Las muertes de los dos supuestos delincuentes a manos de un oficial de Policía, en las cercanías de los semáforos del barrio Quinta Nina el pasado 24 diciembre, fue calificado como un “exceso de la actuación policial, quizás, provocado por enojo o temor”, según Francisco Bautista Lara, ex subdirector y comisionado en retiro de la Policía Nacional.
En la madrugada del 24 diciembre Néstor Velázquez y José Miguel Soza, a bordo de una motocicleta, interceptaron al inspector Juan Pablo Centeno, quien circulaba de civil, al que supuestamente intimidaron con un arma de fuego para robarle sus pertenencias. Cuando los individuos habían terminado el asalto e intentaron huir Centeno detonó su arma de reglamento y abatió a ambos sujetos.
Basado en la información que la Policía brindó del hecho, el experto en Seguridad opinó que cuando unos delincuentes asaltan, en el momento del hecho, si el oficial tiene un arma y está amenazado por un arma también, el uso del arma como acto de defensa, incluso provocar la muerte a otro individuo, cuando existe una amenaza de igual magnitud, es una acción correcta.
“Sin embargo, cuando el hecho ya ha pasado y se superaron las circunstancias del robo y las personas huyen y ya no se están enfrentando o agrediendo, en ese caso, disparar por la espalda en la fuga es un hecho temerario, es un hecho que pasa los límites del procedimiento normal”, agregó Bautista Lara.
Bautista Lara explicó que los policías portan sus armas con dos propósitos: la primera es defenderse en el ejercicio de sus funciones, su vida e integridad física y la segunda es defender a otros y evitar agresiones. “El arma de un policía no tiene como propósito un fin para dañar a otros o agredir a otras personas”.
Aclaró que la portación de armas en los policías vestidos de civil es legal, ya que el uso del uniforme depende de las funciones que desarrolle. “El uniforme no hace al policía. El policía se hace por medio de un nombramiento oficial. Hay funciones del trabajo policial que requieren utilizar uniforme y existen otras que no requieren utilizarlo. Lo normal es que todos los policías usen armas las 24 horas del día y la tengan disponible siempre”, subrayó.
En este caso lo que compete es una investigación judicial para identificar responsabilidades concretas, según Bautista Lara. “El escenario concreto, la acción policial, valorarla, ponderarla en ese escenario”.
Para Gonzalo Carrión, director jurídico de Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), es necesaria una investigación completa, ya que los juicios que puedan elaborarse alrededor de los hechos, son basados en la poca información que ha publicado la Policía. “En este caso solo se está tomando en cuenta lo dicho por el policía involucrado en el hecho, con dos personas que están muertas. El testigo calificado es la misma persona involucrada”, señaló.
Carrión cuestionó que la Policía, entidad que investiga este delito, redunda en investigarse a sí misma porque la persona involucrada es un agente de la propia institución, en un hecho que dejó dos personas muertas.
Para el defensor de derechos humanos, la investigación debería de estar en manos del Ministerio Público y en estos casos, cuando un policía está involucrado, la Dirección de Auxilio Judicial también debería participar.
“El policía debería estar bajo una investigación veraz, objetiva e imparcial”, según Carrión.
“Frente a los sentimientos populares y demanda legítima de vivir con menor peligrosidad, presentar a dos delincuentes eliminados es legitimar y atenuar sus muertes”, consideró.