Por órdenes del presidente inconstitucional de Nicaragua, Daniel Ortega, los detenidos por participar en las protestas en mina El Limón, León y Chichigalpa, Chinandega, se produjo el cambio en la medida cautelar y ahora los presos pasarán a arresto domiciliario, según informa el oficialista El19Digital.
Para el director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, esta decisión demuestra “el sometimiento del poder judicial y todos los operadores de justicia a un régimen inconstitucional, porque además que estamos frente a un gobierno inconstitucional, ese comunicado confiesa una decisión que es inconstitucional, es demostrativa de que está destruida la institucionalidad del país”.
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Carrión explicó que este cambio de medida cautelar es una decisión política. “Estaban presos por decisión política y fueron puestos en libertad por decisión política. A la voluntad de su majestad. El supremo inconstitucional. Fue una decisión política. El comandante (Ortega) no tiene que orientar a ningún juez como se hace un procedimiento y todas las consecuencias que ello implica. Evidencia la falta de independencia, el juez que nunca hizo audiencia porque se hizo enfermo. No hay vergüenza ni siquiera en la personalidad del juez, en el ejercicio del cargo”.
Tanto los detenidos del mina El Limón como los de Chichigalpa, tenían más de dos meses de estar bajo arresto sin recibir un debido proceso judicial.
Según Carrión, un ejemplo de esto es que el pasado 22 de octubre “un equipo del Cenidh estuvo en lo que iba a ser la audiencia de los de Chichigalpa y mina El Limón y el juez se declaró enfermo aunque no lo estaba”.