Los casos por daños ambientales en el país no son prioridad para los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ya que a pesar de ser pocos los recursos de amparos en esta materia, cada año se acumulan más expedientes en las gavetas del poder judicial.
Por ejemplo, este año se presentaron 15 nuevos casos, que la Procuraduría Ambiental de la Procuraduría General de la República tiene documentados, pero no puede ejercer acción por que las empresas y personas señaladas de cometer daños y delitos ambientales se ampararon contra las distintas instituciones estatales como el Marena, Inafor y Magfor.
Lea: Ambiente y tierras en riesgo en Nicaragua
MULTAS Y DAÑOS
Estos 15 casos se sumaron a los 57 que ya estaban en sala de espera en la Corte, desde el 2002. La falta de resolución de la Sala Constitucional provoca que el Estado no pueda recuperar multas ni remediar daños.
Entre los nuevos casos del 2015 está el de Ivania Castro Palacios contra el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales de Estelí, por imponerle multa de C$35,000 por contaminación de aguas mieles en la quebrada el Bálsamo del Municipio de San Juan del Río Coco y por haber construido una laguneta.
También está el de José Martínez contra el Marena de Matagalpa por haberlo sancionado con una multa de C$5,000 por cometer infracción muy grave, en áreas protegidas de Nicaragua, ordenándole la reforestación con 900 plantas nativas de la zona.
Los otros amparos contra el Marena son por decomisos de madera preciosas como especie granadillo, cedro real y otras.
