana”.
Por su parte, la exmandataria Laura Chinchilla insistió a las autoridades actuales “que no tengan miedo a seguir adelante con la ruta 1856. Las comunidades siguen esperando para que avance (…) será un aliado para los embates que de tanto en tanto se presentan a veces con la navegación del río San Juan”.
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La carretera fronteriza con Nicaragua fue la bandera de lucha en materia de relaciones exteriores durante los cuatro años de gobierno de Chinchilla, generando denuncia internacional, pero a la vez el origen de una cuestionada carretera fronteriza hecha en pleno conflicto sin planos ni diseños, símbolo de los señalamientos de de corrupción hacia su mandato.
La Trocha, como le llaman a esta carretera fronteriza rural, debió ser el proyecto insignia del gobierno de Laura Chinchilla, pero al contrario, sus detractores la usaron para señalar su fracaso, máxime si se toma en cuenta que hay procesos abiertos de construcción contra empresarios y exfuncionarios públicos acusados de uso indebido de los recursos.