El oficialista medio 19 Digital informó ayer que “el comandante Daniel (Ortega) orientó el cambio de la medida cautelar” a los 15 detenidos ilegalmente por las protestas en Chichigalpa, Chinandega, y 6 detenidos por las protestas en Mina El Limón, León, pasando de prisión a arresto domiciliario “para que los procesados vivan esta temporada en unidad, paz y tranquilidad junto a sus familias”.
La noticia que fue recibida con júbilo por los detenidos, sus familiares y grupos de solidaridad que gestionaban su liberación, también fue criticada por juristas, ya que el procedimiento viola la Constitución y desnaturaliza el estado de derecho.
Para el exprocurador general de la República, Alberto Novoa, que Ortega haya ordenado al poder judicial el cambio de medidas cautelares representa “un problema que desnaturaliza la independencia de poderes y hace añicos la Constitución y la institucionalidad, porque ningún juez está obligado a obedecer una orden presidencial, el juez debe ser imparcial y solamente (debe) obedecer la ley”.
En Chichigalpa, la protesta ocurrida a inicios de octubre y protagonizada por la Asociación de Enfermos de Insuficiencia Renal Crónica (IRC), además de los detenidos, dejó daños en la Alcaldía de ese municipio. Mientras que la protesta en Mina El Limón, que también inició en los primeros días de octubre, fue por el despido de varios líderes sindicales que laboraban en la empresa minera B2Gold.
Según el comisionado general Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional, “el comandante Daniel (Ortega), viendo que estamos en la época de Navidad, que es la época de encuentros con las familias nicaragüenses, las tradiciones nuestras, orientó el cumplimiento de una medida de cambio del proceso que se estaba siguiendo”, publicó El 19 Digital.
Por su parte, el secretario general del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), Gustavo Porras, aclaró que “naturalmente el proceso (judicial) continúa, pero la gente va estar unida, la familia va a estar unida”.
El director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, aseguró que el cumplimiento de la orden del presidente inconstitucional Daniel Ortega representa “la confesión del sometimiento del poder judicial y todos los operadores de justicia a un régimen inconstitucional, porque además que estamos frente a un gobierno inconstitucional, ese comunicado confiesa una decisión que es inconstitucional, es demostrativa de que está destruida la institucionalidad del país”.
“PROCEDIMIENTO TORCIDO”
Para el jurista y ex viceministro de Gobernación José Pallais “hay que entender que estuvieron ilegalmente presos por muchísimo tiempo y que eso también fue por orden del ejecutivo, se les mantuvo con prisión preventiva por órdenes del ejecutivo”.
Según Novoa, “el proceso correcto es que el juez de la causa, el Ministerio Público, tengan una decisión o una opinión capaz de justificarla con la ley, pero no se puede justificar por la ley un mandato presidencial. Están violando el procedimiento, la Constitución y el estado de derecho”.
A su vez, el exprocurador Novoa cuestionó: “¿Por qué están siendo juzgados en Managua? ¿Por qué han tardado tanto en iniciar un proceso con cargos y que ellos puedan defenderse? ¿Por qué depende este proceso judicial de una situación fuera del poder judicial? ¿Qué opinión tiene el Ministerio Público de esto? ¿Cómo lo puede tipificar? Esto significa que la opinión unipersonal del poder ejecutivo está sobre todo los poderes”.
Carrión señaló que “este es un procedimiento torcido, porque un cambio de medida se hace en audiencia oral y pública y en este caso, los sacaron en sábado y a escondidas”.
DICEN ESTAR AGRADECIDOS
Los detenidos fueron trasladados en vehículos de la Policía Nacional hasta sus lugares de origen, y en el caso de los detenidos de Mina El Limón, fueron recibidos por Porras y por miembros del sindicato del Distrito Minero “Pedro Roque Blandón”.
Según publicó el oficialista El 19 Digital, Ramón Antonio Useda, uno de los dirigentes sindicales de Mina El Limón agradeció a Ortega la decisión de darles arresto domiciliar. “Gracias, porque ya vamos a nuestras casas a pasar con la familia la Navidad, agradecemos mucho lo que hizo el presidente de la República, el comandante Daniel Ortega Saavedra y el Frente Sandinista, le estamos muy agradecidos por darnos la oportunidad de estar con nuestras familias en nuestras casas”, dijo Useda.
CAMPAÑA NAVIDEÑA
Grupos de sociedad civil han promovido una campaña llamada #NavidadSinReosPolíticos para exigir la liberación de los detenidos por las protestas en Chichigalpa, Chinandega, y en Mina El Limón, León.
Esta campaña ha significado la denuncia de las detenciones ilegales, tanto a través de las redes sociales como de plantones en diversas zonas del país.
Según José Pallais, jurista y ex viceministro de Gobernación, esta campaña ha sido bastante efectiva y la decisión del presidente inconstitucional Daniel Ortega es una reacción a esa campaña para que “no siga incrementándose el rechazo popular a estas capturas y a estas ilegalidades”.