La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) denunció una supuesta “campaña de desprestigio internacional” en la que vinculan a la compañía con hechos ilícitos “cometidos por ciudadanos venezolanos y empresas” al tiempo que condenó los actos de corrupción cometidos por personas relacionadas.
“Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) denuncia el ataque del que está siendo objeto por medio de una campaña de desprestigio internacional a través de algunos medios de comunicación, en la cual la vinculan con la comisión de supuestos hechos ilícitos cometidos por ciudadanos venezolanos y empresas”, dice un comunicado de la compañía difundido este 23 de diciembre.
Asimismo, la petrolera manifestó su condena a “cualquier tipo de práctica ilícita” y “conducta que conlleve a la práctica de actos de corrupción por parte de empresas relacionadas con PDVSA y funcionarios que se desempeñen en ella”.
Indicó que todos sus procesos de contratación están apegados a la ley y que la empresa se encuentra “en continuo perfeccionamiento” de sus normas y procedimientos de contratación y control para garantizar “el más alto nivel de transparencia”.
El 20 de diciembre se conoció que los empresarios venezolanos Roberto Rincón y Abraham José Shiera fueron detenidos por las autoridades estadounidenses en Houston y Miami, respectivamente, por los cargos de fraude y lavado de dinero.
Un portavoz del Departamento de Justicia de EE.UU. indicó a Efe que los arrestos se produjeron el pasado 16 de diciembre cerca de las respectivas residencias en Estados Unidos de los venezolanos, supuestamente vinculados a PDVSA.
Rincón, supuestamente, es cercano al exdirector de la inteligencia militar venezolana, general Hugo Carvajal, a quien Washington reclama por delitos de narcotráfico relacionados con la guerrilla colombiana de las FARC y quien fue detenido en julio de 2014 en la isla de Aruba, territorio holandés.
Entonces, las autoridades holandesas pusieron en libertad a Carvajal, que gozaba de inmunidad diplomática al haber sido designado como cónsul de la isla y que pudo volver rápidamente a Venezuela, donde recibió el apoyo del Gobierno de Nicolás Maduro que calificó el incidente de “secuestro”.
Las operaciones de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) se encuentran desde hace meses bajo la lupa de la Justicia de EE.UU., que trata de averiguar si Venezuela usa a la compañía para lavar miles de millones de dólares procedentes del narcotráfico, según publicó en octubre The Wall Street Journal.
