Las demandas laborales contra las instituciones del Estado de Nicaragua lejos de disminuir, mantienen una constante. Por ejemplo, este año se entablaron aproximadamente cinco mil nuevas causas en todo el país, afirmó Álvaro Leiva, secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh).
Estas nuevas demandas se dividen entre denuncias ante el Ministerio del Trabajo, que se resuelven mediante procedimiento administrativo y demandas ante los diferentes tribunales de justicia.
Las causas más comunes de las demandas laborales son reintegro laboral por despido ilegal o injustificado, acción de pago de prestaciones sociales y salarios caídos, derecho a fuero sindical y negociación colectiva, indicó Leiva.
Las instituciones estatales más demandadas son la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal), la Dirección General de Ingresos, la Dirección General de Aduanas, Ministerio de Transporte, la Procuraduría General de la República entre otras 67 instituciones y alcaldías municipales.
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IRRESPETO A SENTENCIAS
“Desde el 2007 a la fecha el Estado no muestra voluntad política de respetar los derechos laborales de los empleados públicos, porque hay incumplimiento de resoluciones administrativas y de sentencias judiciales de parte de los empleadores estatales, cuando el juez le da el derecho al trabajador”, dijo el defensor de derechos humanos.
Según Leiva, de acuerdo a las estadísticas que maneja la organización, de la recepción de denuncias de los trabajadores afectados, apenas un 10 por ciento de las demandas laborales logran obtener una sentencia de tutela judicial efectiva para el trabajador, el resto de casos se falla a favor del Estado y en contra del empleado público.
Contrario a la visión de Leiva, Mayra Woo Escobar, titular de juzgado quinto distrito laboral y de la seguridad social de Managua, afirmó que en su juzgado no tiene experiencia negativa cuando recibe una demanda contra algún ente estatal.
“En este caso la parte demandada se somete a las resoluciones judiciales, o busca la forma de llegar a un acuerdo mutuo con su demandante”, dijo Woo, mediante una nota de prensa del poder judicial.
DEUDA MILLONARIA DEL ESTADO
La deuda del Estado en concepto de pago de demandas laborales, es de aproximadamente 726 millones 446 mil córdobas, al 31 de diciembre del 2014, esta cifra se mantiene casi en la misma proporción para este año, porque el Estado no paga constantemente sus demandas laborales, explicó Álvaro Leiva, secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh).
“Hablamos de datos aproximados porque no hay acceso a la información oficial, pero sabemos según nuestro monitoreo que hay desproporción entre lo que se paga y lo que se debe. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda paga 20 millones de córdobas en concepto de deuda laboral, pero le entran nuevas deudas mayores a lo pagado, entonces nunca se baja el pasivo laboral”, ejemplificó Leiva.
En el Presupuesto General de la República de este año, el Estado destinó 50 millones de córdobas para pago de indemnizaciones laborales, de estos se desconoce cuando dedica para el pago de demandas judiciales.
18 juzgados laborales y de la seguridad social existen actualmente en el país, de estos, siete funcionan en Managua. Hasta noviembre de este año existen 1,463 expedientes que se resolverán con el nuevo Código Procesal Laboral que contempla la oralidad.
